La Justicia comunicará en los próximos días si debe avanzar la causa penal contra el intendente de Angaco y los concejales

La audiencia del Tribunal de Imugnación, a cargo de la jueza Ana Lía Larrea, en el caso del intendente de Angaco, José Castro, y tres concejales, estaba prevista para mañana, aunque se decidió su adelantamiento para esta tarde. De esta manera, se desarrolló un paso clave en la causa que tiene investigado al mandatario departamental y tres ediles, para dilucidar si la causa avanza en lo penal, o, como pretende la defensa de Castro, se desarrolla en el fuero contencioso admnistrativo.

Cabe recordar que, ante el pedido de la defensa de Castro, protagonizada por Marcelo Fernández Valdez, y la de los tres concejales, bajo el asesoramiento del letrado Lionel García, se llegó a esta instancia. Los ediles juzgados son Alberto de Los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López.

El origen de la disputa legal, tiene apuntado el convenio que impulsó Castro y que fue aprobado por los concejales para que el intendente zafara del juicio que lo tiene en la mira por usar, en 2019, maquinaria y personal municipal en un predio de Chimbas. Por ese convenio el jefe comunal y los tres ediles fueron denunciados por negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario.

El debate estaba previsto para el 23 de febrero, pero días previos, el intendente de Angaco presentó un convenio con el que buscó quedar desvinculado de la causa. Es que, con el OK de los ediles Alberto de Los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López, intentó hacer uso del beneficio de reparación integral del daño, al ofrecer 5 millones de pesos para Cáritas de Angaco, con el objetivo de no ir a juicio. Castro está imputado por los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad cometidos contra la comuna por el presunto uso, en 2019, de maquinaria y personal municipal en un predio de Chimbas. En su momento, el intendente fue denunciado por el Concejo Deliberante, por lo que ahora, con otra integración, firmó un acuerdo con ese cuerpo deliberativo para no atravesar un juicio. Dicha maniobra fue entendida como delictiva por parte de la fiscal de juicio, Silvina Gerarduzzi.

En una audiencia de formalización de la investigación contra el intendente y los concejales, en la que el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía solicitó 6 meses de investigación, la defensa de Castro, en manos de Marcelo Fernández Valdez, junto con el abogado Lionel García, defensor de los concejales, se opuso a la medida del Ministerio Público e impugnó la habilitación a la investigación penal preparatoria que dictó el juez Gerardo Fernández Caussi.

Por esa impugnación es por la cual hoy se realizó la audiencia en el Tribunal de Impugnaciones, que tiene de fiscal de Cámara a Marcela Torres, quien es la encargada de solicitar que se avance con la investigación. La jueza Ana Lía Larrea resolvió pasar a cuarto intermedio y en los próximos días comunicará si debe avanzar la causa penal contra Castro y los concejales. 

Fiscalía solicitó seis meses para determinar si existe responsabilidad penal contra Castro y los concejales De los Ríos, Paredes y López. Con ese plazo cumplido podrá archivar la causa y formalizar la acusación, esto es, solicitar que se realice un juicio contra los funcionarios públicos angaqueros. Si eso ocurre, una resolución judicial podrá ser apelada para que sea revisada por un tribunal de impugnación. Plazos que, según los especialistas, podrían demandar todo el 2026. El dato no es menor porque los jueves Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal (h) dispusieron la suspensión del juicio contra Castro hasta que exista “sentencia firme” en la causa que se tramita en el sistema acusatorio, lo que podría ocurrir recién a mediados del año que viene, estimaron las fuentes judiciales.