Instancia final
Juzgan a funcionaria de ANSES por la entrega de jubilaciones truchas, causa en la que una colega y dos gestores ya aceptaron condenas
El martes, está previsto que los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal, bajo la presidencia de Eliana Rattá, den el veredicto contra la funcionaria de ANSES, Andrea Del Valle Masquijo, quien está bajo sospecha de ser parte de una maniobra en la entrega de jubilaciones truchas. Como expersonal de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Rawson, cargó en el sistema a un hombre cuya fotocopia de DNI había sido adulterada en su fecha de nacimiento para que pudiera acceder al beneficio previsional, además de certificar otras dos copias de documentos, sin chequear el original.
Se trata de una causa en la que no intervinieron las personas que fueron a averiguar si podían jubilarse, sino que los implicados fueron los gestores Rubén Alberto Gómez y Carlos David Zárate. Los dos llevaron adelante las modificaciones en las fotocopias al poner fechas de nacimiento más antiguas para que los interesados alcanzasen la edad jubilatoria: 60 para las mujeres y 65 para los hombres.
El perjuicio para el Estado nacional fue calculado en 40.973 pesos en 2008, año en el que se concedieron unas 15 jubilaciones bajo dicha modalidad delictiva y se desencadenaron los desembolsos durante meses. En ese entonces, la jubilación mínima estaba en los 753 pesos, por lo que el monto equivale a casi 56 pagos mensuales. Teniendo en cuenta que la mínima hoy se encuentra en 450.286 pesos, esos 56 desembolsos son equiparables a 25.216.016 pesos.
Ambos gestores se sometieron a un juicio abreviado, en el que aceptaron su responsabilidad penal y acordaron penas: Gómez, 2 años de prisión en suspenso, mientras que, Zárate, 2 años y 6 meses de cumplimiento condicional, aseguraron fuentes judiciales.
No es lo único, ya que también está involucrada otra funcionaria de la UDAI Rawson, María Fernanda Cerdera, quien quedó acusada de participar en la entrega irregular de 12 de esas 14 jubilaciones, de las cuales, en la mayoría no constató que la documentación se encontraba adulterada y, en otros casos, no verificó las copias con el DNI original.
La empleada también accedió a un juicio abreviado, en el que aceptó su responsabilidad penal y un castigo de 3 años de cárcel de cumplimiento condicional. En los tres casos, fueron acuerdos plenos, firmados por Fiscalía y los defensores del imputado, por lo que falta la homologación del Tribunal, es decir, la aplicación de la condena.
A diferencia de los tres implicados anteriores, Masquijo dio pelea judicial para tratar de demostrar su inocencia, la que aún cumple funciones en el organismo previsional, pero en Mendoza, destacaron las fuentes.
El juicio comenzó el pasado lunes y se extendió un día más con el aporte de los testigos y la incorporación de la prueba. De esa manera, todo estaría listo para que, este martes, el fiscal federal Fernando Alcaraz brinde su alegato, al igual que el defensor de la funcionaria, para que, luego, los jueces Rattá, Daniel Doffo y Hugo Echegaray dicten el veredicto.
Según las fuentes, el Tribunal también está a la espera del sumario administrativo contra Masquijo, el cual no está finalizado debido a que también están aguardando el resultado del proceso penal.
El caso estalló el 31 de agosto de 2009, luego de una presentación realizada desde la Unidad Fiscal de Investigación de la Seguridad Social. La causa la tomaron el fiscal Francisco Maldonado y el juez Leopoldo Rago Gallo, en la que se comprobó que hubo maniobras irregulares en la concesión de jubilaciones durante una serie de tramitaciones que se efectuaron desde el 29 de septiembre al 1 de octubre de 2008.
Tal cual se señaló, la modalidad delictiva consistió en que los gestores “atrasaron” las fechas de nacimiento de las personas que averiguaban para acceder a una jubilación en las fotocopias de sus DNI, con el objetivo de que llegasen a la edad jubilatoria requerida por ley en esa época, tanto para hombres (65 años) como para mujeres (60).
De esa manera, hubo dos casos en los que se adulteró en 10 años la fecha de nacimiento. Por ejemplo, un hombre había nacido en 1942, pero se lo registró en 1932. Luego, se dieron tres situaciones con 5 años de diferencia “hacia atrás”, una de tres años y dos de dos años. Incluso, hubo dos retoques en tan solo meses para que cerrara el requisito etario para el beneficio provisional.
Según se desprendió del debate y de fuentes judiciales, la “picardía” de los gestores, que encuadró en el delito de falsificación de documento y fraude contra la administración pública, se dio cuando desde el gobierno nacional del peronista Néstor Kirchner se lanzaron los planes de moratoria. Dichos programas consistían en que los trabajadores que no tuvieran los 30 años de aportes pudiesen “comprar” los que les faltaban a través del descuento que se les producía cuando se les otorgaba el beneficio, además de lo que complementaba el Estado.
La medida provocó que se creara en 2006 la UDAI Rawson, la que estuvo a cargo de Ricardo Azar, y se produjeran largas filas para averiguar sobre la moratoria. Para agilizar la atención, los empleados hacían lo que denominaban “peinar la cola”, es decir, salir de los puestos de la delegación, hablar con los interesados para conocer que trámite requerían o qué requisitos les faltaban.
En ese desorden, los gestores apuraban los trámites con la sola presentación de fotocopias del DNI, lo que avalaron algunos empleados. Aunque Gómez y Zárate no se metieron con las jubilaciones por moratoria, sino que tramitaban los beneficios con la adulteración de las fechas de nacimiento. Por sus servicios, cuya maniobra delictiva desconocían los beneficiarios, cobraban desde sumas fijas (300, 900 y 1.000 pesos) hasta un haber y medio o tres haberes.
Los jubilados de esa manera, dependiendo de los casos, cobraron durante dos, cinco, 10 y 11 meses, hasta que el beneficio se les suspendió por la irregularidad. Frente a ello, tuvieron que rehacer el trámite cuando cumplieron la edad jubilatoria, explicaron las fuentes.