2026-03-04

CUARTO INTERMEDIO

Los cuatro policías federales acusados de robarle $20 millones a un camionero buscan llegar a un acuerdo con el damnificado

El hecho por el que están siendo juzgados ocurrió el año pasado en abril en el control fitosanitario de Bermejo.
Por Redacción 0264Noticias

Comenzó el juicio contra los cuatro policías federales acusados de haberse apropiado de 20 millones de pesos durante un procedimiento realizado a un camionero en San Juan, pero este miércoles el debate pasó a cuarto intermedio hasta mañana ante la posibilidad de un acuerdo.

Los cuatro imputados, ante el Tribunal

Los imputados son el oficial subinspector Matías Joaquín Barbeito, el cabo Matías Leonel Vega, el cabo primero Marcos Horacio Altamirano y el sargento Gabriel Ángel Puca, quienes están siendo juzgados por un hecho que generó fuerte repercusión pública.

El debate está a cargo del tribunal integrado por los jueces Hugo Echegaray, Daniel Doffo y Carolina Pereyra, quienes deberán determinar las responsabilidades penales en el caso. El fiscal de la causa es Fernando Alcaráz.  

Jueces federales Daniel Doffo y Hugo Echegaray

En la audiencia celebrada este miércoles, los magistrados le dieron la posibilidad a la defensa de presentar de manera formal un acuerdo escrito que contemple una reparación integral para el damnificado, un camionero oriundo de Salta de apellido Condorí.

Jueza federal Carolina Pereyra

Sin embargo, Fiscalía adelantó que no está de acuerdo con la posibilidad de abreviar el proceso, al considerar que se trata de un presunto delito de corrupción policial y de incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de los cuatro efectivos.

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No obstante, como la ley contempla que en esta etapa pueda intentarse un acuerdo, los jueces habilitaron a los abogados defensores Leonardo Miranda, Fernando Bueno de la Cruz y Jorge Olivera Legleu, a que elaboren y presenten una propuesta concreta. El Ministerio Público Fiscal puso un reparo: los defensores no deberán comunicarse directamente con el damnificado para negociar, sino que este deberá contar con representación letrada.

Al centro, el fiscal federal Fernando Alcaraz

Por ese motivo, se designará una defensora oficial federal que actuará como intermediaria entre el camionero y los abogados de los imputados cuando se formalice la propuesta. Será el propio damnificado quien, con asesoramiento legal, deberá manifestar si está de acuerdo o no con los términos ofrecidos. En caso de no alcanzarse un entendimiento, el juicio continuará por la vía ordinaria.

Fernando Bueno de la Cruz y Leonardo Miranda,
abogados defensores junto a Jorge Olivera Legleu

El hecho salió a la luz en abril del año pasado, cuando 0264Noticias informó en exclusiva que el episodio había ocurrido en el control fitosanitario de Bermejo. Allí, un grupo de efectivos de la Policía Federal detuvo y requisó un camión que circulaba sin carga. El vehículo viajaba desde Tucumán con destino a Mendoza y, según la investigación, transportaba 31 millones de pesos en efectivo en tres bolsas.

De acuerdo con la denuncia del propietario del transporte, al chofer le dejaron 11 millones y le retuvieron los 20 millones restantes. Además, le entregaron un acta que no incluía los nombres de los efectivos intervinientes y no le habrían dado copia del documento. 

En su relato, la víctima señaló que fue interceptado a unos 20 metros del control por al menos seis policías, de quienes pudo describir algunas características físicas y el vehículo en el que se desplazaban. Según su versión, los federales le manifestaron que no podía circular con esa suma de dinero y por eso le retuvieron parte del efectivo.

Tras la denuncia, varios policías federales fueron detenidos y sometidos a rueda de reconocimiento. Con el avance de la investigación, la mayoría recuperó la libertad y solo quedaron los cuatro primeros detenidos como imputados en la causa.

El titular del Juzgado Federal N°2 había confirmado en su momento que hasta ahora no se logró recuperar el dinero presuntamente sustraído: no apareció ni un solo peso de los 20 millones denunciados como robados.

Ahora, el tribunal deberá resolver si prospera el intento de acuerdo o si el proceso continúa con la producción de pruebas y testimonios hasta llegar a una sentencia.

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