Se viene el juicio
Fiscal federal pidió 6 años de cárcel para una familia que hacía “delivery de droga”: la líder recaudó $50 millones en dos meses
Era una “empresa familiar”, cuya actividad se mostraba como un local de venta de ropa, pero que, en realidad, se trataba de un “delivery de droga”. Un negocio en el que, su cabecilla, Fernanda Cecilia Sosa, recaudó 50 millones de pesos en apenas dos meses y era la encargada de proveer cocaína y marihuana al resto de los miembros. La organización, además, estaba compuesta por su hermana Maira Alejandra, su sobrino Emir Ezequiel Guaquichay y la pareja de este, Melani Silvana Ruarte. Eran los que hacían el delivery en casas particulares o “kiosquitos” o vendían en sus propios hogares, indicaron fuentes judiciales.
En ese marco, el fiscal federal Fernando Alcaraz llevó adelante la audiencia de control de acusación contra los cuatro implicados y pidió que sean condenados a seis años de cárcel por comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Luego de la audiencia, la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza declaró a fines de diciembre la admisibilidad de la acusación contra y dictó la apertura del juicio oral. El proceso final, con fecha a definir, estará a cargo del Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan, el cual deberá hacerse de manera colegiada, es decir, con sus tres integrantes: Hugo Echegaray, Eliana Rattá y Daniel Doffo.
El caso estalló a raíz de una denuncia anónima que apuntó específicamente contra Maira Sosa, a quien le atribuyeron que sale en la noche a “hacer la movida”, léase, entregar droga en viviendas particulares o en “kioscos” de venta. Inclusive, la persona de identidad reservada destacó la influencia y los recursos que tiene la familia Sosa en la comercialización de estupefacientes en Chimbas, al punto que indicó que a los “soldaditos” (jóvenes y menores de edad que venden droga) les pagan entre 30 mil, 40 mil o 50 mil pesos, indicaron las fuentes.
En una ampliación de denuncia, se aportaron las direcciones de domicilios vinculados a la propia familia Sosa, en los que se guardaba y se distribuía la droga. De esa manera, se agregó que el reparto se realizaba a través de distintas movilidades: bici, moto, auto y a través de aplicaciones como UBER.
Así fue que la Unidad Fiscal Federal le pidió al Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan que lleve adelante tareas investigativas. Fue así que hubo intervenciones telefónicas de los celulares de los sospechosos, al igual que un informe económico - financiero de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), de la Procuración General de la Nación.
El estudio técnico incluyó el flujo de movimientos de dinero registrados en cuentas bancarias y billeteras virtuales de las personas investigadas, estableciéndose quiénes recibían y transferían plata con mayor frecuencia.
De esa manera, se determinó que Fernanda Sosa, la cabecilla, tuvo ingresos y gastos por 30 millones de pesos en 2024 y de 60 millones de pesos en 2025. No fue lo único, ya que la investigación estableció que recibió 50 millones de pesos del 1 de abril al 4 de junio del año pasado en su cuenta de Mercado Pago, según se desprende del expediente.
Con esos elementos, la Policía llevó a cabo allanamientos en la casa de Fernanda Sosa, en Chimbas, en donde funciona también su local de venta de ropa, según consta en el expediente. En el procedimiento, secuestraron 3 gramos de cocaína y 14 de marihuana, además de 339 mil pesos y dos celulares.
También hubo allanamientos en el hogar en el que viven Emir Guaquinchay y Melani Ruarte, en Chimbas, y en el de Maira Sosa, en Capital.
Si bien lo secuestrado en droga no fue cuantioso, todos los elementos probatorios fueron suficientes para que el fiscal Alcaraz los acusara de comercio de estupefacientes agravado y pidiera una pena de 6 años de cárcel para los cuatro imputados. Ahora, debe fijarse la fecha de juicio y se verá si los implicados enfrentan el debate o llegan a un acuerdo de juicio abreviado.