Los dueños de Branka Motors pagarán $524 millones a los 358 damnificados para cerrar la causa y ser sobreseídos

Con el aval de la jueza de Garantías, Ana Carolina Parra, esta jornada se llevó adelante una audiencia clave en el caso de 'Branka Motors', la firma que estafó a cientos de personas en San Juan con la compra de un rodado. En ese sentido, se conoció que los tres imputados, los hermanos Jonatan y Alexis Marcó, y su socio Facundo Agustín Banega Suvire, harán una reparación integral total de $524 millones a los 358 damnificados, dividida en cinco cuotas en cada caso. De esta manera, si finalmente los implicados cumplen, serán sobreseídos en la causa que está a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Guillermo Heredia.

En ese contexto, se conoció que cada perjudicado recibirá aproximadamente $1.400.000, dividido en cinco pagos iguales. Mientras que, una persona no aceptó este acuerdo de reparación y por eso seguirá con el avance de su reclamo. El primer desembolso a cada damnificado será dentro de 15 días, indicaron fuentes del caso.

Cabe recordar que los hermanos Marcó fueron detenidos el primer fin de semana de marzo en sus domicilios de Santa Lucía y Chimbas, respectivamente, tras allanamientos ordenados por la Justicia. En tanto, Banega se presentó de manera voluntaria en una comisaría de Rivadavia. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal y permanecían alojados en la Comisaría 27ª hasta que se concretó su traslado al Penal.

El caso tomó estado público en enero, cuando un importante grupo de personas se manifestó en la intersección de avenida Rioja y 25 de Mayo, en Capital, denunciando haber sido estafadas por la concesionaria de motos, que habría cobrado rodados que nunca fueron entregados.

Paralelamente a la investigación judicial, intervino Defensa del Consumidor. Su titular, Fabiana Carrizo, convocó a una audiencia a las partes, pero la firma no se presentó y la instancia de conciliación fracasó. Ante la ausencia de una propuesta para los damnificados, el organismo aplicó la multa máxima prevista por la ley y cerró la vía administrativa.

De esta manera, el conflicto quedó en manos de la Justicia penal, que este miércoles definió la situación procesal de los tres implicados.