DECISIÓN
La Justicia rechazó el pedido del sanjuanino "Chiqui" Tapia de suspender la indagatoria en la causa por retención de aportes
El juez Diego Amarante, titular del Juzgado Penal Económico N°5, rechazó el pedido de la defensa de suspender las declaraciones indagatorias previstas para los principales directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la causa que investiga una presunta apropiación indebida de aportes tributarios y de la seguridad social.
El magistrado calificó como “improcedente” el planteo presentado por los abogados de Claudio Tapia, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, quienes habían solicitado frenar las audiencias hasta que la Cámara Nacional en lo Penal Económico resolviera una apelación pendiente. Los letrados Norberto Frontini y Lucio Simonetti argumentaron que aún resta que la Cámara se pronuncie sobre un recurso en el que sostienen que corresponde dictar el sobreseimiento por inexistencia de delito.
Según esa postura, no debería avanzarse con las indagatorias hasta que el tribunal superior defina la cuestión de fondo. Sin embargo, el juez resolvió mantener el cronograma y continuar con el proceso. De esta manera, Tapia deberá presentarse a declarar este jueves 5 de marzo en los tribunales ubicados en Avenida de los Inmigrantes 1950.
El esquema de audiencias continuará de la siguiente forma: Viernes 6 de marzo: Gustavo Lorenzo. Lunes 9 de marzo: Víctor Blanco y Cristian Malaspina. Miércoles 11 de marzo: Pablo Toviggino. En el caso de Toviggino, el juez aceptó reprogramar la fecha original tras la designación de un nuevo abogado defensor, pero rechazó el pedido para que la declaración se realizara por videoconferencia, ratificando la presencialidad obligatoria. Además, se dispuso un refuerzo de seguridad y restricciones de circulación en el juzgado para garantizar el normal desarrollo de las audiencias.
La causa se inició el 12 de diciembre pasado a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo acusó a la AFA de haber retenido tributos y aportes de terceros sin depositarlos dentro del plazo legal de 30 días. La maniobra bajo investigación abarca 69 hechos registrados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según el informe técnico, la entidad habría contado con fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones, incluyendo acreditaciones bancarias por más de $45.000 millones en diciembre de 2024 y colocaciones financieras en pesos y dólares.
Las deudas detectadas ascienden a:
Recursos de la seguridad social: $8.675.262.968,47.
Retenciones de IVA y Ganancias: $10.678.283.875,38.
La acusación sostiene que se habría realizado una maniobra financiera con fondos correspondientes a aportes previsionales e impuestos retenidos a empleados y terceros. El fiscal Claudio Navas Rial respaldó el avance de la investigación.
Los hechos investigados se encuadran en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario, que prevén penas de dos a seis años de prisión. Una vez finalizadas las indagatorias el 11 de marzo, el juez contará con un plazo de diez días hábiles para definir la situación procesal de los imputados, pudiendo dictar procesamiento, sobreseimiento o falta de mérito.