El colapso del Régimen Previsional

El problema de las jubilaciones en nuestro país no es nuevo, en el camino han quedado una infinidad de ajustes, leyes de movilidad, reparaciones históricas, regímenes de capitalización y reparto e infinitas marchas de jubilados. Debo confesar que me pone muy triste escribir sobre estos problemas eternos, no parece algo de lo que podemos enorgullecernos los argentinos en absoluto.

El sistema previsional argentino, uno de los más antiguos del mundo, enfrenta desafíos significativos de sostenibilidad, equidad y eficiencia, que deben ser atendidos urgentemente, si queremos evitar el colapso del régimen previsional.

Aunque en los últimos años ha logrado una cobertura superior al 92% de los mayores de 65 años, esto se ha conseguido mediante medidas excepcionales (como las moratorias), que han generado desorden normativo y problemas fiscales. Pero, más grave todavía aún, el sistema previsional argentino enfrenta problemas comunes a todos los sistemas que maneja el Estado, como es la falta de credibilidad y la desconfianza de los trabajadores.

¿Hay alternativas para rescatar el actual régimen previsional?, sí, por supuesto, hay estudios que proponen un reordenamiento integral basado en un modelo multipolar para garantizar ingresos básicos, proporcionalidad con los aportes, modernización de reglas y ajustes graduales en la edad de retiro. La famosa y varias veces postergada “Reforma previsional”.

Factores que afectan al sistema previsional 

El régimen previsional argentino refleja un sistema amplio pero desigual en términos de distribución y accesibilidad a los beneficios. Los datos muestran una fuerte dependencia del esquema de moratorias para acceder a jubilaciones y pensiones, así como diferencias significativas en los haberes según género, edad y región geográfica. Además, el sistema enfrenta desafíos relacionados con la sostenibilidad financiera debido al peso creciente de los regímenes especiales y los beneficios no contributivos frente al esquema general del SIPA, a saber:

Baja tasa de soporte (relación entre cotizantes y beneficiarios)

La relación entre los que trabajan y los que reciben jubilación se ha invertido, son más los que perciben jubilación que los que aportan:

Según números oficiales, en septiembre de 2024 casi se equiparaba el número de aportantes al SIPA con el número de beneficiarios:

• Se registraron 7.836.722 beneficiarios de jubilaciones y pensiones, de estos:
• El 78% accedió a beneficios contributivos:
• 64% por moratoria y 
• 36% por aportes regulares.
• El 22% restante corresponde a beneficios no contributivos.
• Mientras loa aportantes SIPA fueron: 7.725.954

Disminución de cobertura

El pasado 23 de marzo de 2025, venció la última extensión de la moratoria previsional, pero, borrar las moratorias no parece ser la solución más efectiva para mantener el sistema con vida, porque esto significa que quienes no cumplan con los requisitos de aportes no podrán jubilarse bajo el régimen general, limitando su acceso a beneficios. Solo podrán optar por la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo y no incluye pensiones por viudez.

El crecimiento de la cobertura hasta los altos niveles que presenta hoy se ha visto impulsado por políticas de inclusión previsional, como las moratorias, que han permitido a personas sin aportes regulares acceder a beneficios previsionales. Sin embargo, este aumento también plantea desafíos en términos de sostenibilidad financiera del sistema.

Sin empleo registrado, no hay suficientes aportes para garantizar una cobertura digna, el sistema se deteriora y pierde sustentabilidad. Según la última encuesta permanente de hogares publicada por el INDEC, el total de los asalariados representan un 72,3% de los ocupados, pero a un 36,1% de estos asalariados no se les practican aportes jubilatorios debido a la alta evasión y morosidad existente.

Sostenibilidad fiscal

El sistema también presenta ineficiencias significativas, como la alta proporción de regímenes de excepción. El gasto en jubilaciones y pensiones representa aproximadamente el 10% del PIB, un nivel elevado considerando que solo el 12% de la población tiene más de 65 años. Esto supera ampliamente el gasto de países con estructuras demográficas similares.

Este gasto incluye tanto beneficios contributivos como no contributivos. El sistema cuenta con 177 regímenes diferenciales y especiales, que representan el 40% de los beneficios y tienen haberes un 85% más altos que el régimen general. Estos regímenes, creados para tareas insalubres o riesgosas, han amplificado las desigualdades y encarecido el sistema ya que incluyen jubilaciones anticipadas o haberes equivalentes al último salario, lo que genera un gasto excesivo y desigualdad.

Los regímenes especiales representan el 3,4% del total de beneficios contributivos pero implican un 12% de las erogaciones totales. Los beneficios no contributivos son financiados directamente por el Estado y no requieren de aportes previos al sistema previsional. Están destinados a personas en situación de vulnerabilidad social que no cuentan con cobertura previsional. Incluyen sectores como pensiones por invalidez, vejez (para mayores de 70 años sin cobertura), madres de siete o más hijos, y ex combatientes de Malvinas. Los montos suelen ser inferiores a los de las prestaciones contributivas, ya que están diseñados como un apoyo básico para garantizar un mínimo nivel de subsistencia.

El deterioro del poder adquisitivo

El deterioro del poder adquisitivo del haber jubilatorio ha llevado a que las jubilaciones sean menores en términos reales, en la actualidad, en comparación con el pasado. Durante el año pasado, más de 3 millones de jubilados cobraron menos de la cifra necesaria para no ser pobres. La distribución por tramos muestra que:

• El 63% percibe haberes menores o iguales a una mínima.
• El 20% recibe entre una y dos mínimas.
• El 17% obtiene haberes mayores o iguales a dos mínimas.

La jubilación mínima no cubre la canasta básica total, lo que afecta la calidad de vida de los beneficiarios. La fórmula de movilidad actual mantiene los haberes constantes en términos reales, lo que perpetúa la pérdida de poder adquisitivo que los jubilados han experimentado en los últimos años. Esto se debe a que los aumentos no compensan la inflación, lo que afecta especialmente a quienes dependen de beneficios mínimos.

El haber promedio del régimen general es de aproximadamente $381.000 mensuales (a valores de septiembre de 2024). Unos 300 dólares. Sin embargo, existe una amplia dispersión debido a las inequidades en los cálculos y regímenes especiales.

Fragmentación y judicialización

Por último, pero no menos importante, la multiplicidad de regímenes y la falta de movilidad ajustada a la inflación han llevado a una alta judicialización del sistema, con beneficiarios reclamando revisiones de haberes. Esto genera imprevisibilidad y costos adicionales.

Por todo lo expresado, el sistema previsional argentino requiere reformas urgentes para mejorar su equidad, reducir costos y garantizar su sostenibilidad a largo plazo, buscando mitigar el impacto de las reformas en áreas sensibles como el empleo informal y los haberes mínimos. Hasta que esto no ocurra, las lamentables imágenes de desconsuelo en las caras de los jubilados seguirán repitiéndose.