Secuestro récord de cocaína: un llamativo planteo defensivo para frenar el juicio, el cual fue rechazado de plano

En un juicio abreviado, el salteño Fabricio Canales había aceptado una pena de 4 años de prisión como uno de los implicados en el transporte de 76 kilos de cocaína, junto a Ramón Nuñez y Alex García, quienes, a su vez, habían acordado castigos de 6 años de cárcel. Sin embargo, Mariela Pérez, la abogada del primero de los imputados, presentó un escrito en el que señaló que su cliente había sido presionado por sus cómplices para echarse la culpa en ese procedimiento judicial, por lo que el juez Daniel Doffo dispuso que se haga el debate oral y público. Pero, en el inicio, la defensora sorprendió porque dio marcha atrás y planteó que quería hacer un acuerdo para Canales. No obstante, el magistrado rechazó de plano el pedido, al que calificó de improcedente.

Toda la situación no deja de llamar la atención. Primero, un abogado había pactado el juicio abreviado para los tres acusados con el fiscal Francisco Maldonado. Dicho mecanismo consiste en que el o los imputados admiten su responsabilidad en un hecho delictivo y aceptan una condena, a cambio de una rebaja en la pena, dado que se considera que colaboraron con resolución de la causa. Pero el proceso no termina ahí, ya que los procesados estuvieron en una audiencia con el juez Doffo, en la que le ratificaron que le dieron el visto bueno al acuerdo de manera voluntaria.

No obstante, apareció la abogada Pérez, quien expuso el presunto apriete que sufrió Canales para admitir su participación en el hecho delictivo y aceptar el castigo. Frente a ese escenario, el fiscal solicitó que se haga el juicio tradicional, a lo que le hizo lugar Doffo.

El debate oral y público comenzó la semana pasada, pero, en el arranque, la defensora de Canales sostuvo que había presentado un nuevo escrito para un nuevo acuerdo. El magistrado la cortó en seco porque le explicó que un acuerdo de juicio abreviado no se plantea ante el juez, sino que se entabla con el fiscal, sumado a que, luego de que se da de baja a ese procedimiento, indefectiblemente se tiene que hacer el debate oral y público.

Así, empezó el juicio, en el que declaró la gendarme que, el 15 de septiembre de 2023, tuvo un rol clave en el secuestro récord de cocaína. García conducía un Toyota Corolla y viajaba con Nuñez y Canales. Habían salido de Salta y, en su recorrido, pasaron por Mendoza y entraron por San Juan, con el objetivo de dirigirse a San Luis, con destino final a Córdoba. Pero, en el control de El Encón, se sometieron a un control de rutina por parte de personal del Escuadrón Núcleo San Juan de Gendarmería Nacional.
Ahí, una efectiva les solicitó la documentación y llevó adelante un chequeo del vehículo. En eso, García se le acercó y le dijo: “Señorita, no diga nada, arreglemos entre nosotros. Yo le doy plata, pero no diga nada, según consta en el expediente, en el cual figura que le ofreció 200 mil pesos. La uniformada rechazó la coima y, junto a sus compañeros, ordenó que abrieran el baúl del auto, en el que encontraron dos valijas y un bolso, además de que hallaron otro bolso que iba en la parte de atrás, al lado de Nuñez. Eso es lo que ratificó la gendarme en el juicio.

El secuestro arrojó la existencia de 72 paquetes (ladrillos, en la jerga), los que pesaron 76 kilos y 144 gramos de cocaína. También declaró una perito bioquímica, quien explicó que la cocaína secuestrada era de máxima pureza.

En el procedimiento, los gendarmes les secuestraron a los imputados sus celulares y una pericia de la fuerza de seguridad concluyó que el que estaba en poder de Nuñez reflejaría una actividad vinculada a la venta de estupefacientes, de acuerdo a las fotografías, audios y conversaciones. A su vez, en los archivos encontrados en el teléfono de García, los peritos determinaron que se dedica al negocio de la verdulería, el cual sirve de “modus operandi” para la comercialización de droga. El informe llega a ese resultado porque el “alto costo de transporte, gasto de materia prima, de empleado y vuelos de avión” no serían redituables para un comercio de verduras.
De esa manera, García, Nuñez y Canales están imputados como coautores del delito de transporte de estupefacientes, además de que el primero también está en la mira por cohecho al ofrecerle una dádiva a la gendarme. La escala penal parte desde los cuatro años, por lo que no contempla un castigo de ejecución condicional.
El juicio se reanudará el 10 de mayo, con los últimos testimonios y está previsto que aleguen el fiscal y los abogados defensores, para que el juez luego dé el veredicto.