Los regímenes promocionales en el centro del debate

En Argentina, los regímenes de promoción industrial han sido diseñados para estimular el desarrollo económico en diversas regiones. Para gozar de los mismos, los sujetos deben cumplir con determinadas obligaciones, entre otras: inversión, objeto, personal, producción; las cuales son controladas por los organismos técnicos competentes.

En San Juan todavía se pueden ver algunos establecimientos instalados bajo el régimen de promoción industrial a principios de la década de los ochenta, pero la mayoría ya no funcionan. También los regímenes de diferimiento impositivo agrícola y turístico tuvieron su auge en la última década del siglo pasado en nuestra provincia.

Si bien, el gobierno insiste que la concesión de nuevos beneficios promocionales actualmente se encuentra suspendida, en atención a que las leyes presupuestarias no prevén cupos fiscales destinados a tal fin, se ha lanzado un nuevo régimen de incentivo fiscal para las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares que se conoce como RIGI.

Tal vez el más emblemático es el estipulado por la Ley 19.640, que establece un régimen fiscal y aduanero especial para la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que está en el centro de la tormenta por estos días ante la inminente reducción de aranceles para la importación de productos tecnológicos (especialmente celulares). En Tierra del Fuego al amparo de este régimen, existen empresas industriales titulares de proyectos promovidos que continúan utilizando dichos beneficios tributarios en orden a que el período de utilización de los mismos aún no se ha extinguido (derechos adquiridos).

El Régimen de la Ley 19.640, promulgada hace más de cincuenta años, en 1972, tenía como objetivos generales fomentar la producción local mediante incentivos fiscales y exenciones tributarias y promover el empleo en la provincia, justificando la inversión en infraestructura y atrayendo a empresas industriales.

Dichos beneficios comprenden una serie de exenciones en impuestos nacionales, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y derechos de importación, como así también, facilitaciones en la importación de insumos sin requerimientos previos de depósitos y exención de obligaciones cambiarias en varias operaciones.

Para ello se creó una zona donde las mercancías pueden ser importadas sin obstáculos arancelarios significativos, incentivando así la actividad productiva local.

En un primer momento, la ley 19.640 generó un auge en la actividad productiva desde su implementación en 1972, logrando niveles récord en la producción de bienes como celulares y electrodomésticos. En su auge, en 2013, se fabricaron más de 13 millones de celulares, formando una parte integral de la economía fueguina y creando miles de empleos directos e indirectos.

Pero, a partir de 2016, la disminución de incentivos y la incertidumbre política llevaron a una fuerte contracción en la producción. En 2019, la fabricación de celulares disminuyó a 7,2 millones, evidenciando un 45% de caída en la actividad industrial.

El régimen de la Ley 19.640 ha tenido un impacto considerable en la economía de Tierra del Fuego, pero también ha mostrado importantes debilidades y consecuencias no deseadas. Por ejemplo, su desarrollo no se tradujo en beneficios para los consumidores, ya que el régimen ha provocado que se paguen precios más altos por productos electrónicos de menor calidad, debido a la baja competencia y altos costos de producción.

El Proyecto de Presupuesto 2023 incluyó la revisión de estos regímenes de promoción. La lógica nos dice que, previo a realizar cambios, se deberían evaluar los efectos de las políticas actuales y sus justificaciones. Una propuesta podría ser un desmantelamiento progresivo del régimen, para evitar el “shock” económico que provocaría una eliminación abrupta.

Esta revisión debería buscar no solo mantener los empleos existentes, sino también potenciar otros sectores económicos que pueden ser sustentables a largo plazo, alejándose de una excesiva dependencia de incentivos fiscales y buscando la diversificación económica.

El nuevo RIGI

El Decreto 749/2024 establece la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en el marco de la Ley N° 27.742, con el objetivo de promover el desarrollo económico y atraer inversiones significativas a Argentina.

El nuevo RIGI, lanzado el 22 de agosto de 2024, hace ya 9 meses, entusiasma a las empresas a invertir. Su objetivo fue incentivar proyectos que demanden un mínimo de USD 200 millones como inversión e impacta en ocho sectores de la actividad económica (forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas). Hasta estos días ya se presentaron once proyectos y se han aprobado tres. 

En San Juan se han presentado dos proyectos: El de Minas Argentinas S.A., para la construcción de su nueva mina de “Gualcamayo” y el presentado por Mc Ewen Mining por su proyecto “Los Azules”. Ambos se encuentran esperando la aprobación. Se espera que también se presente en los próximos días el proyecto de Vicuña.

Los proyectos tienen dos categorías:

• Inversiones de 200 millones de dólares.
• Proyectos de Exportación Estratégica de largo plazo con un mínimo de 2.000 millones de dólares.

Los objetivos son, por un lado, generar un marco favorable para inversiones en sectores clave como la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. También, proporcionar condiciones de predictibilidad y competitividad para mejorar el entorno de inversión en el país.

Para que un proyecto califique, debe ser considerado un "Proyecto Único" y cumplir con un monto mínimo de inversión definido por sector. Por ejemplo, para proyectos de exportación estratégica, el monto mínimo es de USD 2,000 millones. También establece un compromiso de contratación de proveedores locales que debe representar al menos el 20% de la inversión total destinada a pagar proveedores de bienes y servicios. La solicitud de adhesión debe incluir un plan de inversión que detalle el uso de fondos, definición del proyecto, cronograma y estimaciones de producción y exportación, entre otros aspectos.

Los incentivos consisten en facilidades para la importación de bienes de capital y se establecerán mecanismos para el control de su uso. La estabilidad tributaria y aduanera se extiende a todos los tributos y derechos arancelarios aplicables a los VPU durante 30 años desde la adhesión al RIGI. Pero también el RIGI incluye una flexibilización progresiva del “CEPO” para las empresas inversoras.

Las críticas a este régimen se centraron en que dejaba de lado a las pequeñas inversiones, por eso se intentó debatir más tarde un RIGI para las pequeñas y medianas empresas.

Además, hay cierta demora en las aprobaciones, ninguno de los siete proyectos de minería presentados para adherir al RIGI fueron aprobados, ya que la aprobación depende de 16 secretarías y subsecretarías.

Si bien las empresas valoran el cambio de tono y la previsibilidad macro que propone el actual Gobierno, persiste una distancia entre las promesas y las concreciones.