Los 22 sanjuaninos que pidieron que se les reintegre la pensión por discapacidad, deberán esperar porque la causa se envió a Catamarca

El pasado 22 de septiembre, la Defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, hizo una presentación en la Justicia Federal en la que reclamó por la baja de pensiones por discapacidad que el Gobierno Nacional aplicó a un grupo de sanjuaninos. En términos generales, solicitó que se declare la nulidad de las decisiones que suspendieron “la pensión NO contributiva por invalidez laboral” a un total de 22 personas, decisión emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). También pidió que se ajusten los procedimientos de auditorías para toda la provincia, junto con la inconstitucionalidad del decreto nacional que “modifica los requisitos para acceder y mantener la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral”. Pero eso no fue lo único, ya que, conjuntamente, solicitó que se dicte una medida cautelar, para que, mientras se tramite la causa, el juez federal “deje sin efecto la suspensión provisoria del pago de la pensión no contributiva de los actores y de todos los residentes en la Provincia de San Juan a los que se les haya aplicado esta metodología de revisión y evaluación” y que ANDIS “se abstenga de dictar nuevos actos administrativos ordenando la suspensión de las pensiones”.

Según pudo conocer este medio, estas últimas medidas cautelares fueron rechazadas. Es que, el juez de la causa, Leopoldo Rago Gallo, envió el expediente a Catamarca porque en esa provincia se inició un proceso colectivo nacional sobre las pensiones, por lo que, entendió que lo debe tramitar el juez federal de esa provincia. Así, los 22 sanjuaninos por los que se inició el reclamo deberán esperar para ver una resolución favorable.

La baja de las pensiones por invalidez es un tema sensible que llevó a que existan masivos reclamos en todo el país. De hecho, presentaciones similares a las que el mes pasado hizo la Defensoría del Pueblo local, ya se habían presentado en Catamarca, La Rioja y Tucumán, entre otras. El gobierno nacional decidió llevar adelante una auditoría completa de todas las pensiones por invalidez en el país, porque entendió que existían casos irregulares en los que personas tenían un beneficio que no les correspondía. Las quejas llegaron inmediatamente porque ANDIS comenzó a notificar a las personas para que ratificaran sus datos y, así, mantenerles el beneficio, pero hubo casos de notificaciones que no llegaron o el trámite no pudo avanzar por problemas administrativos, por lo que el beneficio se dio de baja. En San Juan, durante semanas, gran cantidad de gente, con invalidez, se agolpó en las oficinas locales de ANDIS para cumplir con el decreto nacional, lo que motivó quejas por el mecanismo.         

Sobre el reclamo judicial que inició la Defensora Florencia Peñaloza, del peronismo, nuclea a 22 personas con casos como el de Luis Rubén Flores, a quien se le “notificó la decisión de suspender el beneficio, consignando como causal la no presentación a la evaluación”. Según se plasmó en el planteo “ello es erróneo ya que, tal lo acredito en documentación que se adjunta, SÍ ME PRESENTÉ a la evaluación, posteriormente ante ANSES se efectuó la carga de la documentación presentando todos los certificados y estudios médicos que acreditan mi incapacidad. Posteriormente he solicitado la Rehabilitación del beneficio ante ANDIS y la reconsideración de la medida en ANSES, sin respuesta”. Flores no recibe su pensión desde agosto.

También existe el caso de Juan Marina Yañez, quien indicó que “nunca recibí notificación alguna de que debía presentarme a una evaluación. Posteriormente he solicitado la Rehabilitación del beneficio ante ANDIS sin tener respuesta” y una baja del beneficio también desde agosto. A los de ellos, se suman 20 casos más similares.

Todos los damnificados afirman que se les ha “cercenado el derecho a la percepción del haber de mi pensión como consecuencia de un trámite que adolece de serias irregularidades todo, sin darme oportunidad al ejercicio de mis derechos y pese a que se acredita mi condición persona que padece una discapacidad, conforme la documentación médica que acompaño”.

En una nota que Peñaloza concedió a Radio Light cuando se inició el reclamo judicial, el funcionaria, si bien confirmó que eran 22 los firmantes de la demanda, no indicó cuántas personas tuvieron problemas en San Juan o cuantos beneficios por invalidez tiene la provincia. Sobre este último punto, si aclaró que es una de las solicitudes que se hizo a la Justicia, que se ordene una auditoría completa.

En el reclamo, Peñaloza, junto a las abogadas María Macarena Álvarez, María Fernanda Baliña y Laura Fabiana Oro, solicitaron que se dicte una medida cautelar, para que el beneficio sea restablecido mientras se avanza en la causa, pedido que fue rechazado.

Para hacerlo, el juez Federal Leopoldo Rago Gallo, entendió que debía enviar la causa a la Secretaría de Seguridad Social del Juzgado N°2 Federal de Catamarca. Porque, según el Registro Público de Procesos Colectivos, en ese lugar se inició un trámite idéntico al sanjuanino y que ya está avanzado. Así, existiendo “conexidad entre las causas y riesgo de dictarse sentencias contradictorias que generarían inseguridad jurídica en los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, corresponde el desplazamiento de la radicación de este proceso al juez ante el cual tramita el inscripto en primer término”.

Si bien existió un reclamo por la Defensoría del Pueblo para que el juez dicte la medida cautelar antes de enviar el expediente a su par de Catamarca, Rago Gallo se lo rechazó porque la Corte Suprema indica que, en los casos de conexidad, el envío se debe hacer “sin dilación”.

Con el pase, los 22 sanjuaninos van a tener que esperar para una resolución, tanto de la medida cautelar, como de la cuestión de fondo, aunque existe el antecedente de que el juez catamarqueño otorgó la cautelar a los solicitantes. Dicha decisión también se dio en otras provincias.

Recientemente, y según se publicó en medios nacionales, Nación tuvo que restituir 15.838 peonsiones que fueron dados de baja desde julio pasado, ya que así lo ordenó la Justicia de Formosa al dar curso a una medida cautelar. En el expediente se “otorgó el plazo de tres meses a estos beneficiarios para que puedan presentar su documentación y respetar el procedimiento de control de ANDIS”.