La sorpresiva victoria radical y cómo se edificó la carta magna con la usina intelectual nacional y el trabajo local

“En el partido, nunca pensaron que podían ganar. Por eso, en los primeros seis lugares de la lista pusieron a todos los cabezones. De ahí para abajo, metemos a estos muchachos alfonsinistas que son la izquierda de la UCR. Y ahí fue que entró el malón”. La frase es del reconocido abogado Rubén Pontoriero, convencional constituyente y secretario legislativo de la Convención, quien revela la sorpresa que significó el triunfo del radicalismo local en la elección de 1985, que llevó a que tuviera la mayoría para cimentar una nueva carta magna.

Ante semejante desafío, los convencionales sanjuaninos se apoyaron en la usina intelectual del partido a nivel nacional: Jorge Reynaldo Vanossi, Humberto Quiroga Lavié y Antonio María Hernández. El primero es señalado como el “cerebro” constitucional de la UCR. Fue diputado nacional de 1983 a 1993 y llegó a ser vicepresidente primero de la Cámara baja. También fue candidato a vicepresidente en la interna radical de 1995.

Quiroga Lavié es un jurista que fue convencional constituyente en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 por el bloque de la UCR y miembro del Consejo de la Magistratura del sector académico, pero con vínculos con el partido. Hernández cierra el tridente de expertos en doctrina constitucional. También fue diputado nacional por el radicalismo (representando a Córdoba) y fue el vicepresidente de la Comisión de Redacción en la Reforma de la Constitucional Nacional de 1994.

Actuaron como asesores externos y fuente doctrinaria para el bloque radical de contacto permanente. El propio Pontoriero reconoció el aporte de Vanossi y Quiroga Lavié, dado que varios de los integrantes de la bancada UCR eran muy jóvenes. “Una Convención Constituyente merecía un estudio y una formación mucho más profunda de la que teníamos muchos de los que estábamos ahí”, resaltó el abogado.

De todas formas, hubo jóvenes de ese entonces que estuvieron en lugares relevantes, como el propio Pontoriero en su rol de secretario Legislativo y Antonio “Nito” Falcón, como secretario Administrativo.

Incluso, las fuentes resaltan el trabajo de los dirigentes de peso de la época. Héctor Miguel Seguí fue el convencional que más habló, dado que era el miembro informante del bloque mayoritario y presidente de la Comisión Redactora. Fue electo diputado nacional en 1989. Después, aparece Martín Riveros, cuyas intervenciones giraron en torno a la discusión sobre la democracia participativa y el régimen electoral.

Miguel Moragues, como presidente de la bancada, fue el que marcaba la posición política del radicalismo frente a temas conflictivos, además de intervenir en la dirección del debate. También fue diputado nacional en la reconstrucción democrática, de 1983 a 1985.

Aparece la figura de un joven Mario Capello, a quien le reconocen una activa participación en la discusión particular de los artículos de la Constitución. En 1999 fue electo diputado nacional y hoy está ligado a la actividad minera, al punto que fue subsecretario de Desarrollo Minero en la gestión del presidente Mauricio Macri y, luego, respaldo fuertemente la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, del Pro, hoy enrolada en La Libertad Avanza.

Otro que las fuentes indican como un orador activo fue Juan José Russo, quien opinó durante el debate del capítulo de declaraciones, derechos y garantías, al igual que en la organización del Poder Judicial.

Era un radicalismo fuerte, con cuadros técnicos y dirigentes con trayectoria, además de que incorporaba jóvenes a sus filas a raíz de la irrupción de Alfonsín y la llamada Coordinadora. La Junta Coordinadora Nacional de la UCR fue el espacio político, intelectual y militante de jóvenes que se encolumnaron bajo la figura del entonces presidente y ligados a la social democracia. Pontoriero reconoció que venía de ese palo.

De acuerdo a los registros históricos, el partido de Alem había salido primero en 1983 en un tablero de tercios con el PJ y el bloquismo. De esa forma, metió dos diputados nacionales: el ya señalado Moragues y un histórico como Ricardo Colombo. En 1985, la UCR no solo triunfó en la elección de convencionales constituyentes, sino, también, en la de integrantes para ocupar bancas en la Cámara baja de la Nación. Los elegidos fueron Mario Gerarduzzi, ex juez federal, y Domingo Usín.

Gerarduzzi renunció a su cargo como titular del Juzgado Federal Nº1 el 15 de agosto de 1985, a casi tres meses de las elecciones de ese año, para dedicarse de lleno a la actividad política. Pontoriero recordó que hubo una disputa interna por la presidencia de la Convención, que quedó en manos del exjuez federal y que Colombo la quería. Sin embargo, este último renunció en la segunda sesión del 5 de febrero de 2026 y explicó que el motivo era “el exceso de tareas y la constante labor parlamentaria del Congreso de la Nación”, lo que le impedía participar de las tareas de la Convención.

Tras su paso por la Justicia Federal y en el marco de los megajuicios por delitos de lesa humanidad, fue señalado por el fiscal Dante Vega como un protagonista que actuó en “connivencia” con los grupos de tareas y con el personal policial del D2 durante la dictadura. Por su parte, el Tribunal indicó que convalidaba actas de instrucción militar que fueron tomadas bajo tortura y que también rechazaba sistemáticamente los recursos de hábeas corpus. Se salvó del debate oral y público porque murió el 13 de noviembre de 2011.

A cuatro décadas de aquel hito, Pontoriero destacó como uno de los mayores logros el carácter "innovador, moderno y proactivo" de una carta magna que  "prendió la mecha de un reformismo total" en el país, dado que, la de San Juan, fue la primera de la nueva etapa democrática antes de la reforma nacional de 1994. Para el abogado, un punto valioso fue el clima de "camaradería y convivencia" en el que se gestó la Constitución, dado que se llegó a un texto basado en el respeto al régimen participativo y las instituciones, rompiendo con la "sociedad cerrada" que imperaba en la provincia.

Con el paso del tiempo, Pontoriero reconoció "errores que cometimos", como la decisión de haber ubicado al Ministerio Público Fiscal dentro del Poder Judicial y no como un órgano extrapoder. Algo que hoy considera un anacronismo. Además, criticó el destino de organismos como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, los cuales terminaron convertidos en "cotos de caza de los partidos políticos y de acomodo de funcionarios", lo que lo aleja de su función técnica.

El cuestionamiento más incisivo de Pontoriero recayó sobre el Consejo de la Magistratura. Recordó que, en aquel entonces, fue el único que se opuso al sistema adoptado, advirtiendo que la "avaricia del político" buscaría mantener un "aura de poder" sobre el judicial. Para el abogado, una deuda es no haber avanzado hacia un Consejo "absolutamente independiente", basado exclusivamente en exámenes y puntajes, similar al modelo italiano, para evitar que la Justicia responda a los gobiernos de turno.