Le concedieron la prisión domiciliaria al ex empleado municipal de Angaco condenado por peculado

Este martes durante una audiencia de revisión, el juez Martín Heredia Zaldo resolvió concederle el beneficio de la prisión domicilaria a Facundo Nievas. El empleado municipal había sido condenado en octubre de 2025 a cuatro años de prisión efectiva por peculado, luego de que se comprobara que utilizó recursos del municipio de Angaco para beneficio propio.

Durante la audiencia, Roberto Castillo, abogado porteño y pareja de Cinthia Fernandez, pidió que se le permitiera ejercer formalmente la defensa de Nievas. Explicó que el propio condenado lo había elegido como abogado de confianza y sostuvo que debía garantizarse su derecho a contar con el defensor que quisiera. Además, planteó que su presencia no debía limitarse a la de un asistente, sino que pretendía intervenir directamente en el proceso.

Por otro lado, en la audiencia también se abordó la situación del abogado Nicolas Quiroga, quien continúa a cargo de la defensa técnica del ex empleado municipal. En ese contexto, se planteó la cuestión de su continuidad en el caso y la posibilidad de una renuncia, aunque el magistrado no aceptó que se modificara la representación en esos términos. 

Finalmente, el juez Heredia Zaldo resolvió que Castillo podía permanecer conectado vía Zoom, pero no intervenir como defensor debido a que no está matriculado en San Juan. Heredia explicó que la matriculación provincial es un requisito obligatorio para ejercer y que, por el momento, lo admitiría únicamente como asistente de Quiroga.

Tras conocerse la decisión sobre la prisión domicilaria, Castillo publicó en sus redes sociales un mensaje en el que celebró que Nievas pudiera regresar a su casa con su esposa e hijos. Además calificó al hombre como un trabajador "condenado injustamente" y sostuvo que había sido perseguido por denunciar a un intendente. “Un inocente preso significa la profanación del proceso penal”, escribió Castillo.

Cabe recordar que, el caso se originó por el uso de maquinaria, cañerías y personal municipal para realizar una conexión de agua destinada a una propiedad particular y a unos lotes que, según la investigación, había vendido. La maniobra afectó el suministro de agua de vecinos de la zona de Las Tapias.