Rescisión de convenio
Una decisión nacional pone en vilo un tercio de la recaudación mensual de la provincia por patentes
El Ministerio de Justicia de la Nación sacó una resolución en la que le dio de baja a los convenios que tenían los Registros de la Propiedad del Automotor con las provincias. El impacto de la decisión en San Juan, como en el resto, será que dichos organismos nacionales ya no actuarán como agentes de retención de tributos locales. Por lo tanto, en la transferencia de un vehículo, ya no le cobrarán al comprador la deuda de patentes que llegase a tener el vehículo ni la tasa de tránsito y transporte, rubros que van a parar a la recaudación de la Dirección General de Rentas (DGR), sumado a que tampoco exigirán la cancelación de infracciones de tránsito. Así, la medida pone en vilo un tercio de los ingresos mensuales Estado sanjuanino por el Impuesto Automotor, dado que lo que embolsaron y transfirieron los Registros a la provincia estuvo en el orden de los 600 millones de pesos en agosto, según fuentes calificadas.
No es lo único, ya que los Registros dejarán de compartir con la DGR una información clave: quién es el titular de un vehículo luego de la inscripción inicial o de una transferencia. ¿El riesgo? Que el organismo recaudador provincial no sabrá a quién cobrarle la patente.
De esa manera, el fisco sanjuanino tendrá que implementar un mecanismo para cobrar las deudas de patentes en una transferencia y que contemple la información de quién es el dueño de cualquier movilidad, como autos, motos, camionetas y camiones, por citar algunos.
Según las fuentes, el convenio entre la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) con las provincias establece que, ante una rescisión, se debe notificar a las partes y se abre un plazo de 180 días (6 meses) corridos para dar la baja definitiva. Por lo tanto, la gestión orreguista cuenta con ese tiempo para ir trabajando en un mecanismo de cobro propio.
Se trata de un tema delicado, que hace a los recursos que ingresan al Estado, el cual lo destina a los servicios básicos, como seguridad, salud, educación y obra pública, además de otros objetivos. Incluso, el nivel de morosidad en el pago de impuestos es alto en la provincia, a lo que se suma el escenario de incertidumbre con la medida nacional.
No es la primera embestida del gobierno del presidente Javier Milei que tiene que ver con desligar a organismos nacionales de incumbencias provinciales. Ya había salido una resolución que eliminaba a la Superintendencia de Servicios de Salud de su participación de intermediario a la hora de fijar los montos de las prestaciones médicas que los hospitales públicos les cobraban a las obras sociales y prepagas por la atención de sus pacientes. De hecho, la gestión orreguista sacó una ley para llevar adelante dicho recupero de costos, pero que aún no se reglamenta.
Lo último fue la decisión del gobierno nacional de prohibir la inclusión de impuestos provinciales y tasas municipales en las boletas de servicios públicos.
La resolución del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, es la número 276 y salió el 2 de este mes. En líneas generales, sostiene que “resulta necesario simplificar los trámites que los usuarios realizan en los Registrales Seccionales”, por lo que “se entiende oportuno que la tarea que desarrollen esos Registros sea exclusivamente registral”. Además, destaca que “la falta de pago de los impuestos no obstaculiza la inscripción registral del bien”.
De esa forma, remarca que, “de ello, resulta la conveniencia de dejar sin efecto los convenios por los cuales los Registros Seccionales perciben en la actualidad los impuestos y/o tasas relativos a la radicación de los automotores y de sellos respectivamente, y las multas por infracciones de tránsito cometidas en jurisdicción provincial o municipal; ello, en la medida que esa operatoria resulta ajena al desarrollo de la actividad registral de conformidad con las políticas públicas delineadas”.
Por otro lado, las fuentes indicaron que lo que se busca a nivel nacional es el impacto de que los compradores y vendedores paguen menos en el trámite por una transacción de vehículos. Es decir, que en los Registros sólo estén contemplados los aranceles por la inscripción y la transferencia de una movilidad, liberado de las cargas provinciales.
De acuerdo al convenio que aún existe, los Registros de Propiedad de Automotor funcionan como “ventanilla única”, dado que, además de sus trámites registrales, cobraban la deuda de patente de un vehículo en una transferencia y el proporcional del impuesto Automotor de acuerdo al momento de la compra de un auto 0KM, sumado a la tasa de tránsito y transporte, más las infracciones de tránsito. Este último punto se transfiere a la provincia y los municipios que labren dichas actas de infracción.
Resolucion 276 Ministerio d... by rios.walter.leonardo
En la provincia hay ocho Registros de Propiedad Automotor y dos con competencia en motovehículos. De acuerdo a las fuentes, cada uno recauda, como agente de retención, sin reenviar nada para Nación, unos 60 millones de pesos al mes, por lo que todos embolsan cerca de 600 millones en ese lapso, los que transfieren a la DGR. La cifra que trascendió es la de agosto, la que, comparada con la recaudación del Impuesto Automotor de ese mes representa el 32 por ciento, dado que lo que ingresó por ese rubro fue de poco más de 1.870 millones de pesos.
De los cuatro tributos provinciales, Automotor es el segundo de mayor impacto en las arcas locales. El primero, lejos, es Ingresos Brutos, que en agosto recaudó cerca de 14.182 millones de pesos. En tercer lugar, se ubica el Impuesto a los Sellos, con poco más de 1.546 millones de pesos, mientras que en el último casillero está el Inmobiliario, con 687,6 millones de pesos.