El próximo martes, el Jury decidirá si admite o no la denuncia que busca la destitución del juez Toro

Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento se reunirán el martes 19 a las 11 para definir si admiten o no la denuncia de destitución que le hizo un padre y abogado al juez de Niñez y Adolescencia, Jorge Toro, al que acusa de demorar la revinculación con su hija, de incumplir con sus deberes y de ser parcial. Por su parte, el magistrado había prestado su informe en el que detalla las fechas de todas las actuaciones que desplegó en la causa en la que se tramita la restitución de la relación entre el padre y la niña, con el fin de demostrar que no incurrió en morosidad y que, encima, “promovió” la revinculación. Incluso, había destacado que no hay planteo sin resolver y señaló que no fue parcial.

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Frente a la denuncia y la contestación del juez, miembros del Jury, presidido por el cortista Guillermo De Sanctis e integrado por la diputada Marcela Quiroga y su colega Leopoldo Soler y los abogados Pablo Vila y Daniela Sánchez, decidieron consultar el expediente en el que se tramita la responsabilidad parental.

Fue así que, el pasado viernes, el secretario del Jurado, Fabricio Poblete, bajo la orden del titular del Jury, se llevó los siete cuerpos (de 200 fojas cada uno) de la causa que se está llevando adelante en el Juzgado que conduce Toro, los que quedaron bajo custodia en la Corte de Justicia. El martes, los abogados Vila y Sánchez y la diputada Quiroga revisaron el contenido y este 19 se reunirán todos los integrantes para definir el camino a seguir.

Es una de las instancias importantes del proceso. El Jurado puede rechazar la denuncia si sus miembros entienden que las causales esgrimidas no constituyen motivos para la remoción o no tienen el peso suficiente para ello. O, por el contrario, pueden admitirla y enviar el caso al fiscal General para que decida si acusa o no al magistrado. Si lo hace, se abre el juicio de destitución.

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El conflicto tiene su origen en una feroz pelea de pareja, en la que la mujer denunció al abogado de abusar sexualmente de la hija de ambos. Durante la investigación, se dispuso el impedimento de contacto entre el acusado y la niña, pero, con el correr de la causa, se comprobó que un por entonces influyente funcionario judicial intentó armar y direccionar el caso para perjudicar al padre.

Se trató de Juan Pablo Ortega, ex coordinador de la Asistencia Jurídica al Colegio de Jueces, quien contaba con nexos que conducían a la denunciante y terminó condenado a un año de prisión condicional por incumplimiento de sus deberes de funcionario público y abuso de poder. Pese a la maniobra para perjudicarlo, el abogado tuvo una falta de mérito y, luego, Fiscalía archivó la causa por inexistencia del delito. Es decir, hubo una falsa denuncia.

Con ese resultado a favor, el hombre aceleró la revinculación con su hija, pero destacó que el juez Toro incurrió en “morosidad manifiesta” y el “mal desempeño reiterado de sus funciones”. Entre distintos cuestionamientos, el abogado resaltó que había hecho ocho presentaciones y que el magistrado no resolvió ninguna, además de que le enrostró “una actitud omisiva, parcial y tolerante frente a los incumplimientos sistemáticos de la progenitora, quien ha obstaculizado toda forma de vínculo familiar”.

Sin embargo, el juez sostuvo en su informe que el denunciante “incurre en una falacia” al mencionar ocho planteos que no tuvieron respuesta, pero que sí fueron resueltos. De hecho, afirmó que no hay escritos sin resolver.

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Además, Toro sostuvo que, luego de que fuera desestimada la causa por abuso sexual, “en menos de un mes se restableció el régimen de comunicación del padre con la niña y con la familia paterna ampliada”. Así, indicó que “no hubo dilación alguna”, al punto de señalar que en el expediente surgen 14 resoluciones en relación a dicho régimen de comunicación y restablecimiento del vínculo paterno filial”.

Asimismo, el magistrado negó cualquier tipo de parcialidad a favor de la madre de la niña, dado que remarcó que llevó adelante al menos siete intimaciones hacia la mujer (como la orden de no obstaculizar la revinculación, cumplir con el régimen de comunicación de la hija con el padre, con la abuela y la tía materna, entre otras) y una multa por incumplimiento reiterado.

Frente a ese choque de posturas, miembros del Jurado decidieron chequear el expediente para llegar al próximo martes con una base para tomar la definición sobre la admisión o el rechazo de la denuncia.