Los debates más picantes: desde la invocación a Dios, el derecho a réplica hasta la reelección del Gobernador

El 23 de abril de 1986 se sancionaba la entonces nueva Constitución de San Juan, la cual entraba en vigencia a los pocos días, el 1 de mayo. Se han cumplido 40 años de ese hito histórico, el cual estuvo atravesado por acalorados debates, como la invocación a Dios en el mismo preámbulo, la declaración de principios de la carta magna. El bloque radical, el mayoritario, se basaba en una postura laica, en la que había convencionales que señalaban que no era necesaria ninguna invocación y otros que casi que equiparaban Dios con la consciencia del hombre.

Las bancadas opositoras, el PJ y el bloquismo, sostenían una tradición religiosa, con una mención explícita de Dios como “fuente de toda razón y justicia”. Finalmente, hubo acuerdo para una conjunción que contuviera ambas miradas.

Fue tan sólo una de las discusiones que se gestaron. Otra tuvo que ver con la idea de la inclusión directa del derecho a réplica, impulsada por la UCR. La movida se produjo en medio de las críticas que llevaba adelante Diario de Cuyo, el principal medio en esa época, sobre la tarea de los convencionales, principalmente, del radicalismo. Hubo quejas y reclamos de entidades y asociaciones periodísticas nacionales, mientras que los representantes del bloque mayoritario también disparaban duros cuestionamientos.

También te puede interesar: El día que Don Leopoldo redobló una a apuesta con la reforma total de la Constitución y el tiro le salió por la culata

Al final, el derecho a réplica se incluyó dentro del artículo referido a la libertad de expresión, respetando la redacción contemplada en el Pacto de San José de Costa Rica, como querían los radicales.

No fue lo único, ya que la bancada mayoritaria propuso la reelección del Gobernador, la que no estaba contemplada en la Constitución bloquista de 1927. ¿Los fundamentos? Habilitar la posibilidad de la continuidad de un programa de gobierno y otorgarles el derecho a los ciudadanos de premiar o castigar una gestión.

Llamativamente, el peronismo expresó su oposición al señalar que podía gestarse una perpetuación que afectaría el principio republicano de alternancia. La UCR tuvo el apoyo del bloquismo y se estableció una sola reelección y la imposibilidad de que el gobernador y el vice reelectos no puedan sucederse recíprocamente. Un tema que recobró actualidad en 2023.

0264 Noticias ha reflejado, en dos notas previas, las vivencias de dos protagonistas, el convencional bloquista Pedro Rizo y el de la UCR, Rubén Pontoriero. El primero rememoró la decisión política que tomó el entonces gobernador Leopoldo Bravo al ir a fondo con la reforma total de la Constitución, cuando el pedido de los partidos y sectores gremiales era retocar la ley electoral, entre otros temas. La jugada salió mal. El segundo narró la sorpresiva victoria radical, la usina intelectual que aportó el partido a nivel nacional y el trabajo que desempeñaron tanto los dirigentes históricos como la nueva camada que ingresó a la Convención.

A través de dos nuevas publicaciones, 0264 Noticias da a conocer los debates más picantes y los cambios más trascendentales que se plasmaron en la Constitución.

También te puede interesar: La sorprevisa victoria radical y cómo se edificó la carta magna con la usina intelectual nacional y el trabajo local

En esta ocasión, la lupa se posó en las discusiones que saltan a la luz en el diario de sesiones de la Convención. Una que se dio al inicio fue la redacción del preámbulo, la carta de presentación con los valores que pretenden sintetizar el espíritu de la Constitución.

Y el eje de la confrontación fue la inclusión de Dios. Como se señaló, hubo un choque de posturas: si se quiere, una pluralista y laica y, la otra, tradicional, religiosa o conservadora. El radicalismo se enrolaba en la primera mirada. En líneas generales, sostenían que en la carta magna no debía prevalecer una sola creencia, sino que debía existir una visión plural, que incluyera a no creyentes. Incluso, manifestaban, como lo hizo Héctor Miguel Seguí, que recogieron opiniones que indicaban que “no era necesario formular ninguna invocación”.

La propuesta de la UCR fue una frase que levantó polvareda entre los opositores: “Invocando a Dios o apelando a la conciencia del hombre”. El que más fuertemente enfatizó su rechazo fue el bloquista Wbaldino Acosta, quien llegaría a la Gobernación en 2002 al reemplazar a Alfredo Avelín tras su destitución.

“Acá se trata de ofrecer una ambivalencia, que da lo mismo, como alternativa, invocar a Dios, que es la fuente de la verdad, que es el Ser perfecto, que la conciencia humana, que es falible y que es imperfecta”, resaltó el bloquista. Calificó la idea radical como la imposición de un “Estado agnóstico” y destacó que el Estado y la Iglesia deben estar separados, pero “debemos reconocerle a la Iglesia Católica un estatus histórico preferencial, porque ella ha sido la docente pedagógica de nuestra cultura”.

Por su parte, la peronista Margarita Ferrá de Bartol hizo hincapié en que “la no mención de Dios en el Preámbulo” implicaría “el desconocimiento de una de las creencias más difundidas de nuestra sociedad. Implicaba el no reconocimiento de la fe en un gran número de habitantes. Por ello decidimos hacer mención de Dios en nuestro preámbulo, por reconocimiento, por respeto a la gran mayoría de los habitantes”.

En la Comisión Redactora se produjo el consenso. El texto señaló que la “Soberana Convención Constituyente (…) consciente de la responsabilidad ante Dios y ante los hombres con el objeto de afianzar los fundamentos institucionales que profundicen la democracia participativa en lo político, económico, social y cultural…” Ahí hubo un mix de posturas.

Tras llegar a un acuerdo, Seguí explicó que “la invocación a Dios es mantener en el Preámbulo un sentido católico, que lo percibimos en la población de San Juan, pero es también mantener con esa invocación a Dios, al Dios de los otros credos, a los cuales también respetamos en toda su dimensión, porque nosotros no creemos en el absolutismo religioso y si en el pensamiento libre de los hombres. Nosotros consideramos que existen otras religiones a las cuales les debemos respeto, como constituyentes, y como ciudadanos de un país que quiere vivir en democracia”.

Disputa por la réplica

Un tema que desató un arduo debate fue la incorporación del derecho a réplica en la Constitución. El bloque mayoritario señalaba que no se trataba de atacar la libertad de prensa, sino de proteger la dignidad y el honor del ciudadano común frente a informaciones inexactas o agraviantes. Entre sus exponentes figuraron José Luis Russo, Seguí y Antonio Falcón, los que agregaron que era adecuar la carta magna a tratados internacionales.

El bloquismo presentó una férrea oposición. Acosta consideraba que el derecho a réplica ya estaba contenido en la Constitución nacional y en el Pacto de San José de Costa Rica, por lo que su inclusión local era innecesaria y que se buscaba un efecto político. Además, entendía que obligar a un medio de comunicación a publicar una respuesta era una “invasión de la jurisdicción de la propiedad privada”.

En el medio, hubo una disputa con Diario de Cuyo, dado que, a través de una sección denominada Bancada 31, se expresaban críticas hacia los convencionales radicales. El bloque mayoritario habló de humillaciones contra la Convención y de “exageraciones y rumores falaces”. Incluso, se llegó a plantear una cuestión de privilegio para que asistieran los directores del medio a dar explicaciones. No lo hicieron y hasta hubo un repudio por parte del organismo.

Con respecto a la incorporación del derecho a réplica, hubo reacción nacional. Diario Clarín publicó un editorial en el que advertía la “alarma” por tal situación, dado que significaba una forma de “amordazar” el pensamiento. La Sociedad Interamericana de Prensa envió notas al presidente de la Nación expresando su “profunda preocupación”. Incluso, ADEPA y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) también hicieron sus planteos al referirse al “avasallamiento a la autonomía de empresa”.

El tema se zanjó al incorporar el derecho a réplica dentro del artículo 25, sobre Libertad de expresión, aunque bajo una redacción casi idéntica al Pacto de San José de Costa Rica, como pretendía el radicalismo. “Toda persona que se considere afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio, a través de medios de difusión, tiene derecho a efectuar por el mismo medio su rectificación o respuesta, gratuitamente y con la extensión máxima de la información cuestionada”, señala el artículo.

Pero, agrega: “La crítica política, deportiva, literaria y artística en general, no está sujeta al derecho de réplica”.

La reelección

Un cambio que introdujo la bancada radical, que no estuvo exento de debate, fue la instalación de la reelección para el gobernador, dado que la Constitución de 1927 no la contenía y establecía un solo mandato. El orador fue Mario Rojas, quien explicaba que la posibilidad de ir por otro periodo era “para el cumplimiento de un programa de gobierno y, en ese caso, el pueblo debe tener derecho a una gestión limitada que estimamos prudente en un período más”.

Destacaba que era la chance que se daba para que “los hombres a cargo del Ejecutivo” pudiesen llevar adelante una “obra totalizadora”, dado que la “confirmación de un segundo mandato por parte del pueblo  permitirá la mejor trascendencia de su accionar”.

Por su parte, el PJ, a través de la bancada Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), expresó su rechazo. Eduardo Luis Leonardelli sostuvo que “nuestro bloque no ha considerado positiva la reelegibilidad”. Una postura llamativa, debido a que el fundador del partido, el general Juan Domingo Perón había ido por la reelección.

Leonardelli explicaba que “lo que está en juego es impedir prácticas políticas non sanctas, los tejes y manejes de los gobernadores o la sentencia palaciega que afectan la pureza del pronunciamiento popular”.

En la década del ’80, el dominio político era del bloquismo, salvo en la legislativa nacional de 1985 y la elección, justamente, de convencionales constituyentes, en la que salió tercero y derivó en la renuncia de Bravo a la Gobernación. Después, el partido de la estrella ganaría en la contienda para el máximo cargo provincial de 1987. Entonces, la oposición peronista pueda explicarse en esa supremacía del rival. Como era de esperarse, la fuerza política que fundaron los hermanos Cantoni apoyó la propuesta de la UCR.

De todas formas, Leonardelli reconocía y advertía que, “en fuertes sectores de nuestro partido, de los integrantes del Frejuli, hay pronunciamientos favorables a la reelección”. De hecho, el PJ volvió al poder en 1991 a través del empresario Jorge Escobar, quien fue destituido en 1992. Fue repuesto en su cargo y, en 1995, fue nuevamente electo. Cuatro años más tarde, volvió a presentarse para la Gobernación, pero cayó ante el cruzadista Alfredo Avelín.

En 2003, José Luis Gioja alcanzó la cúspide política en la provincia y fue reelecto en 2007. No solo eso, sino que fue el que enmendó la Constitución para habilitar una reelección más, es decir, que un gobernador pueda estar por un total de tres periodos, 12 años, tal cual lo puso en práctica.

Lo sucedió Sergio Uñac en 2015, quien repitió mandato en 2019. Quiso usar la re reelección, pero fue inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que le consideró su paso como vicegobernador (2011- 2015) como un periodo más. Entonces, el máximo tribunal puso un freno a la chance que permite la Constitución, tras la enmienda giojista, de que un gobernador, luego de sus periodos, pueda ser vice y así volver a conducir el Ejecutivo, un punto que el artículo de la carta magna del ’86 no permitía.