Dos malas noticias para el juez Montilla: se cayó la denuncia que presentó contra Grassi y en Fiscalía estiman que la investigación será más corta

En un plazo de no más de tres horas, el juez de Garantías, Roberto Montilla, en la mira por intentar interceder en una causa que no era de su competencia, recibió dos malas noticias. Primero, y minutos antes de las 10, el fiscal de la Unidad de Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, desestimó la denuncia que el magistrado presentó el viernes contra el fiscal Iván Grassi. Luego, cerca de las 13, recibió la confirmación de que una investigación penal se abrió en su contra, por un plazo de 6 meses, aunque desde Fiscalía estiman que en unos 60 días podrán tener la información necesaria para avanzar contra el juez. Así, Montilla enfrenta un escenario complejo ante la acusación de haber incurrido en los delitos de Usurpación de Funciones e Incumplimientos de los Deberes de Funcionario, situación que le puede costar el cargo si es condenado. Un punto clave de la desestimación de la denuncia, es que el fiscal que intervino entendió que quedó en evidencia “una desconcertante ignorancia del Derecho por parte del denunciante, al considerar su calidad de magistrado del fuero penal”, lo que podría, a su vez, ser un elemento para una destitución a través de un Jurado de Enjuiciamiento.

Al presentarse en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria (IPP), Montilla se mostró molesto por la situación y tuvo actitudes de enojo contra el fiscal Iván Grassi, quien pidió que se abra una causa en su contra. Incluso, si bien indicó que iba a hacer uso de su derecho a no declarar, se despachó contra el miembro del MPF, al entender que él fue el responsable de que se viralicen los videos publicados por los medios de comunicación, donde se lo ve, el domingo por la tarde, en la Comisaría 4ta, dialogando con al menos dos agentes policiales.

Bajo ese argumento, Montilla deslizó la posibilidad de que podría haber existido el delito de “cohecho pasivo”, esto es, que Fiscalía recibió dinero a cambio de publicar los videos. Así, el defensor oficial, Alejandro Martín García, solicitó que la investigación no se abra, ya que los videos son una prueba clave y, según el argumento defensivo, serían nulos. Por su parte, el Ministerio Público, sostuvo que, además de los archivos de videos, existen varios elementos de prueba contra el Juez, como los testimonios de los policías y personal de fiscalía, además de libros de actas, tanto de la fuerza policial como del MPF. Todos indican que buscó interferir en una causa que no era de su competencia y donde había una persona detenida.

El fiscal Grassi le pidió al juez de la causa Pablo León, que rechace la postura defensiva y permita una investigación penal contra Montilla, lo que fue concedido por un plazo de 6 meses. Al ser consultado sobre esa situación, desde fiscalía entienden que no existen muchos más elementos de prueba que sean requeridos para avanzar contra el magistrado, por lo que necesitarán unos dos meses de investigación. Lo que restaría por solicitar es el listado de llamadas de teléfono que fueron realizadas hacia la Comisaría 4ta, entre el sábado 5 de abril y el domingo 6. Cabe recordar que, según la denuncia, Montilla llamó en varias oportunidades a la unidad policial solicitando que una persona detenida, de 84 años, sea trasladada a un hogar de ancianos. Un punto clave que resta conocer es si el juez llamó desde su teléfono personal o si usó el celular que corresponde al juez de turno, lo que podría confirmar que buscó impartir órdenes como juez de Garantías, cuando no tenía competencia en esa causa.

Sobre la denuncia que Montilla presentó contra Grassi el viernes pasado, la misma fue desestimada por el fiscal Francisco Micheltorena. El juez de Garantías había presentado un escrito al entender que el miembro del MPF que lo investiga incurrió en los delitos de “Incumplimiento a los deberes de funcionario público, por haber injuriado a un Juez Penal de Garantías, y tráfico de influencias”, por la filtración de los videos. Entendió que, al darse a conocer la causa y los videos, se violentaron sus “derechos y garantías constitucionales de un Juez de Garantías de la Provincia” e, incluso, dijo que “el fiscal, con una animosidad manifiesta, a ciencia cierta, convergió con la fiscal Dra. Paula Carena (fiscal de Flagrancia), para armar dicha causa en mi contra; a los efectos de promover un Jury de enjuiciamiento, para voltearme como Juez”. Y que, para ello, “Grassi utilizó sus influencias para ventilar videos que debían ser resguardados, al ser un Juez de Control de Garantías el presunto imputado, en un presunto hecho ilícito… El Sr. Fiscal al haber ventilado el plexo probatorio en mi contra, me dañó moralmente, profesionalmente, y me expuso ante toda la provincia”.

El fiscal Micheltorena descartó la acusación al afirmar que “por la gravedad del hecho investigado y por la trascendencia social que implica la intervención de un magistrado, naturalmente el caso ha trascendido en los medios de comunicación locales que, legítimamente, por cierto, han ejercido el derecho a informar públicamente las circunstancias del caso”. Además, aclaró que los registros fílmicos son de cámaras de seguridad “públicas” que están ubicadas “en dependencias de Seccional Cuarta de la Policía de San Juan, aclarando que, el lugar de emplazamiento de esos dispositivos tecnológicos registra actividades en espacios públicos o de acceso al público”. Así, afirmó que, de esa manera “en modo alguno comprometen la dignidad e intimidad del denunciante, objetivamente no afectan su moral, ni se encuentran alcanzadas en modo alguno por la reserva y protección de datos personales del denunciante, tampoco se ve comprometido el éxito de la investigación”.

Además, un punto clave que aclaró Micheltorena, es que, el delito de tráfico de influencias que sostiene Montilla, apunta a “aquellas personas que reciben dádivas para hacer valer o deje de hacer algo relativo a sus funciones” y, para este caso, que el miembro del Ministerio Público haya recibido dinero “para conseguir una resolución, fallo o dictamen en asuntos de su competencia”. Así, Micheltorena tuvo duras palabras para con Montilla al indicar que, lo denunciado “no reúne al menos una nota característica del tipo penal pretendido, evidenciándose una desconcertante ignorancia del Derecho por parte del denunciante, al considerar su calidad de magistrado del fuero penal”.

Sobre el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario, Micheltorena le respondió a Montilla que eso aplica para aquellos funcionarios que dictan “resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las ordenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbe”, tal como él esta investigado, mientras que Grassi no tuvo ese comportamiento.

Además, le expresó, a modo de enseñanza, que, si se sintió injuriado por la publicación de los videos, “la promoción de denuncias, investigación y juzgamiento de delitos de acción privada, se encuentra especialmente regulada en los procesos especiales de la ley 1851-O, libro tercero, titulo segundo capítulo primero, articulo 402 y subsiguientes”, lo que Montilla parece desconocer, incluso, como Juez Penal.