Inicia el juicio por la estafa contra la OSP y, hasta ahora, perfila como uno de los más grandes del sistema acusatorio

La resonada causa por la que propietarios de una empresa de salud fueron imputados por defraudar a la Obra Social Provincia, perfila a convertirse en una de las más grandes de la provincia desde que se dio inicio al sistema acusatorio. Es que el juicio contra los tres dueños de Garder Salud, y una médica, iniciará hoy y para el desarrollo del debate se tiene previsto la presencia de unos 70 testigo. Además, dada la cantidad de material probatorio y de personas que se presentarán en Tribunales, el juicio demandará, al menos, un mes con el desarrollo de audiencias todos los días, de lunes a viernes, en horario de tarde. Las personas que se encuentran en la mira fueron acusadas del delito de fraude y adulteración de documento público y privado, por lo que el Ministerio Público Fiscal, a través de Iván Grassi, solicitó que sean condenados a 3 años de prisión en suspenso, mientras que, a la profesional de salud, pidió 2 años de cárcel condicional. La acusación apunta a que Garder facturó servicios que no prestó, como la entrega de módulos de alimentación enteral y operaciones en clínicas privadas.  

De acuerdo a la acusación fiscal, quienes deberán responder frente al juez Matías Parrón es la propietaria de la empresa Marilina de la Fuente, su esposo Eduardo Guzmán (responsable médico) y su hija María Florencia Molina, mientras que la médica María Noel Becerra también se encuentra imputada. La causa se inició a fines del 2022 cuando el exinterventor de la OSP, Miguel Greco, radicó una denuncia en la Unidad Fiscal de Delitos Especiales tras constatar, luego de una auditoría, que la empresa dedicada a brindar alimentación a personas con internación domiciliaria tuvo un crecimiento exponencial en su facturación en un periodo de unos 6 meses. El relevamiento determinó que Garder Salud facturó servicios que no prestó, incluso a personas que ya se encontraban fallecidas. De hecho, Greco será uno de los primeros testigos en dar su versión, junto con quien fue en su momento la gerenta médica de la OSP, Cecilia Sarmiento.

Los juicios que se tramitan en el sistema acusatorio suelen ser cortos ya que demandan, en promedio, entre una y dos semanas su desarrollo. Así, la causa contra Garder perfila como una de las más grandes, no por la cantidad de imputados sino porque se presentarán unos 70 testigos, lo que ha derivado en que el debate se extienda, al menos, un mes. Es que, entre quienes se presentarán, además de las exautoridades de la OSP, estarán quienes llevaron adelante las auditorías de la entidad sanitaria, los peritos contables y caligráficos y personas o familiares de quienes figuran como que recibieron la atención de la empresa pero que nunca ser realizó.

En ese marco, fuentes de la causa indicaron que existen 26 casos a presentar en los que Garder realizó facturación por una prestación de servicio que no llevó adelante y como ejemplo figura el expediente Monla, donde una mujer de Zonda figura como haber recibido El caso testigo es el de una mujer de Zonda, de apellido Monla, que figura como haber recibido los módulos de alimentación enteral en su casa, dado que estaba con internación domiciliaria, pero, en realidad, la paciente estaba alojada en un geriátrico. Para ese caso en particular, fuentes judiciales indicaron que Garder habría cobrado un monto de unos 700 mil pesos, a fecha del 2022.

Además, un punto clave, ya que también se presentarán como testigos, es el de las personas que fueron desvinculadas de la causa original, cinco en total, dos de ellos trabajaban para Garder y aportaron datos que complicaron a los propietarios de la empresa. Ese es el caso del nutricionista Federico Quintana y el enfermero Mauricio Mesías. En la documentación figuraba que ellos habían visitado a los pacientes y que habían realizado el informe correspondiente para otorgarle el servicio de alimentación parenteral, pero cuando se les exhibió lo negaron, lo que fue confirmado por una pericia caligráfica. Así, desde la fiscalía sostienen que las firmas y sellos de los profesionales fueron adulterados para defraudar a la OSP.

También será clave la participación de Fiscalía de Estado, órgano que representa a los intereses de la provincia, ya que, si se confirma la condena contra los imputados, es un hecho que el Estado iniciará una demanda civil para recuperar el monto total de la defraudación. Consultadas las fuentes por el monto del perjuicio, no dieron detalles del mismo, pero se especula que podría alcanzar los 15 millones de pesos.