Tras la intimidación de un imputado, reforzaron la seguridad en el juicio por la causa Garder

Cinco policías en total en el interior de la Sala 9 de Tribunales, en la que hoy se llevó adelante una nueva audiencia en la causa contra la empresa Garder Salud, cuyos tres directivos están en la mira de la Justicia por fraude contra la Obra Social Provincia (OSP) por prestaciones que se habrían facturado y que no se habrían efectuado, además de la presunta participación de otros seis imputados. Sin dudas, un refuerzo en la seguridad, luego de que Eduardo Guzmán, titular médico de la compañía, codeara al periodista de 0264 Noticias, Walter Rios, en un pasillo, a la salida de la audiencia del lunes.

No fue lo único, ya que personal policial dispuso que los imputados salieran primero, mientras los periodistas que cubrían el juicio, el juez, el fiscal y su equipo, los abogados querellantes y defensores aguardaron a que se retiraran completamente de las instalaciones. Se trató de una medida de seguridad, ya que los sospechosos se encuentran en libertad mientras enfrentan la Investigación Penal Preparatoria (IPP) que está encarando el coordinador de la Unidad Delitos Especiales, Iván Grassi.

La actitud desafiante de Guzmán no había sido la única, dado que Marilina De la Fuente, propietaria de Garder, había lanzado miradas y gestos recriminatorios hacia los periodistas que estaban presentes en la sala. Incluso, a la salida, junto a su hija, María Florencia Molina, la otra socia de Garder, había elevado el tono de voz y había señalado que la causa era un “circo” mientras Rios dialogaba con abogados defensores.

Ya hubo un antecedente: en agosto del año pasado, la dueña de Garder había cuestionado la presencia de colegas de Canal 13 y al periodista Alejandro Sánchez le había pedido, en tono amenazante, que no saliese ninguna foto de ella. “Me entendiste”, le había remarcado, según había publicado el medio.

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Fuentes calificadas señalaron que el presidente de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, tomó contacto del episodio del lunes y que mantuvo un diálogo con el jefe de la Unidad Policial de Asistencia al Poder Judicial, Comisario general Ángel Alfredo González, quien está a cargo de la seguridad del edificio de Tribunales y de los distintos organismos judiciales. Así, se reforzó la presencia policial, la que dispuso el retiro escalonado de los presentes.

De esa forma, la audiencia transitó con normalidad, como cualquier otra. La medida significó una nueva modalidad en la custodia del desplazamiento de las personas bajo investigación que se encuentran en libertad y el contacto que pueden mantener, dentro de Tribunales, con los periodistas (que van a hacer su trabajo y cubren las instancias y el resultado del proceso, ya sea que termine en condena o en absolución), jueces, fiscales y otros abogados. Tras años de desidia, la conformación de la Corte que se fue gestando desde 2017 implementó cambios en el traslado de los imputados detenidos, al punto que ingresan por lugares distintos y no tienen ningún contacto con el resto del movimiento en el edificio.

Resolución

El juez de Garantías, Diego Sanz, rechazó el pedido de sobreseimiento de De la Fuente, Guzmán y Molina, que habían planteado los abogados Javier Cámpora y Diego Molina. A su vez, el magistrado prorrogó por seis meses la Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra los implicados, tras la solicitud que había hecho el fiscal Iván Grassi. Cámpora y Molina se habían opuesto al requerimiento del representante del Ministerio Público Fiscal, mientras que, el resto de los defensores, Fernando Castro, Aníbal Rojas, María Rosa Sánchez, Aníbal Rojas, Guillermo Heredia y Milenko García, no había tenido objeciones.

En el plazo de seis meses, se espera que esté una pericia contable para determinar si hubo perjuicio patrimonial contra las arcas del Estado, además de pericias caligráficas a ciertos imputados. Así, el fiscal determinará si acusa a un grupo de implicados o a todos o, por el contrario, pide sus desvinculaciones.

La causa

De la Fuente, Guzmán y están en la mira por dos tipos de maniobra en perjuicio de la Obra Social Provincia (OSP), cuyo entonces responsable, Miguel Greco, radicó la denuncia en octubre de 2022 y, luego, haría una ampliación. Una de ellas tiene que ver con la prestación del servicio de alimentación enteral a los afiliados de la entidad estatal, que es aquella que consiste en suministrar todos los nutrientes necesarios al aparato digestivo de un paciente a través de una sonda o botón gástrico.

El caso testigo fue el de una mujer en Zonda, de apellido Monla, a la que supuestamente Garder le brindó alimentación enteral en su internación domiciliaria, pero su hija dijo que llevaba meses internada en un geriátrico. Así, se detectaron unos 25 casos en los que la OSP pagó servicios a personas fallecidas, hubo prestaciones pagadas y no efectuadas y otras que se informaron como realizadas, pero que no existieron, entre algunas de las modalidades sospechosas.

En esa maniobra, también están en la mira Genoveva García, auditora de la OSP, y el nutricionista de Garder, Federico Quintana. La sospecha sobre la primera es que no llevó a cabo sus tareas de control, mientras que, el segundo, se encuentra bajo la lupa por firmar informes solicitando módulos de alimentación enteral.

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Además, De la Fuente, Molina y Guzmán enfrentan la imputación por una segunda mecánica bajo sospecha: el servicio de internación domiciliaria. De acuerdo a la acusación, Garder habría conseguido dichas prestaciones de manera irregular, por lo que Fiscalía también puso la mira en Valeria Aciar, médica auditora de la empresa Incluir Salud. Dicha compañía fue contratada por la OSP y era la encargada de hacer una especie de sorteo, en un sistema informático, entre todos los prestadores para la asignación de las internaciones domiciliarias. Entonces, la sospecha es que la médica no habría hecho el control correspondiente, dado que es una de las encargadas de avalar que las derivaciones de pacientes sean a través del mecanismo establecido. En una situación similar se encuentra otro auditor de la OSP, Leonardo Trincado.

Pero eso es una pata de la maniobra de las internaciones domiciliarias. La otra involucra a una médica de Garder, María Noel Becerra, sobre la que se sospecha que habría utilizado el sello y la firma de al menos dos colegas para derivar pacientes a la empresa en la que trabajaba, lo cual no estaba permitido en el convenio con la OSP.

Como última fase, estaba el traslado de pacientes con internación domiciliaria a clínicas para operaciones de alta complejidad. Ahí hubo unos 16 afiliados que fueron derivados al Hospital Privado, pero en el centro de salud como familiares habrían negado que se llevaron a cabo las intervenciones quirúrgicas. Los traslados habrían sido tramitados por Becerra y Guzmán. Incluso, figura, de acuerdo a la imputación, que este último habría hecho las operaciones, mientras que el enfermero de Garder, Mauricio Mesias, habría realizado las curaciones.