Cambios de estructura y funcionamiento
Baigorrí reubicó a 31 personas para reforzar las Unidades Fiscales de Investigación de delitos
El fiscal General Guillermo Baigorrí había adelantado en 0264 Noticias que evaluaba hacer movimientos para reforzar las Unidades Fiscales de Investigación (UFI) y, finalmente, los concretó. Así, achicó una estructura y disolvió otra, por lo que reubicó a 31 personas, entre ayudantes fiscales, abogados, técnicos y administrativos, en las áreas encargadas de llevar adelante las causas por robos, homicidios (dolosos y culposos), estafas, abusos sexuales y delitos informáticos, entre otros.
El nuevo jefe del Ministerio Público sacó dos resoluciones para instrumentar los cambios y reubicar al personal, el cual comenzará a prestar funciones en sus nuevos puestos a partir del 1 de febrero. Las modificaciones entrarán en vigencia en esa fecha para no alterar el actual funcionamiento, teniendo en cuenta que ya está por finalizar el año y se viene la feria judicial de enero.
Son los primeros cambios que ha llevado adelante el nuevo fiscal General, que ha retocado la estructura que había armado su histórico predecesor, Eduardo “Jimmy” Quattropani. Previo a su asunción, Baigorrí había eliminado los cargos de supervisores, que eran los nexos con los fiscales coordinadores de las UFIs, y desplazó a los que eran sus titulares: Fernando Rahmé, Rolando Lozano, Andrés Noguera y Federico Osollo, quienes, ahora, cumplen tareas bajo la órbita de la Corte de Justicia.
En cuanto a los cambios en el resto de las estructuras, Baigorrí redujo la cantidad de personal de la Unidad de Abordaje Territorial (UAT). Dicha área se había creado como un órgano de apoyo a la gestión de todas las Unidades Fiscales y contaba con 34 ayudantes fiscales, que son los abogados que acuden a los lugares en los que se cometen los delitos, en compañía con fiscales y la Policía.
Ahora, la UAT tendrá como tarea específica el abordaje, como primer interventor del Ministerio Público, en todos los hechos delictivos e impartir las primeras directivas a la Policía de acuerdo a los protocolos de actuación que fijen los coordinadores de las UFIs. También debe comunicar a la Unidad Fiscal que corresponda según el tipo de delito que se produzca, sumado a que continuará con los casos de Flagrancia “de forma exclusiva” bajo su órbita.
De esa dotación de 34 ayudantes fiscales, tres pasaron a la UFI Delitos Informáticos y Estafas; tres a la de Flagrancia, tres a la de Delitos contra la Propiedad; tres a la de Delitos Especiales, tres a la de Cavig y uno a la Genérica.
De esa manera, desde febrero, Delitos Informáticos y Estafas tendrá 10 ayudantes fiscales; Delitos contra la Propiedad contará con 11; en Delitos Especiales habrán 11, en Cavig habrá un equipo de 29 y en la Genérica, 7. Por su parte, en la UAT se quedarán 18 ayudantes fiscales, los que se abocarán a Flagrancia. Por otro lado, la UFI ANIVI no recibió en esta ocasión refuerzo de personal, la que ya poseía 18 ayudantes fiscales.
Además, el fiscal General eliminó la Unidad de Soluciones Alternativas (USA), que era la que tramitaba casos que no van a juicio, sino que se resuelven a través de mecanismos como la probation o mediaciones.
Tras un “exhaustivo análisis efectuado respecto del funcionamiento, la estructura orgánica, los recursos humanos asignados y los datos estadísticos” de la UAT, “se evidencia que la misma no ha logrado cumplir eficazmente con los objetivos para los cuales fue creada”, señala la resolución.
Además, agrega que “la tramitación de los legajos remitida a dicha oficina, por fuera de la órbita de la UFI originaria, se ha traducido en un desgaste procesal y temporal excesivo, resultando, incluso, en determinados casos, no solo el malogro de una solución alternativa de conflicto, sino, también, el transcurso del tiempo y la dispersión de los esfuerzos”.
Baigorrí explicó que “estamos lejos de estar en contra de la aplicación de sistemas alternativos. Al contrario, no solamente lo apoyamos, sino que lo fomentamos, porque el sistema acusatorio necesita de la existencia de esos sistemas.
Cuando un fiscal estimaba que se puede dar una solución alternativa para evitar todo el trámite del juicio, enviaba la causa a esta unidad y ahí había que estudiarla de vuelta, resolverla y, si no se resolvía, volvía. El legajo iba de un lado para otro. Nos pareció que era un doble trabajo, una pérdida de tiempo”. De esa manera, en cada UFI, el personal llevará adelante una solución alternativa.
Tras la disolución, se reubicó al personal. El fiscal Adrián Riveros, que estaba al frente de la UAT, fue destinado a la UFI Genérica, al igual que una abogada. A su vez, otra profesional de la abogacía fue trasladada a Cavig y otra a Delitos Informáticos y Estafas.
En cuanto a los escalafones administrativo y técnico, cuatro profesionales pasaron a Cavig, dos a Delitos Informáticos y Estafas, dos a Delitos contra la Propiedad, dos a Delitos Especiales y uno a ANIVI.