En un gesto de sintonía, la Corte le dará todas las causas de corrupción de la Cámara Penal que habían pedido los fiscales

El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, confirmó que “le vamos a entregar” a Fiscalía “la totalidad” de las causas por delitos contra la administración pública que “están en trámite y las que están guardadas en un archivo” bajo el ámbito de la Cámara Penal y que se manejaron con el viejo sistema de investigación. Se trata de un gesto de sintonía con el jefe del Ministerio Público, Guillermo Baigorrí, quien había pedido tal información, luego de que los fiscales de Cámara le comunicaron que hicieron la solicitud a los magistrados de ese Tribunal y no consiguieran una respuesta sobre la cantidad de esos expedientes.

En su escrito a la Sala de Superintendencia de la Corte, que también preside Olivares Yapur, el jefe de los fiscales había deslizado críticas a los camaristas, por lo que la reacción del titular del máximo tribunal apunta a calmar las aguas.

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Olivares Yapur brindó las definiciones en el programa A todo o nada, de 0264 Radio, que se transmite por 107.3 en FM, en el canal de YouTube de 0264 Noticias y sus respectivas redes sociales. No fue lo único, ya que el cortista resaltó que la implementación del juicio por jurado es “una decisión política del Poder Ejecutivo junto al Legislativo, más que del Poder Judicial”, entre otras definiciones.

0264 Noticias había dado a conocer que los fiscales de Cámara, Silvina Gerarduzzi, Marcela Torres y Daniel Galvani, le habían pedido la cantidad de casos por corrupción que estén en etapa de juicio a los miembros de la Cámara Penal, presidida este año por Juan Bautista Bueno e integrada por Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe.

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Los jueces contestaron el 20 de marzo y ya sentaban su postura, dado que señalaban que, “en todos los procesos judiciales” que se tramitan en la Cámara, “ha tenido y actualmente registra obligada intervención el Ministerio Público, ya sea por parte de los fiscales de primera instancia o los fiscales de Cámara y, por ende, con pleno conocimiento de aquellas causas por delitos contra la administración pública”.

En limpio: que los fiscales debían contar con esa información porque actúan con dichos expedientes, ya que el representante del Ministerio Público de primera instancia es el que pide la elevación de una causa a juicio, mientras que, los de segunda instancia, los de Cámara, participan ofreciendo prueba para el desarrollo de un debate en un proceso por delitos contra el Estado.

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No obstante, los camaristas aclararon que, “con el objetivo en prestar un adecuado servicio de Justicia, les solicitamos especifiquen con el número y carátula correspondiente” los procesos que querían revisar. Justamente, era una información de la que Fiscalía no disponía.

La respuesta no cayó bien, al punto que en el Ministerio Público hablaban de una reticencia a la hora de brindar dicho informe. Así, el fiscal General le solicitó a la Sala de Superintendencia de la Corte que interceda para obtener la documentación.

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Y lo hizo con algunos cuestionamientos. Por ejemplo, les recordó a los magistrados que, sobre la Cámara, “recae la obligación de registrar la totalidad de las causas que bajo su competencia son tramitadas, por lo que la información fidedigna, precisa y confiable debe estar en su poder”.

Además, hizo hincapié en dos artículos del Código de Ética Judicial, los cuales le “impone a los jueces el deber de promover y colaborar en todo lo que signifique un mejor funcionamiento de la administración de Justicia, como, también, el deber de documentar todos los actos de su gestión y permitir su publicidad”. Incluso, remarcó que el pedido se basa en que el mismo Código Procesal Penal establece como prioridad la investigación de delitos contra la administración pública.

Ante ese escenario, el presidente de la Corte y de la Sala de Superintendencia aplacó los ánimos, ya que la movida de Baigorrí tampoco había caído bien en la Cámara.

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Olivares Yapur aseguró que “le vamos a entregar la totalidad de la información, o sea, las que están en trámite y las que culminaron. Todas”. Las primeras son aquellas en las que está pendiente la realización del juicio y, las segundas, son las que se encuentran en un depósito, en unas 150 cajas, debido a que ya tienen sentencias, según habían explicados fuentes calificadas.

En ese marco, explicó que “analizamos las razones por las cuales el fiscal no tiene la totalidad de la información y, la cámara, cierta dificultad. Es por la variación de los sistemas informáticos que hemos realizado en estos últimos años. Ahora, se trabaja con otro software, distinto al que se usaba en aquel momento”, en referencia al viejo sistema penal.

Entonces, agrego, “lo que hizo la Corte fue ofrecerle a la Cámara Penal un equipo de especialistas, que ya habían trabajado en el sistema anterior, para que haga un análisis. Se trajeron del archivo todas las cajas a una oficina especial, que está situada al lado de la Cámara Penal, y están trabajando arduamente en el análisis de cada una de esa documentación. La van cargando al sistema nuevo para luego, a través de algún pendrive o algún elemento informático, poner a disposición de la Sala de Superintendencia”, la que, “inmediatamente, la va a poner a disposición del Ministerio Público Fiscal porque es información pública que no se puede negar”,

Si bien se trata de causas con sentencias, el presidente de la Corte remarcó que, en el sistema mixto inquisitivo, el anterior al acusatorio, “la investigación estaba a cargo del juez de instrucción o del juez correccional. Si hay algún expediente que, por alguna razón, está en condiciones de ser instado por el Ministerio Público Fiscal, lo puede hacer”.

Juicio por jurado, una decisión política del Ejecutivo

Desde el año pasado, la Corte viene haciendo capacitaciones para una futura puesta en marcha de los juicios por jurados, un mecanismo contemplado en la Constitución y en el Código Procesal Penal, el cual contiene el sistema acusatorio. Sin embargo, dicho proceso se encuentra “suspendido hasta que una ley de la provincia lo ponga en movimiento cuando se cuente con la infraestructura”.

Por eso, indicó que, “como el jurado popular es elegido del padrón electoral y está integrado por ciudadanos de la provincia, implementarlo significa dictar una norma con alcance global. Entonces, a mi humilde entender, la decisión política es del poder ejecutivo para poder implementarlo, junto al poder legislativo, que es el que tiene que dictar una ley”.

Además, destacó que “creemos que es necesario, como todo lo penal que hemos ido implementando gradualmente, que el juicio por jurados populares se circunscriba (…) a los delitos de homicidio agravado. Entonces, no vamos a tener una catarata de juicio por jurado, vamos a ser restrictivo y le vamos a dar la posibilidad a los jueces, fiscales y abogados de que vayan tomando training”.

Incluso, confirmó que, “por lo pronto, este año vamos a continuar con el plan académico de difusión de crear la conciencia cultural” sobre el mecanismo”. De esa forma, resaltó que, “el 6 de mayo, se va a realizar el primer simulacro de juicio por jurado popular en la provincia, con la intervención de estudiantes de las tres universidades: la Universidad de Congreso, la Católica de Cuyo y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Va a ser en el Rectorado de la UNSY y la particularidad es que, los que van a actuar, dado que es una dramatización, de jurado son ciudadanos comunes. Algunos estudiantes van a obrar de jueces, otros de fiscales, otros de defensores y de parte querellante”.