Por mayoría, el Jury archivó la denuncia que buscaba la destitución del juez Toro

Luego de poco más de dos horas de deliberación, el Jurado de Enjuiciamiento, por mayoría, desestimó la denuncia que buscaba la destitución del juez penal de Niñez y Adolescencia, Jorge Toro. La embestida la había realizado un padre y abogado, que acusaba al magistrado de demorar injustificadamente la revinculación con su hija, además de achacarle incumplimiento en sus deberes de funcionario y de actuar con parcialidad. Sin embargo, el presidente del Jury, el cortista Guillermo De Sanctis, explicó que, al analizar la denuncia, el descargo de Toro y las constancias del expediente, no hubo “mérito suficiente” ni gravedad en los hechos que avalaran la continuidad del proceso.

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La votación fue dividida: el propio De Sanctis y la diputada orreguista Marcela Quiroga y su colega Leopoldo Soler, aliado del PJ, se inclinaron por desechar la denuncia. Por su parte, los abogados Pablo Vila y Daniela Sánchez, ligados al orreguismo, optaron por admitirla y que la causa pasase al fiscal General, Guillermo Baigorrí, para que decidiera o no si lo acusaba en un juicio de destitución.

El abogado denunció a Toro porque consideró que incurrió en una morosidad manifiesta y que incumplió con los deberes de funcionario público al retrasar el contacto con su hija. El vínculo se había cortado a raíz de una denuncia por abuso sexual que había realizado la madre de la niña contra su expareja.

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Sin embargo, con el avance de la investigación, el juez Eduardo Raed le dictó la falta de mérito al padre y, luego, se comprobó que un exfuncionario judicial trató de “armarle” una causa para perjudicarlo. Se trató de Juan Pablo Ortega, excoordinador de la Asistencia Jurídica al Colegio de Jueces del sistema penal acusatorio, quien tenía nexos que conducían a la denunciante y terminó condenado a un año de prisión condicional por incumplimiento de sus deberes de funcionario público y abuso de poder.

Así, Fiscalía, después, archivó la causa por inexistencia de delito al tratarse de una falsa denuncia.

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Pese a esos fallos en su favor, el padre sostuvo que Toro incurrió en “morosidad manifiesta” y el “mal desempeño reiterado de sus funciones”. Entre distintos cuestionamientos, el abogado resaltó que había hecho ocho presentaciones y que el magistrado no resolvió ninguna, además de que le enrostró “una actitud omisiva, parcial y tolerante frente a los incumplimientos sistemáticos de la progenitora, quien ha obstaculizado toda forma de vínculo familiar”.

Sin embargo, el juez sostuvo en su informe, una especie de primer descargo, que el denunciante “incurre en una falacia” al mencionar ocho planteos que no tuvieron respuesta, pero que sí fueron resueltos. De hecho, afirmó que no hay escritos sin resolver.

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Además, Toro sostuvo que, luego de que fuera desestimada la causa por abuso sexual, “en menos de un mes se restableció el régimen de comunicación del padre con la niña y con la familia paterna ampliada”. Así, indicó que “no hubo dilación alguna”, al punto de señalar que en el expediente surgen 14 resoluciones en relación a dicho régimen de comunicación y restablecimiento del vínculo paterno filial”.

Asimismo, el magistrado negó cualquier tipo de parcialidad a favor de la madre de la niña, dado que remarcó que llevó adelante al menos siete intimaciones hacia la mujer (como la orden de no obstaculizar la revinculación, cumplir con el régimen de comunicación de la hija con el padre, con la abuela y la tía materna, entre otras) y una multa por incumplimiento reiterado.

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Fuentes judiciales explicaron que, para que proceda un juicio de destitución por la causal de morosidad, los antecedentes revelan que tiene que darse en un cúmulo variado de causas, como le sucedió al ex juez de Jáchal, Javier Alonso.

En este caso, se trató de un solo expediente y las fuentes indicaron que, de acuerdo a las constancias, no se habría registrado la morosidad que justifica la causal destituyente, dado que hubo respuestas y resoluciones a los planteos del denunciante.

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Incluso, trascendió que hubo un fallo de la Cámara de Apelaciones que le indicó al juez que tomara las medidas necesarias para que se lleve adelante la revinculación con la hija y que lo habría dispuesto a través de resoluciones.

Una fuente del Jurado indicó que, si la denuncia hubiese sido admitida, el fiscal General no habría tenido pruebas suficientes para acusar a Toro bajo ninguna de las causales de remoción.