Olivares Yapur señaló que “la crisis se ha agudizado” y que, por eso, frenaron el reenvío del proyecto para crear 80 cargos

Mañana, Adriana García Nieto le dejará la posta a Daniel Olivares Yapur en la conducción anual de la Corte de Justicia. El nuevo presidente habló el viernes con 0264 Noticias y destacó que “la crisis se ha agudizado”, tanto a nivel nacional como su impacto en la provincia, por lo que explicó que, por ese motivo, “consideramos prudente esperar” el reenvío de un proyecto de ley del máximo tribunal para crear 80 cargos judiciales. La iniciativa había sido presentada en la Cámara de Diputados en 2024 y perdió estado parlamentario dado que ni siquiera llegó a tratarse en comisiones.

Olivares Yapur contó que, desde la Corte, hablaron el año pasado con el gobernador Marcelo Orrego para un aporte para la segunda fase de la remodelación del edificio 9 de Julio, que se anexará al palacio de Tribunales, pero que “depende de los números de la provincia”. El máximo tribunal está financiando la culminación de la primera etapa del histórico inmueble que albergará los fueros Civil, Laboral y Familia, mientras que el 25 de Mayo sólo contendrá el ámbito Penal. El presidente resaltó que propondrá entre sus pares que todo el complejo se denomine Polo Judicial San Juan.

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- El lunes arranca su presidencia en la Corte, ¿qué ejes tiene previstos para este año? ¿Qué va a profundizar?

- Nosotros estamos siempre trabajando en un plan programático que va avanzando conforme se van cumpliendo las etapas y objetivos. Desde que comenzó hasta ahora, hemos logrado realmente lo que denomino una metamorfosis judicial importante y trascendente, incluso fuera de la provincia. Creo que ha llegado el momento de profundizar y transparentar los sistemas a la sociedad, más aún de lo que ya lo hemos hecho. Ha llegado el momento de continuar profundamente con la capacitación de los recursos humanos. En estos últimos años, han ingresado una cantidad importante de personas, sobre todo, con la instrumentación del sistema acusatorio y de la oficina judicial como ente auxiliar.

- ¿Ha dialogado con el fiscal General, Guillermo Baigorrí, y la defensora General, Mónica Sefair, sobre temas a tratar en conjunto?

- Hemos dialogado y vamos a trabajar este año para capacitar al personal e ir optimizando todas las acciones para que ocurran dos cosas. Primero, que continuemos con el acortamiento de plazos en el sistema procesal y, segundo, que ese acortamiento no sea una disminución de las garantías constitucionales ciudadanas. Que todo el mundo pueda acceder a la Justicia y tenga una respuesta razonable, eficiente en tiempos.

- ¿Se va a retocar algún Código Procesal?

- A cinco años del sistema procesal penal acusatorio adversarial, lo venimos analizando y creo que podemos continuar analizándolo para ver si hay ajustes que hacer. No sé si se plasmen los retoques, pero es bueno comenzar a estudiarlo y ver de qué manera podemos perfeccionar el sistema este año. Podría ser muy favorable tomar la experiencia de los cinco años, más las propuestas que nos han hecho el Foro de Abogados, la Asociación de Abogados Penalistas (Asap), el Colegio de Magistrados y Confías (Consejo de Fiscales y Asesores), también desde el Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa y tener como resultado una mejoría en las normas procesales, tanto en lo penal como en otras materias.

- Adriana García Nieto avanzó el año pasado con los conversatorios sobre la posible aplicación de juicios por jurado. ¿Usted va a impulsar eso, lo va a llegar a implementar?

- La implementación del juicio por jurados populares, como en su momento lo fue el sistema acusatorio y Flagrancia, es una cuestión del Estado provincial. Es decir, toda decisión que comprenda y alcance a toda la ciudadanía involucra la decisión del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y el acompañamiento también del Poder Judicial, que es en donde se produce la instrumentación de un sistema de procedimientos, tal como lo indica la Constitución Nacional. El proceso por jurados populares está legislado en nuestro Código Procesal Penal Acusatorio Adversarial, pero requiere de una ley para ser instrumentado. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que es quien nos provee de la legislación, deberán decidir, conforme a mérito y conveniencia esa instrumentación. Desde el Poder Judicial, vamos a continuar este año creando una conciencia en los operadores jurídicos, abriendo las puertas al conocimiento de qué es el juicio por jurados populares.

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- García Nieto también habló de impulsar el sistema acusatorio en el régimen penal juvenil. ¿Está entre sus objetivos?

- Hay un proyecto de ley de Código Procesal Acusatorio en juvenil que está a estudio y consideración de los ministros de la Corte. No puedo anticipar que se va a cumplir porque todavía en la Corte no lo hemos considerado en acuerdo. Sabemos que se ha trabajado mucho en la comisión para su obtención y hay que seguirlo trabajando porque hay que ver cómo eso puede llegar a impactar y si se plasma la ley de disminución de la edad de punibilidad de los menores. Y cómo se trabajaría. Me parece importante estudiarlo bien.

- Mencionó la reforma que se va a dar en la ley penal juvenil a nivel nacional con la baja de la imputabilidad. La normativa prevé instituciones específicas para el alojamiento de menores de edad. ¿Eso puede llegar a demorar una aplicación del sistema acusatorio?

- Tengo entendido que la ley fija un plazo breve para esa instrumentación y es una decisión que depende de quien conduce el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Nosotros, por supuesto, vamos a acompañar las decisiones que tengan, pero no es algo que podamos definir desde el Poder Judicial.

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- La Corte sí trabaja en el sistema y es el sistema es el que va a llevar menores a esas instituciones…

- Sí. Cuando estemos obligados, el juez tiene que aplicar la ley vigente. Desde la Corte, como uno de los tres poderes del gobierno del Estado, tenemos que tener un diálogo muy fluido en este tema y ver en conjunto cómo, porque hay que ver las consecuencias que eso va a producir.

- La sanción de la reforma a la ley penal juvenil puede llegar a demorar, por ejemplo, la implementación del sistema acusatorio en el régimen penal juvenil local.

- Puede tener incidencia, no sé si demorarla.

- ¿Qué incidencia?

- Estamos abocados a un estudio, que no va a terminar el mes que viene, que vamos a hacer con profundidad. Cada vez que se ha tomado la decisión de la aplicación de un sistema, requiere del estudio preliminar, de tener reuniones para saber la opinión del Colegio de Magistrados, del Foro de abogados, del Ministerio Público y, por supuesto, del Poder Ejecutivo y Legislativo. Son cuestiones que tienen que ver con políticas que impactan, sobre todo, en la sociedad sanjuanina. No podemos decir nada de forma aislada ni apresurada.

- ¿Ya ha tenido contactos previos con el fiscal general Baigorri? ¿Cómo vislumbra que va a ser esa relación?

- Cuando el doctor Baigorrí asumió, la Corte ha tenido reuniones con él. En lo personal, lo conozco desde hace años. Puedo decir que tenemos una relación muy fluida, muy acorde a las necesidades institucionales. Él ha tomado decisiones y desde la Corte hemos hecho todo el aporte de lo que él ha necesitado para instrumentar su impronta como conductor del Ministerio Público Fiscal. Continuamos con una relación muy fluida y armónica con él.

- En una entrevista anterior, mientras estaba el concurso, había dicho que el nuevo fiscal General tenía que entender que el Ministerio Público era parte del Poder Judicial y que tenía que haber una armonía. Con Eduardo Quatroppani (el fallecido jefe del Ministerio Público), si bien se dieron muchos consensos, tenía un estilo muy crítico con casi todos los miembros de la Corte…

- Sin perjuicio que con el doctor Quatroppani he sido muy amigo, él era así, con ese carácter. Pero no puedo decir que no hayamos trabajado en conjunto. Los resultados que hoy tiene, en particular, el fuero penal, son un ejemplo para el resto del país.

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- Pero considera que va a estar dentro de la lógica de comprender esto que el Ministerio Público Fiscal forma parte del Poder Judicial…

- Por supuesto, así lo ha manifestado. Por imperio constitucional, la Corte y el Ministerio Público, que forma parte del Poder Judicial, trabajan articuladamente y los resultados están a la vista. Vamos a seguir trabajando así.

- Uno de los temas que viene sonando es el concurso para el ingreso de personal que finaliza este año. ¿Tiene la intención de llamar a un nuevo concurso o prorrogarlo?

- La Corte decidió prorrogarlo hasta agosto y hasta esa fecha está vigente el listado de aspirantes que habían aprobado el concurso. No he tenido la reunión con la Corte para tratar ese tema. La razón por la que lo prorrogamos fue porque había caducado el software que tenemos para poder hacer los exámenes, porque recuerdo que la computadora corrige el examen, o sea, nadie corrige el examen a su criterio, el programa lo hace en forma automática y eso garantiza la objetividad. Se han hecho las readecuaciones correspondientes con nuestro equipo informático de desarrolladores y ya lo tenemos listo, en caso de que la Corte resuelva hacer el concurso. No puedo anticiparlo porque no se ha tratado todavía.

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- García Nieto envió dos proyectos de ley para la creación de cinco cargos de magistrados. ¿va a hacer gestiones con el Gobierno para que salgan y se traten en la Cámara de Diputados?

- La Corte ya ha hecho las gestiones, a través de nuestra presidenta, la doctora García Nieto. Antes, la Corte ya había tomado la decisión, en conjunto con el fiscal General, de crear estos cinco cargos por resultar absolutamente necesarios para el Poder Judicial, aclarando que cada cargo no conlleva la creación de una infraestructura, sino que es solamente el cargo, porque la infraestructura de apoyo a estos jueces nuevos ya la tenemos. Es la ventaja de trabajar bajo la nueva morfología de oficina judicial y colegio de jueces o gestión asociada. La Corte ha valorado eso oportunamente y la señora presidenta ha gestionado y, por eso, se ha enviado el proyecto de ley y esperamos que el Poder Legislativo le dé tratamiento cuando lo considere conveniente.

- Aun así, ¿considera que tendría que hacer alguna gestión para que salga ese proyecto?

- Creo que la gestión está hecha. Nuestra presidenta ha hablado con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, pero son los que deben tomar la decisión. Somos muy respetuosos de lo que se disponga en cuanto al trámite que se le dé a este proyecto en el Poder Legislativo.

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-El proyecto para la creación de 80 cargos que se presentó en 2024, ¿planea reenviarlo o considera prudente esperar?

- Nosotros hemos considerado prudente esperar. Somos respetuosos de los tiempos y de las decisiones del Poder Legislativo que tienen que ver con la actual situación que está viviendo el país y la provincia. En el marco de ese respeto por las decisiones institucionales, solo la Corte envía proyectos de las cuestiones que establece estrictamente necesarias. Aquel proyecto fue impulsado por un pedido que hizo en su momento el doctor Quatroppani, con la defensora General.

- El proyecto también contemplaba cargos para la magistratura, además de Fiscalía y Defensa…

- Porque tiene que haber un equilibrio entre la capacidad de trabajo del Ministerio Público Fiscal y la del ámbito jurisdiccional.

- Este proyecto de 80 cargos, inclusive, puede trascender su gestión…

- Efectivamente, no sabemos cuándo. Cuando llegue el momento, volveremos a abordar el tema.

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- Hay una crítica, subterránea, que señala que el Poder Judicial o la Corte no está a tono con el momento de ajuste, recortes o priorización del gasto, como cuando se mandó este proyecto de 80 cargos. Quiere dar alguna opinión respecto de eso…

- El Poder Judicial trabaja por una mejor Justicia. Es un servicio que consideramos prioritario y esencial para la pacificación social. La Corte, cuando ha hecho pedidos, los ha hecho en función de los nuevos sistemas y para que el ciudadano se vea beneficiado por la acción de la justicia. Y lo hemos hecho porque nos correspondía, como cabeza de poder, hacerlo por impulso, en este caso, del Ministerio Público Fiscal, conforme a las necesidades de ese momento. Vemos que la crisis se ha agudizado y esa es la razón por la que dijimos vamos a esperar a ver qué análisis hacemos en los próximos meses respecto del funcionamiento, pero considero que el Poder Judicial toma decisiones que tienen que ver con absoluta necesidad. De todas maneras, el Poder Judicial, desde el primero hasta el último de los agentes, suma 2.000 personas y pico.  Si comparamos con otras provincias, que también tiene que ver con la situación demográfica y geográfica de cada una de ellos, pero que tienen la misma cantidad de habitantes, tienen un Poder Judicial con 4.600 agentes. El nuevo rediseño del Poder Judicial, para beneficio de toda la sociedad, ha hecho necesarias estas incorporaciones y no creemos que sea en desmedro de la situación económica, para nada. El presupuesto del Poder Judicial no es el que inclina la balanza de la economía sanjuanina. Si lo comparamos con el presupuesto de la provincia, conforme a la Constitución de la provincia es el 6 por ciento. Entonces, entendemos, en general, la situación económica actual del país y de la provincia. Tratamos de ser lo más restrictivos posible.

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- En su gestión se va a inaugurar la refuncionalización del edificio 9 de Julio para el Poder Judicial y el edificio en Jáchal para la Segunda Circunscripción Judicial…

- Estamos trabajando profunda y constantemente para que eso ocurra, pero no porque sea en mi gestión de presidencia, sino porque lo necesita con urgencia el poder judicial. El plazo de culminación de la obra del edificio 9 de Julio, conforme al contrato, es a fines de junio de este año. Pero sabemos que nunca hay una obra pública ni privada que termine en plazo, más con una obra de este tamaño. Estamos hablando de un presupuesto de 9.000 millones de pesos, que se complica y siempre hay una prórroga, pero como ya estamos al 30% de avance de obra en este momento, creemos que vamos bastante ‘on time’ con el desarrollo. Nos hace pensar que antes de fin de año la vamos a tener lista a la primera etapa, que abarca subsuelo, planta baja, primero y segundo piso. Considero, y así lo voy a proponer, que se denomine Polo Judicial San Juan. Porque va a nuclear todo el fuero penal en este edificio (el 25 de Mayo) y todo el resto en el otro edificio (el 9 de Julio). Este es una necesidad urgente que tenemos, porque hay muchos inmuebles que están alquilados para el funcionamiento y que el abogado tiene que hacer todo un periplo para poder cumplir con su misión cuando tiene que concurrir a audiencia. Más allá de que ahora todo el procedimiento es digital y el abogado, la verdad, que viene poco a tribunales. Pero, si lo hace, es mejor que tenga todo nucleado en un solo polo y no que esté diseminado por toda la ciudad, más allá del canon locativo que tenemos que pagar.

- Dijo antes de fin de año. El contrato indica fines de junio, pero ¿su estimación es octubre, noviembre?

- No, antes. Esperamos que sea antes de septiembre. Pero, bueno, es hacer futurología. Sería fantástico que pudiéramos tener la posibilidad de tenerlo terminado en septiembre, octubre.

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- La Corte, bajo su gestión y con sus pares, ¿le pedirán algún tipo de colaboración al Ejecutivo para terminar la segunda etapa del edificio 9 de Julio?

- No lo ha tratado todavía la Corte. Lo hemos hablado el año pasado con el Gobernador y tiene la mejor predisposición. Por supuesto, depende de los números de la provincia y es una cuestión que seguramente se decidirá más adelante. Vamos a ver cómo se puede encarar eso porque no desconocemos la situación actual del país y de la provincia. Y, lo otro, está muy avanzada la obra de la ciudad judicial de Jáchal, en la Segunda Circunscripción, que también es un edificio realmente muy importante.

- Con respecto al fideicomiso que comparte la Corte de Justicia con el Poder Ejecutivo, los recursos están destinados originalmente a la Ciudad Judicial. Para poder utilizarlos, sería necesario un cambio normativo. ¿Está en su mente y en la de sus colegas plantear alguna modificación para utilizar esos fondos?

- Todo es posible. Reuniones tenemos en forma permanente, así que es posible que pueda plantearse ese tema, pero no está en este momento en la agenda inmediata de la Corte. En el fideicomiso, el Poder Judicial es fideicomisario. Es decir, no manejamos esos fondos. Por el contrato, lo maneja el Poder Ejecutivo.