Contraataque
La falsedad en las denuncias de juicio político de Vallejos, el eje de la demanda millonaria del cortista Lima
Las dos denuncias de juicio político que había planteado el empresario textil y dirigente político, Sergio Vallejos, que involucraban al ministro de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, contienen “hechos sin ningún respaldo, sustento, fundamentación ni medio de prueba. Con el agravante de que son falsos”, resaltó Marcelo Miranda Marini, abogado del cortista. Así, el profesional remarcó que las presentaciones del líder de Evolución Liberal fueron de una “irresponsabilidad total” y un “ejercicio abusivo” del proceso de destitución contra el miembro del máximo tribunal. Por eso, se entabló la demanda por daños y perjuicios en el que se reclama una indemnización por daño moral de 60 millones de pesos.
El eje de la demanda se ancla en la falsedad, al punto que Lima, a través de su abogado, también planteó una acción conjunta con la demanda de daños y perjuicios: declaración judicial de inexactitud o falsedad.
Además, Miranda Marini destacó que los planteos judiciales de Lima “no significan que uno cuestione un acto absolutamente lícito y hasta valioso para un estado de derecho como lo es pedir un juicio político. Lo que uno cuestiona es la forma, cómo se lo ha efectuado y no el ejercicio del derecho en sí. Es un elemento muy importante de contralor, pero, como todos los derechos, deben ser ejercidos en forma responsable y no abusiva”.
Vallejos, excandidato a gobernador en 2023 y a diputado nacional en las pasadas legislativas, había pedido el 1 de octubre de 2024 el juicio político no solo contra Lima, sino, también, contra los cortistas Daniel Olivares y Adriana García. La embestida se centró en el fallo que los ministros sacaron por la expropiación de la exbodega La Superiora, en la que el líder del partido Evolución Liberal sostuvo que ordenaron que el municipio de Rawson le pagara a los expropiados, la empresa Cuyo Inversiones, de la familia Pallito, el valor actual del predio de Rawson, cuando, según indicó, la normativa indicaba que se debe calcular al momento de la desposesión.
Además, planteó que los cortistas dispusieron la aplicación de la tasa activa del Banco Nación y no la tasa pasiva. Por eso, llegó a señalar que tuvieron el “indisimulable propósito” de “beneficiar inescrupulosamente a los amigos del poder, en detrimento del erario público”. No obstante, la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados, por unanimidad, rechazó la denuncia de Vallejos.
El abogado de Lima señaló que el empresario textil destacó que “se aplicó la tasa activa para engrosar la indemnización y favorecer a la parte a la parte expropiada, que es Cuyo Inversiones. Eso es falso. No se modifica la tasa pasiva porque es ley. O hay un comportamiento ligero, desaprensivo o descuidado. Nos parece que eso es un acto de total y absoluta irresponsabilidad”.
Miranda Marini también expresó que Vallejos acusó al cortista de cambiar la jurisprudencia para ese caso puntual, acusándolo de prevaricato, al igual que a los otros dos ministros que adhirieron al voto de Lima. “Eso también es falso, basta para probar con leer la sentencia porque se apoya en jurisprudencia de 2019, que cambió cuatro años antes, con el voto preopinante del doctor Humberto Medina Palá, con una composición de una Corte distinta y en función de una reforma legislativa”.
Por otro lado, el dirigente liberal pidió el juicio político contra Lima por no haber renunciado a la titularidad del Registro Notarial N°22, por lo que incurría en un “grave acto de incompatibilidad” al asumir como ministro del máximo tribunal.
El abogado explicó que “la regulación de las incompatibilidades está en el artículo 4 de la ley 1.788 C, de Organización del Notariado. El procedimiento consiste, básicamente, en el otorgamiento de licencia por parte del Colegio Notarial y es al que acudió el doctor Lima. Antes de asumir como magistrado, solicitó la licencia y el Consejo Directivo del Colegio Notarial se la otorgó”.
Por eso, Miranda Marini resaltó que “son hechos que están en la vereda opuesta a cómo se han expresado en las dos presentaciones de juicio político. No se corresponden con la realidad de lo que ha pasado”.
La demanda recayó en el Tercer Juzgado Civil, a cargo de Luis Arancibia, quien le debe trasladar la demanda a Vallejos para que la conteste. Las partes aportarán sus pruebas y el magistrado deberá resolver el juicio. En el medio, se llevará una instancia de mediación, en el que demandante y demandado pueden llegar a un acuerdo.
El abogado de Lima señaló que “no tenemos ninguna instrucción en ningún sentido. Se irá viendo con el devenir del proceso”.