Fraude contra la OSP
Dos profesionales desligados del fraude a la OSP serán testigos y complican más a los dueños de la empresa Garder
Tras el planteo del fiscal Coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, el juez de Garantías Diego Sanz desvinculó a cinco personas que estaban en la mira por la estafa a la Obra Social Provincia (OSP) que habría estado orquestada por la empresa Garder Salud. Dos de ellos trabajaban para la compañía y serán testigos cuando se lleve adelante el juicio. En sus declaraciones y las pruebas durante la investigación, se confirmó que les falsificaron las firmas y sellos en una serie de informes que Garder presentaba a la OSP para validar pedidos de alimentación enteral que, al final, no se suministraban a los pacientes. Tales elementos complicarán más a los principales sospechosos, los propietarios de la firma: Marilina De la Fuente, su hija María Florencia Molina y su esposo Eduardo Guzmán, indicaron fuentes judiciales.
Los responsables de la sociedad ya estaban imputados por fraude en perjuicio de la administración pública y es un hecho que se les sumará la falsificación de instrumento privado, indicaron las fuentes.
Los profesionales sobreseídos el jueves fueron el nutricionista Federico Quintana y el enfermero Mauricio Mesías. No fueron los únicos, ya que también fueron desligadas las personas que realizaban auditorías: Genoveva García Menegazzo y Leonardo Trincado, de la OSP, y Valeria Aciar, de la empresa Nivel Salud, que hacía el control externo. También serán testigos en el debate, dijeron las fuentes.
El caso estalló en octubre de 2022, tras la denuncia del entonces interventor de la OSP, Daniel Greco, quien expuso que los directivos de Garder Salud incurrieron en maniobras delictivas en la prestación del servicio de alimentación enteral a los afiliados, que es aquella que consiste en suministrar todos los nutrientes necesarios al aparato digestivo de un paciente a través de una sonda o botón nasogástrico.
En líneas generales, se detectaron unos 25 casos en los que la entidad estatal, por la movida de Garder, pagó servicios a personas fallecidos, hubo prestaciones pagadas y no efectuadas y otras que se informaron como realizadas, pero que, en realidad, no existieron, entre algunas de las modalidades bajo sospecha.
La lupa se había posado sobre el nutricionista Federico Quintana porque, supuestamente, había firmado informes en los que se solicitaban módulos de alimentación enteral. Sin embargo, el fiscal Grassi sostuvo que el profesional no asignaba dichos módulos, sino que su tarea era realizar una evaluación nutricional del paciente que le asignaban, asentar los datos en una planilla y, luego, informar de la situación al responsable médico de Garder, Eduardo Guzmán. Este si era el encargado de decidir la asignación de módulos alimenticios, destacó en sus fundamentos el representante del Ministerio Público.
Además, Grassi resaltó que, cuando Garder presentaba la documentación para facturar los servicios ante la OSP, llevaba un listado de pacientes en el que constaba su evolución nutricional con la firma y el sello de Quintana. No obstante, el fiscal llegó a la conclusión que el nutricionista no había hecho un grupo importante de evaluaciones ni había plasmado su firma ni sello, tal cual había manifestado el profesional en su declaración.
Para corroborar esa situación, Grassi recabó los testimonios de los familiares de dos pacientes que señalaron que era una mujer la que los visitaba, cuando en la documentación figuraba Quintana. Además, se llevó adelante una pericia, la que determinó que las firmas en las planillas no eran del nutricionista, al igual que el sello utilizado.
Así, el fiscal sostuvo que los responsables de Garder “utilizaron su nombre y cargo, fraguando su firma en diversos informes de evolución nutricional, haciéndolo figurar como profesional evaluador en una gran cantidad de informes”. Por eso, llegó a remarcar que Quintana “desconocía los fines espurios que tenía” la empresa.
Algo idéntico sucedió con el enfermero Mauricio Mesías, quien también estaba bajo sospecha. Su trabajo era coordinar el grupo de enfermeros y, además, visitaba a ciertos pacientes que le asignaban. En esa última tarea, cumplía lo que disponía el médico, hacía su evaluación de enfermería, lo colocaba en una planilla y comunicaba las novedades a Guzmán.
Sin embargo, Garder también presentó un listado de pacientes en el que figuraba su situación de enfermería con la firma y el sello de Quintana. El profesional manifestó que desconocía el contenido de la documentación y que no había firmado nada. Fue así que también hubo una pericia que confirmó que la firma no era de su puño y letra, al igual que el sello usado.
Fue así que el fiscal sostuvo que tanto Mesías y Quintana fueron utilizados como “títeres” por los “mentores y ejecutantes” de la maniobra, que se aprovecharon de la buena fe de los profesionales “para obtener un beneficio económico ilegal en perjuicio del patrimonio de la OSP”.
De esa manera, los responsables de la empresa (De la Fuente, Guzmán y Molina) quedan más complicados, porque no sólo serán juzgados por defraudación en perjuicio de la administración pública, sino que es van camino a enfrentar la acusación de falsificación de documento privado, dijeron las fuentes.
La otra implicada es una médica de Garder, María Noel Becerra, en otra modalidad que tiene que ver con las internaciones domiciliarias. La sospecha sobre la profesional es que habría utilizado el sello y la firma de al menos dos colegas para derivar pacientes a la empresa en la que trabajaba, lo que no está permitido en el convenio con la OSP.
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Además, estaba la mecánica del traslado de pacientes con internación domiciliarias a clínicas para operaciones de alta complejidad. Así, trascendió que hubo unos 16 afiliados que fueron derivados al Hospital Privado, pero sus familiares negaron que se hubiesen efectuado las intervenciones quirúrgicas. Los traslados habrían sido tramitados por Becerra y Guzmán e, incluso, figura que este último habría hecho las operaciones, de acuerdo a la imputación.
A la vez, el juez, a pedido de Fiscalía, sobreseyó a los auditores García Menegazzo, Aciar y Trincado, dado que no tuvieron ningún tipo de complicidad con las maniobras. Incluso, Grassi remarcó que el sistema informático que utilizaba la OSP para las autorizaciones de los auditores era “vulnerable y permeable”.