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Arrancó la audiencia contra una auditora de la OSP y un nutricionista por el escándalo con la empresa Garder

Fiscalía formalizará la imputación contra Genoveva García y Federico Quintana, sospechados por presunta maniobras fraudulentas en perjuicio de la administración pública.

Arrancó la audiencia contra una auditora de la OSP y un nutricionista por el escándalo con la empresa Garder
lunes 22 de abril de 2024

La auditora de la OSP, Genoveva García y el nutricionista Federico Quintana, compadecieron ante el juez para dar comienzo a la audiencia de formalización en la causa que investiga presuntas maniobras fraudulentas de la empresa Garder, cuyos directivos están acusados de cobrar servicios de alimentación en internación domiciliaria que no habrían brindado a los afiliados de la obra social.  

La mujer quedó en la mira por incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública, dado que se sospecha que no llevó a cabo sus tareas de control como auditora. A su vez, Quintana, quien trabaja en Garder, está bajo la lupa por firmar los informes solicitando los módulos de alimentación, explicaron fuentes judiciales 0264Noticias. 

Estos nombres se suman a los ya habían quedado imputados en el caso. Se trata de Marilina Fuentes y Florencia Molina (madre e hija), quienes figuran como propietarias de la firma Garder; y Eduardo Guzmán, titular médico de la empresa. El nutricionista Quintana sería partícipe de las maniobras fraudulentas, mientras que García era el nexo con la OSP. 

En su declaración, Quintana se desligó de toda responsabilidad y manifestó que la empresa actuó de manera improcedente. El profesional de la salud sostuvo que nunca pidió los módulos alimentarios por los que está siendo investigado y en esa sintonía, afirmó no tener conocimiento sobre la lista de pacientes que Fiscalía había presentado como prueba de los pedidos de módulos a personas que no lo necesitaban. 

"En la empresa nadie me explicó como se manejaban los módulos, no había una coordinadora nutricional, sino que todo se manejaba desde un teléfono desde la administración", explicó ante el juez.  

El caso 

La causa estalló en octubre de 2022, cuando el entonces titular de la OSP, Miguel Greco, radicó la denuncia contra Garder, una empresa que brinda alimentación enteral a los afiliados de la OSP que se encuentran en internación domiciliaria. La alimentación enteral es aquella que contiene todos los nutrientes necesarios y que se administra directamente al aparato digestivo del paciente, a través de una sonda o un botón gástrico, por ejemplo. Por cada módulo de alimentación enteral, la OSP le pagaba una suma a la empresa.

El caso testigo fue el de una mujer en Zonda, de apellido Monla, a la que supuestamente Garder le brindaba alimentación enteral en su internación domiciliaria, pero su hija dijo que llevaba meses internada en un geriátrico. Así, se detectaron unos 25 casos, los que presentaban ciertas modalidades sospechosas. En ese contexto, la OSP pagó servicios a personas fallecidas, hubo prestaciones pagadas y no efectuadas; otras que se informaron como realizadas, pero que no existieron, y también se verificaron prestaciones no llevadas a cabo bajo el convenio previsto. 

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En agosto del año pasado, De la Fuente, Molina y Guzmán fueron imputados, mientras que el fiscal Grassi ya solicitó la audiencia de Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra García y Quintana. En dicha instancia, le solicitará al juez de Garantías el plazo para investigar a los implicados, el que, una vez transcurrido, debe decir si los acusa o no en el juicio. Además, en la audiencia de IPP, el representante del Ministerio Público pedirá alguna medida coercitiva: la más dura, el dictado de la prisión preventiva. Luego, hay otras alternativas, como la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse ante el juez cada determinado tiempo, entre otras.

No es el único expediente que se disparó contra Garder, ya que el ex titular de la Obra Social Provincia había ampliado la denuncia en agosto del año pasado, lo que desencadenó una investigación sobre presuntas irregularidades en las internaciones domiciliarias que brindaba la compañía, otro de los rubros a los que se dedicaba. Así, fueron imputados las propietarias, el responsable médico, un enfermero y una médica de la empresa, sumado a un auditor de la entidad sanitaria estatal y una mujer que cumplía el mismo rol en una firma tercerizada.

 

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