Crisis política
La Justicia terminó de avalar la presidencia de un opositor a la intendenta de Caucete en el Concejo Deliberante
Los tres concejales de la intendenta de Caucete, Romina Rosas, habían acudido a la Justicia para sostener en la presidencia del Legislativo municipal a uno de los suyos, José Luis Giménez, y evitar la designación del opositor Franco Buffagni. Sufrieron un primer revés de la jueza Vilma Balmaceda, del Séptimo Civil, quien les rechazó el amparo, por lo que apelaron la resolución. Sin embargo, los magistrados de la Sala Única de Feria de la Cámara Civil confirmaron la sentencia de primera instancia y, así, avalaron la conducción del edil que entró por la lista de la peronista Sonia Carina Recabarren, rival interna de la jefa comunal.
De esa manera, Buffagni, como titular del Concejo Deliberante, quedó en la cúspide de la línea sucesoria. Es decir, es el reemplazante de Rosas ante su ausencia. Una situación incómoda y que puede ser hasta problemática para la intendenta, dado que el edil y su compañero de bloque, Pedro Gómez, han jugado en las votaciones con los orreguistas Emanuel Castro y Ramiro Fernández.
De hecho, los cuatro han conformado una mayoría que les permite tener quórum para iniciar las sesiones y aprobar y rechazar ordenanzas. De esa forma, relegaron a los oficialistas Giménez, Luis Roca y la bloquista Marina Poblete. Así, se abroquelaron y lograron que la presidencia del Legislativo quede para Buffagni, quien, con Recabarren, su entonces candidata a intendenta, integraron el mismo frente justicialista que Rosas, pero que están en sectores totalmente enfrentados.
La pelea no es nueva, ya que la oposición no le aprobó el presupuesto 2025 a la jefa comunal y, a fines de ese año, le rechazó el aumento de tasas municipales que había planificado el Ejecutivo, por mencionar algunos proyectos.
Frente al recambio en el Concejo, los oficialistas acudieron a la Justicia y llegaron hasta la Sala Única de Feria de la Cámara Civil, conformada por la jueza Elena De la Torre y sus pares Ernesto Escobar y Juan Carlos Pérez. Fue en la etapa de apelación, la segunda instancia, en la que tuvieron otro revés, cuyo fallo salió la semana pasada.
El conflicto se generó en la sesión del pasado 18 de diciembre, cuando se debían renovar autoridades. La oposición sostuvo que el mandato de Giménez, del oficialismo, estaba vencido, ya que había asumido el 10 de diciembre de 2023 y el recambio se da de forma bianual. El sector de Rosas, en cambio, señalaba que la Carta Orgánica no establece una finalización automática del cargo del presidente.
Ahí se trabó la discusión y, para el oficialismo, la sesión había fracasado y los tres ediles se retiraron, por lo que hubo un cuarto intermedio. Horas más tarde, luego de negociaciones infructuosas, los cuatro opositores reanudaron la sesión y eligieron a Buffagni como presidente.
En líneas generales, de acuerdo a lo que trascendió de fuentes calificadas, los jueces camaristas entendieron que, en la sesión del 18 de diciembre, Giménez había dejado de ser el presidente del Concejo ocho días atrás. La Carta Orgánica, en su artículo 59, establece que “todas las autoridades” del Legislativo “serán renovadas cada dos años, pudiendo ser reelectas”. Como el oficialista fue nombrado el 10 de diciembre de 2023, su mandato venció el mismo día y mes de 2025. Entonces, el 18, no tenía la autoridad para declarar la sesión como fracasada.
Asimismo, sostuvieron que los cuatro ediles restantes lograron el quórum necesario y reanudaron la sesión para designar a las autoridades del Concejo, de acuerdo a lo que establece el reglamento interno. Además de Buffagni y por la ausencia del oficialismo, eligieron a Pedro Gómez como vicepresidente primero, a Emanuel Castro como vice segundo y a Ramiro Fernández como secretario Legislativo.
En esencia, los magistrados ratificaron lo que había resuelto la jueza Balmaceda, del Séptimo Civil, al rechazar el amparo de los concejales oficialistas.
Si bien los ediles de Rosas pueden acudir a la Corte de Justicia para tratar de dar vuelta el resultado, lo cierto es que les será difícil obtener un fallo distinto, dijeron las fuentes. Es que el máximo tribunal revisa si hubo arbitrariedades en las sentencias o si se valoraron normas en sentido contrario a la Constitución, por ejemplo.
De ser así, puede ser el final de un conflicto que tuvo otros ribetes polémicos. Como cuando los tres oficialistas suspendieron a los ediles Castro y Fernández, quienes fueron denunciados por la secretaria de su bloque debido a que le habrían exigido el 50 por ciento de su salario. El tema fue que la decisión se basó sólo en sus votos, ya que Buffagni y Gómez no los acompañaron y Castro había señalado que ni a él ni a Fernández los dejaron votar.
Para aplicar una suspensión, es necesaria una mayoría calificada de dos tercios de los concejales, es decir, cinco, según indica la Carta Orgánica. Y el oficialismo había contado con tres votos. Por eso, los ediles sancionados fueron a la Justicia y consiguieron una cautelar, tras una sentencia del juez Walter Otiñano, del Octavo Civil, para que los restituyeran en sus puestos.
Castro había manifestado que la suspensión encarada por el oficialismo tenía como trasfondo, justamente, la renovación de autoridades, por lo que la idea era dejarlos afuera de la designación del presidente. No obstante, ni Buffagni ni Gómez iban a jugar con los ediles de Rosas y todo quedó plasmado, nuevamente, cuando se reincorporaron Castro y Fernández, con el nombramiento del concejal opositor.