SIENTA PRECEDENTE

La Corte Suprema ordenó al Estado hacer públicos los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar

El máximo tribunal hizo lugar al reclamo de un ciudadano que había solicitado conocer los datos de las evaluaciones realizadas en Salta durante 2016 y 2017.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Poder Ejecutivo Nacional hacer pública la información sobre los resultados correspondientes a todos los establecimientos educativos o instituciones de la provincia de Salta que participaron de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017.

“La información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”, sostuvo el máximo tribunal al hacer lugar a la acción de amparo de un ciudadano que reclamaba esos datos.

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El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los conjueces Carlos Vallefín (La Plata) y Juan Perozziello Vizier (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal). En minoría, Carlos Rosenkrantz votó por rechazar el pedido.

El pedido

En 2019, Rafael Aurelio Argañaraz Olivero promovió una acción de amparo de acceso a la información pública contra el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Reclamó la entrega de “la totalidad de los Reportes de Resultado correspondientes a todos los Establecimientos Educativos o Instituciones de la Provincia de Salta que hayan participado de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017”.

Solicitó también la documentación por considerarla información pública, pero la Secretaría de Evaluación Educativa le respondió que estaba impedida de entregarla por tratarse de información obtenida con carácter confidencial y le ofreció resultados desagregados hasta el nivel municipal.

El Estado Nacional se opuso a la demanda. Insistió en el carácter confidencial de la información para resguardar los derechos de estudiantes, docentes y directivos. Argumentó que con esos datos se podía elaborar un ranking de escuelas y establecimientos, “no solo por los resultados de la evaluación sino también por la condición de migrantes, indígenas, pobres y analfabetos” de los alumnos o sus familias, lo que llevaría a una estigmatización.

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También sostuvo que la divulgación frustraría una investigación sobre estadísticas.

En primera instancia se rechazó el amparo. La Cámara Federal de Salta revocó esa sentencia y ordenó al Ministerio brindar los resultados, sin excepción, sin que ello implique revelar datos particulares de los alumnos o los docentes. El Estado apeló y la Corte confirmó que debía entregar la información solicitada.

Qué dijo la Corte Suprema

Para el voto mayoritario, la Corte sostuvo que “no puede olvidarse que el fundamento central del acceso a la información en poder estatal consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”.

Los operativos “Aprender” y “Enseñar”, profundizó la Corte, “no son una gracia o favor del gobierno hacia la comunidad” sino que “reflejan la implementación de un mandato expreso contenido en normas constitucionales y legales”.

“Hacer pública la información requerida apunta a efectivizar la ‘igualdad real de oportunidades’ antes que a estigmatizar alumnos y docentes”, sostuvo la sentencia. Agregó que la desagregación por establecimiento “persigue un interés público de particular trascendencia, cuyo control democrático parece ineludible” y permite verificar el modo en que el Estado ejecuta mandatos constitucionales en materia educativa.

Además, “acceder a sus resultados, entonces, permitiría cotejar que el Estado Nacional haya dado cumplimiento con su deber de garantizar, efectivamente, el derecho constitucional de los pueblos originarios a acceder a una educación bilingüe e intercultural” y que haya cumplido el mandato de “asegurar las condiciones materiales y culturales para lograr aprendizajes comunes de buena calidad, con independencia del origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural de cada estudiante”.

La Corte aclaró que el derecho de acceso a la información “no es un derecho absoluto” y que se debe evitar la difusión de datos que puedan comprometer la intimidad y el honor de las personas que participaron. “Ello deja huérfano de todo sustento las argumentaciones desarrolladas por la parte demandada”, concluyó.

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