Tras blanquear 753 mil dólares, desligan a empresarios de un contrabando de pasas, pero siguen investigados por otros delitos

Los empresarios Javier Omar Álvarez, Yong Soo Kang y Jorge Guillermo Franco, accionistas de Pistacuy, accedieron a un blanqueo de capitales lanzado durante el gobierno nacional kirchnerista de Alberto Fernández y pagaron 753 mil dólares, poco más de 1.000 millones de pesos según la cotización actual. De esa manera, tal cual lo establece dicha norma, fueron sobreseídos por la Justicia Federal de un contrabando millonario de pasas, equivalente a la suma que depositaron. La movida benefició a socios de compañías “satélites” implicados en la maniobra, identificados como Eduardo Ángel Repossini, Daniel Juan Tomeich y Jorge Alfredo Esquivel.

Sin embargo, el juez Leopoldo Rago Gallo dejó abierta la investigación contra todos los involucrados por una presunta asociación ilícita y lavado de activos, lo que fue confirmado hace una semana por la Cámara de Apelaciones de Mendoza, tras un planteo defensivo de dos de los sospechosos, confirmaron fuentes judiciales.

No es lo único, ya que siguen en la mira judicial, por todos los delitos, Pablo Alberto Julián Salvador, Guillermo José Dell’Orto y Fernando Kang. El primero es despachante de Aduana, que intervino en la mayoría de las operaciones del grupo económico y que tiene vinculaciones con los socios principales de Pistacuy. Al segundo, la ex AFIP lo señala como integrante de los órganos de decisión de las compañías de dicho conglomerado comercial, mientras que, el tercero, hijo de Yong Soo Kang, figura como gerente de una firma de Estados Unidos utilizada para una triangulación económica.

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El caso estalló a fines de mayo de 2022, cuando el magistrado ordenó allanamientos y secuestro de documentación de varias de las firmas involucradas. Fue a raíz de una fiscalización que hizo tanto la ex AFIP como la Dirección General de Aduana desde 2021. La causa significó un escándalo y causó impacto en el mundillo productivo, ya que la comercialización de pasas se encuentra en el segundo lugar de las exportaciones en San Juan, sólo detrás de la minería.

De acuerdo a datos oficiales, el producto registró en 2025 un crecimiento del 20 por ciento en valor FOB (Free On Board), que significa el precio de la mercadería puesta a bordo en el transporte, y del 16 por ciento en volumen, respecto a 2024.

Según la denuncia de los organismos nacionales, la maniobra consistió en una triangulación de la mercadería y la presentación de documentación falsa para evitar o reducir el monto del ingreso de divisas al país (dólares), por lo que se pagan impuestos, y, aún así, percibir beneficios del Estado por la exportación.

En el expediente figura que Pistacuy es la que tiene la verdadera infraestructura de producción y exportación y es la proveedora principal de las dos restantes. Pasas del Sol es revendedora y utiliza facturas de compra de Pistacuy para justificar su mercadería. A su vez, Mayfratex había informado la existencia de tan solo un empleado: Tomeich.

En esencia, Álvarez, Kang y Franco, dueños de Pistacuy, tienen estrechas vinculaciones con Pasas del Sol y Mayfratex, al punto que la ex AFIP y Aduana calificaron a las compañías como integrantes de un mismo núcleo económico.

Las tres exportaban pasas a distintos países (Brasil, Bolivia, Colombia, Uruguay, Chile, República Dominicana, Panamá, Rusia y Países Bajos), pero facturaban la venta a nombre de una intermediaria en La Florida, Estados Unidos, Dried Fruits International. Ahí se producía la triangulación.

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Dried Fruits International tiene como socios a los propios Álvarez, Kang y Franco, dueños de Pistacuy. Un punto a resaltar: según el Código Aduanero, los exportadores tienen la obligación de declarar si la empresa vendedora posee vinculación comercial, financiera o de cualquier clase con la compradora. Es información clave para la Aduana, la que le permite determinar si el precio pactado está “inflado” o “reducido” fruto de esa relación. Es un mecanismo de control. Los empresarios no informaron tal ligazón.

La segunda fase de la mecánica consistía en que las tres empresas argentinas señalaban que los compradores les notificaban de supuestos defectos o problemas en la calidad del producto, como la presencia de toxinas, lo que implicaba una reducción del precio. Por eso, emitían notas de crédito a su favor, lo que servía para descontar o achicar al máximo el valor de la transacción.

 De esa manera, no ingresaban, o lo hacían de forma reducida, los dólares de la operación al mercado de cambios en Argentina, sino que la plata quedaba en la cuenta de Dried Fruits International en Estados Unidos.

Además, las empresas cobraban los llamados reintegros de exportación, un alivio fiscal que entregaba el Estado, dado que informaban la venta por el valor real y no comunicaban el monto descontado. Así, también disminuían la base imponible en el pago del Impuesto a las Ganancias y del IVA.

Tras la denuncia, se desencadenó la investigación y los sospechosos fueron indagados por contrabando agravado, debido a la intervención de tres o más personas, mediante la presentación de documentos falsos o adulterados ante el servicio aduanero y porque el valor de la mercadería en plaza es equivalente o superior a los 3 millones de pesos. Tal maniobra tiene una escala penal que va de 4 a 10 años de cárcel.

Sin embargo, Álvarez, Kang y Franco encontraron una alternativa brindada por el Estado. A través de sus abogados, decidieron adherir a un régimen de blanqueo impulsado por el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández. Se trata de la ley 27.613, llamada Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, la que fue ampliada a través de la norma 27.679, denominada de forma parecida: Incentivo a la Inversión, Construcción y Producción Argentina.

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Dicha legislación salió con el objetivo de priorizar la recaudación para la inversión en, por ejemplo, la construcción de proyectos viviendas. El objetivo fue que usuarios y contribuyentes “exteriorizaran” fondos de moneda local o extranjera y lo incorporaran al circuito legal. Como moneda de cambio, el régimen otorgaba beneficios y “perdones” a aquellos que tengan causas tributarias o aduaneras.

De hecho, el artículo 6 y el 11 de la ley 27.613 señalan que las personas “podrán declarar de manera voluntaria ante la AFIP” (hoy ARCA) “la tenencia de moneda extranjera y/o nacional en el país y en el exterior”, cuyo beneficio conlleva la liberación “de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder”.

Así fue que los defensores de los dueños de Pistacuy echaron mano a la normativa, cuya adhesión conlleva a la extinción de la acción penal. Las fuentes explicaron que el planteo giró en torno a que se trata de una “amnistía general y temporal”, dictada por el Congreso a raíz de sus facultades. El “efecto” de la norma “es perdonar el delito, tanto para los autores como para los partícipes”, indicaron.

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Eso sí, Álvarez, Kang y Franco tuvieron que “exteriorizar”, es decir, pagar un total de 753.085 dólares, dado que la Aduana había determinado que lo que no se ingresó en concepto de divisas fue de 753.009 dólares. Así, se cubrió el faltante con los organismos nacionales.

El planteo tuvo el OK de la ex AFIP y Aduana, al igual que el del fiscal federal Fernando Alcaraz, por lo que el juez Rago Gallo los sobreseyó el 18 de junio de 2025 del delito de contrabando agravado. De acuerdo a las fuentes, como la ley contempla la extensión del beneficio a los partícipes, la movida benefició también a Eduardo Repossini, Daniel Tomeich y Jorge Esquivel.

El primero fue presidente y representante de Pistacuy, pero la Aduana lo consideró como un partícipe, dado que tuvo un rol administrativo y no acreditó solvencia económica propia. Tomeich era presidente de Mayfratex (aunque era su único empleado) y gerente de Pasas del Sol. Según la denuncia, era el responsable legal de ambas empresas satélites. Por su parte, Esquivel también le facturaba a la empresa norteamericana y, si bien actuaba de forma personal, se lo vinculó a las maniobras del grupo.

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No obstante, el magistrado no los desvinculó de los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Los defensores de Repossini y Tomeich apelaron y, además de pedir el sobreseimiento por esas figuras, solicitaron que la Aduana quede fuera de la cancha y que no sea más querellante. En líneas generales, los abogados señalaron que, al caerse el delito de contrabando, el resto de las calificaciones penales también deben quedar en la nada. En la misma línea plantearon lo de la intervención del organismo nacional, el cual habría perdido su función.

Apartar a la Aduana era clave, ya que se trató del denunciante y es el que tiene todos los elementos para tratar de seguir con la causa. Así, la Cámara de Apelaciones de Mendoza rechazó el planteo de Repossini y Tomeich, por lo que sigue abierta la causa por la integración de una asociación ilícita y lavado de activos.

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Además, las fuentes explicaron que, hasta el momento, también siguen bajo investigación Pablo Salvador, Guillermo Dell’Orto y Fernando Kang por contrabando agravado, asociación ilícita y lavado de activos. Salvador es despachante de Aduana, un puente entre un privado y el Estado, quien es contratado para llevar adelante los trámites de exportación. Según el expediente, intervino en el 73 por ciento de las operaciones de Pistacuy y la totalidad de las transacciones de Pasas del Sol y Mayfratex. En total, hubo 26 Pedidos de Embarque (PE) en los que intervino el grupo económico y participó Salvador.

A su vez, Fernando Kang, hijo de Yong Soo Kang, es gerente de Dried Fruits Internacional, la empresa de Estados Unidos señalada por hacer la triangulación de la facturación. Por su parte, Dell’Orto está sindicado por su vinculación con el grupo económico integrado por las tres empresas argentinas, en el que participaría de la toma de decisiones.

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¿Pueden acogerse al blanqueo? Las fuentes aseguraron que sí, pero hasta el momento no trascendió que lo hicieran. Aunque, en el caso de Salvador, el despachante de Aduana, resaltaron que también debe analizarse su responsabilidad profesional, si es materia de un hecho delictivo o, por el contrario, de alguna sanción administrativa. Sucede que los imputados son defendidos por diferentes estudios jurídicos.

Ahora, ¿qué falta para que la causa se cierre o tenga una definición de si los imputados tienen que ser procesados o desvinculados definitivamente? Hay fuentes que explicaron que Aduana debe precisar por qué sostiene que existe lavado de activos. Para ello, remarcaron que se estaría averiguando sobre bienes de las empresas y de los involucrados para determinar si el dinero que “se ahorró” de las subfacturaciones a través de las notas de crédito fue reintroducido al sistema formal, de manera ilegal, para ocultar el origen delictivo.,

Además, se debe probar si se dan los elementos para que se configure el delito de asociación ilícita.