Tiene 69 años, fue diagnosticado con sordera y tuvo que demandar a PAMI porque hace tres años que no le dan los audífonos

En los últimos días de la semana pasada, la representante del Ministerio Público de la Defensa en materia no penal de la Justicia Federal, Ana Inés López Lima, tomó una drástica decisión ante la falta de respuesta de PAMI San Juan y Nacional. La mujer demandó a ambas instituciones porque no atendieron las necesidades de un hombre de 69 años que fue diagnosticado con sordera y que hace tres años que espera que PAMI le cubra los aparatos que le fueron prescriptos. La situación es delicada, ya que el hombre cobra una pensión por invalidez, esto es, poco más de 500.000 pesos (jubilación mínima), mientras que los equipos que necesita ascienden a 6.500.000 pesos. En ese contexto, la Defensora Pública Coadyuvante inició una acción ante la Justicia Federal en la que fue categórica: demandó a ambas instituciones para que cubran el 100% de las necesidades del afiliado. Además, solicitó que se dicte una medida cautelar, esto es, que mientras se discute el tema de fondo, el juez obligue a PAMI a cumplir. Pero eso no fue lo único, ya que pidió, si la entidad nacional no cumple, que se la multe con 100 pesos por día que pase y que, también, se tomen los testimonios necesarios “en sede penal”, bajo el posible delito de resistencia y desobediencia a la autoridad.

A quien PAMI no le cumple es a un hombre de 69 años, vecino de Capital, que incluso cuenta con un certificado de incapacidad emitido por la provincia en 2023, año en el que le diagnosticaron su sordera y en el que inició el reclamo ante la obra social nacional de los jubilados. Los reclamos judiciales contra PAMI, por falta de atención o por falta de cobertura sanitaria, son moneda corriente, por lo que los afiliados, sin contar con la respuesta requerida, no ven más salida que concurrir a la Justicia para que sea un juez quien, a través de una resolución, obligue a la entidad sanitaria a cumplir.

Ese fue el camino que tuvo que recorrer J. A. C. (se reserva el nombre por la delicadeza del caso), quien incluso llegó hasta el Ministerio Público de la Defensa federal para poder iniciar la acción judicial. Dicho organismo es el encargado de “garantizar el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad”. En el caso de San Juan, el MPD cuenta con tres miembros: Diego Nicolás Giócoli para el sistema acusatorio federal; Gema Guillén en la Unidad Penal Remanente y de Ejecución Penal; y Ana Inés López Lima en la Unidad de Defensa en Materia No Penal, quien asumió la representación de J. A. C.

Según la demanda, a la que pudo acceder 0264Noticias, el reclamo iniciado a fines de la semana pasada es un amparo contra PAMI – Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (I.N.S.S.J.P.), por haber “agotado la vía extrajudicial previa”, la que se hizo efectiva con una “intimación” que se presentó el pasado 20 de octubre.

Así, la funcionaria judicial solicitó que el juez ordene “la cobertura integral al 100%, asuma la totalidad de los costos y efectivice la entrega inmediata del equipamiento de audífonos binaurales (para ambos oídos) prescrito a mi representado por su médico especialista tratante, incluyendo la toma de moldes, pruebas de selección, calibración, adaptación fonoaudiológica, controles técnicos y todo gasto inherente a dicha prestación, debiendo garantizarse su provisión y atención técnica continua a través de un prestador habilitado en su zona de residencia”. También pidió “la cobertura integral al 100% de toda prestación, estudio, calibración, tratamiento de rehabilitación fonoaudiológica, repuesto o insumo que solicite el profesional tratante de acuerdo con la patología de hipoacusia y evolución del cuadro clínico” de C.

Según se describió, el afiliado “padece de una afección auditiva severa e irreversible consistente en hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial bilateral, acompañada de acúfenos permanentes y efectos del ruido sobre el oído interno, patología encuadrada por la propia demandada bajo el código PAMI H833”.

Desde la Defensa Pública, detallaron que “a pesar de contar con las prescripciones médicas vigentes, los estudios audiológicos respaldatorios y el presupuesto extendido por el prestador local habilitado, la obra social demandada ha incurrido en una inactividad omisiva y dilación injustificada que se remonta al año 2023, fecha en la que la provisión del equipamiento auditivo fue solicitada por primera vez formalmente ante el Instituto sin obtener hasta el momento la entrega efectiva del insumo”.

Sobre la intimación denunciada, se expuso que dicha comunicación ocurrió el pasado 20 de octubre, cuando se presentó, ante la mesa de entradas de UGL XXI San Juan de PAMI, una nota “concediendo un plazo perentorio e improrrogable de 48 horas hábiles para que dispusiera la cobertura integral al 100% y efectivizara la entrega del equipamiento en la provincia”. Así, “habiéndose cumplido holgadamente dicho emplazamiento (8 días) sin que el organismo haya arbitrado medida alguna para cumplir con lo solicitado ni responder la intimación, la mora e inactividad ilegítima de PAMI ha quedado plenamente configurada, habilitando en forma expedita la apertura de la instancia judicial”.

La defensora fue clara al remarcar que “la privación prolongada del sentido de la audición en un adulto mayor con discapacidad no representa un mero inconveniente burocrático, sino que acarrea un impacto clínico directo y un daño grave e irreversible en su salud integral”, ya que “la hipoacusia severa no tratada acelera el deterioro cognitivo, genera desorientación espacial, aislamiento social involuntario, cuadros depresivos, pérdida progresiva de la autonomía física para los actos de la vida diaria y un riesgo severo de sufrir accidentes en la vía pública por la imposibilidad de percibir señales sonoras de alerta, convirtiendo la dilación de la demandada en un agravamiento continuo e intolerable que exige la inmediata intervención” del juez “a fin de tutelar los derechos fundamentales conculcados”.

Por ese motivo es que la Defensora Pública pidió que se dicte una medida cautelar y que, de no cumplir, se la multe con 100 pesos por día que pase y que se tengan en cuenta los testimonios pedidos para evaluar una acción penal.

Según se supo, en septiembre de este año una empresa local proveedora de los audífonos emitió un presupuesto de 3.250.000 pesos por cada uno de los aparatos, por lo que el total de lo solicitado asciende a 6.500.000 pesos.

El fiscal federal, Francisco Maldonado, ya fue notificado para que evalúe su intervención, mientras que a INSSJP-PAMI UGL San Juan y al INSSJP-PAMI CENTRAL se les dio un plazo de 5 y 6 días, respectivamente, para que comparezcan.