Fiscalía va contra una auditora de la OSP y un nutricionista por el escándalo de la empresa denunciada por cobrar y no prestar servicios

Fiscalía solicitó esta semana que se fije la fecha para llevar adelante la audiencia en la que se imputará a una auditora de la Obra Social Provincia (OSP) y a un nutricionista por sus presuntas responsabilidades en el escándalo con la empresa Garder, cuyos directivos están acusados de cobrar servicios de alimentación en internación domiciliaria que no habrían brindado a los afiliados de la entidad estatal. La mujer, identificada como Genoveva García, quedó en la mira por incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública, dado que se sospecha que no llevó a cabo sus tareas de control como auditora. A su vez, el profesional de la salud, Federico Quintana, trabaja en Garder y está bajo la lupa por firmar los informes solicitando los módulos de alimentación, explicaron fuentes judiciales.

De esa manera, el fiscal Iván Grassi, de la Unidad Delitos Especiales, completará el círculo de la acusación, ya que había imputado y tiene bajo investigación a las propietarias de Garder (Marilina De la Fuente y su hija Florencia Molina) y al titular médico, Eduardo Guzmán, como presuntos responsables del fraude en perjuicio de la administración pública. Bajo esa hipótesis, Quintana sería partícipe de la maniobra dentro de la compañía, mientras que García sería la pata necesaria (por acción u omisión) en la falta de control en que efectivamente se preste el servicio, destacaron las fuentes.

La causa estalló en octubre de 2022, cuando el entonces titular de la OSP, Miguel Greco, radicó la denuncia contra Garder, una empresa que brinda alimentación enteral a los afiliados de la OSP que se encuentran en internación domiciliaria. La alimentación enteral es aquella que contiene todos los nutrientes necesarios y que se administra directamente al aparato digestivo del paciente, a través de una sonda o un botón gástrico, por ejemplo. Por cada módulo de alimentación enteral, la OSP le pagaba una suma a la empresa.

El caso testigo fue el de una mujer en Zonda, de apellido Monla, a la que supuestamente Garder le brindaba alimentación enteral en su internación domiciliaria, pero su hija dijo que llevaba meses internada en un geriátrico. Así, se detectaron unos 25 casos, los que presentaban ciertas modalidades sospechosas. En ese contexto, la OSP pagó servicios a personas fallecidas, hubo prestaciones pagadas y no efectuadas; otras que se informaron como realizadas, pero que no existieron, y también se verificaron prestaciones no llevadas a cabo bajo el convenio previsto.

En agosto del año pasado, De la Fuente, Molina y Guzmán fueron imputados, mientras que el fiscal Grassi ya solicitó la audiencia de Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra García y Quintana. En dicha instancia, le solicitará al juez de Garantías el plazo para investigar a los implicados, el que, una vez transcurrido, debe decir si los acusa o no en el juicio. Además, en la audiencia de IPP, el representante del Ministerio Público pedirá alguna medida coercitiva: la más dura, el dictado de la prisión preventiva. Luego, hay otras alternativas, como la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse ante el juez cada determinado tiempo, entre otras.

No es el único expediente que se disparó contra Garder, ya que el extitular de la OSP había ampliado la denuncia en agosto del año pasado, lo que desencadenó una investigación sobre presuntas irregularidades en las internaciones domiciliarias que brindaba la compañía, otro de los rubros a los que se dedicaba. Así, fueron imputados las propietarias, el responsable médico, un enfermero y una médica de la empresa, sumado a un auditor de la entidad sanitaria estatal y una mujer que cumplía el mismo rol en una firma tercerizada.