Dos hombres son investigados por entregar datos falsos a la Subsecretaría de Trabajo y vincular falsamente a una empresa del hijo de un exgobernador

Dos hombres quedaron formalmente investigados en una causa por presunta falsificación de documentos, luego de que se denunciara la incorporación de datos falsos en un acta de inspección de la Subsecretaría de Trabajo. La información consignada correspondía a una empresa vinculada a Camilo Gioja, hijo del exgobernador José Luis Gioja.

Los imputados fueron identificados como Juan Pablo Aciar, comerciante y propietario de un frigorífico, y Jonatan Santos, empleado y estudiante. La audiencia de formalización se realizó ante el juez Fernández Caussi, mientras que la investigación está a cargo del fiscal Adrián Rivero. La defensa de ambos está a cargo de Milenko García.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal, el episodio ocurrió en mayo de este año, cuando un inspector de la Subsecretaría de Trabajo se presentó en un establecimiento comercial para verificar documentación y datos vinculados con su actividad. Ante la ausencia de Aciar, Santos habría proporcionado información que no correspondía al negocio inspeccionado.

Según la acusación, en el acta confeccionada por el inspector se incorporaron la razón social y el número de CUIT de un mercado perteneciente a una sociedad vinculada a Camilo Gioja. La situación derivó en una denuncia por parte del empresario, quien advirtió que los datos de su firma habían sido utilizados en un procedimiento administrativo ajeno a su actividad.

El fiscal Rivero explicó que la investigación apunta a determinar la responsabilidad de los dos hombres en la incorporación de información falsa en un documento público, una conducta encuadrada provisoriamente en el artículo 293 del Código Penal, correspondiente a la falsedad ideológica.

Además, durante la audiencia se indicó que Aciar y Gioja habían sido socios de una misma empresa y que, posteriormente, uno de ellos adquirió la participación del otro. Esa relación comercial sería el motivo por el cual el imputado conocía los datos de la sociedad que terminaron asentados en el acta.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó un plazo de IPP de 2 meses, más medidas a cumplir por los imputados, las mismas son sometrese al proceso, que no entorpezcan la investigación y que se presenten una vez por mes en una comisaría, esto por el mismo plazo de Investigación. La defensa no se opuso a las medidas, aunque pidió que tuvieran una duración mayor.

Finalmente, el juez Fernández Caussi dispuso cuatro meses de Investigación Penal Preparatoria y estableció que las medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía se mantengan durante el mismo período.