Exclusivo: Rago Gallo y su pedido para seguir como juez federal; “enchufado, no fuerzo ninguna ley y camino tranquilo por la calle”

Tras la publicación del viernes en el Boletín Oficial de la Nación, salió a la luz que el juez federal Leopoldo Rago Gallo quiere seguir en el puesto más allá de los 75 años, los que cumple en agosto. En exclusiva, el magistrado le dijo a 0264 Noticias que se encuentra “con ganas de continuar”, que el nuevo Código Procesal, que contiene el sistema acusatorio en el ámbito federal, “te tiene enchufado en forma permanente”. Además, señaló que “no fuerzo ninguna ley, es sólo hacer uso de mi derecho, lo que no quiere decir que me designen” y remarcó que, luego de 33 años como magistrado, “camino tranquilo por la calle”.

Rago Gallo fue designado el 25 de febrero de 1993 a cargo del Juzgado Federal N°2. Desde entonces, ha estado al frente de las investigaciones más resonantes dentro de ese ámbito. Su tribunal tiene competencia en lo penal, por lo que ha llevado adelante todos los casos de narcotráfico en la provincia, ordenó el retiro de la escombrera (40 millones toneladas de roca) que la minera chilena Los Pelambres había depositado en la cordillera calingastina, tuvo el secuestro extorsivo de María del Carmen López, esposa del empresario Eduardo Barceló; tramitó los expedientes por delitos de lesa humanidad en la última dictadura, que derivó en tres megajuicios con exmilitares y expolicías condenados, y la causa por la desaparición de Raúl Tellechea, entre otras.

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Además, el juzgado tiene competencia en materia contenciosa administrativa, los pleitos entre particulares y empresas con reparticiones del Estado nacional, como PAMI y ANSES, y en el área tributaria y de ejecuciones fiscales de los organismos recaudadores, como ARCA, ex AFIP. Es decir, un puesto de mucho peso.

Lo “fuerte” o lo de mayor impacto social es lo penal, en el que Rago Gallo tenía una cuota de poder superlativa, debido a que comandaba las investigaciones gracias al Código Procesal Federal, el cual contenía el sistema mixto inquisitivo, lo mismo que sucedía en la Justicia Provincial. Sin embargo, ese poder se diluyó con la puesta en marcha el 5 de agosto de 2024 del sistema acusatorio, dado que la pesquisa quedó en manos de los fiscales.

Rago Gallo, hoy, es juez de Garantías, en el que controla que se respeten las garantías constitucionales de los imputados, además de que da el OK para la detención de personas, el allanamiento de domicilios y la intervención de teléfonos, por ejemplo.

Propuesta by rios.walter.leonardo

Frente a ese nuevo mecanismo penal, el magistrado resaltó que “el Código Procesal nuevo es mucho más activo. Es un tratamiento muy activo del derecho, que te tiene totalmente enchufado en forma permanente porque es oral. Ha sido un cambio positivo a esta altura de mi vida para aquellos que venimos de una formación no oral cuando nos formamos en la juventud”.

Así, destacó que “me siento bien y feliz haciendo lo que hago en este momento. Me siento bien físicamente, lúcido y entiendo que puedo seguir volcando la experiencia que tengo. A la Justicia la he abrazado con mucha voluntad, siempre. Y, bueno, se da esta alternativa que tenemos todos los jueces de pedir la prórroga. Es una posibilidad, nada más, se puede dar como no”.

El inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional establece que los jueces o juezas federales que hayan cumplido 75 años, pueden seguir en el cargo por otros cinco años más, siempre que sean propuestos por el presidente (en este caso, Javier Milei) y tengan el acuerdo del Senado, con los dos tercios de los miembros presentes.

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Previo a ello, el reglamento elaborado por el Ministerio de Justicia de la Nación determina que el magistrado debe pedir la prórroga de su función dentro del año en el que está a punto de llegar a los 75. Rago Gallo lo hizo a fines de 2025. La cartera judicial publicó la solicitud del juez sanjuanino y ahora se abre un plazo de cinco días para que la sociedad civil, los colegios profesionales y organismos de derechos humanos, por ejemplo, brinden sus opiniones, su respaldo u objeciones al magistrado.

En ese marco, el juez expresó que, “en San juan, nos conocemos todos. Creo que, en general, tengo una aprobación de la sociedad, sin querer ser arrogante”.

Frente a la decisión de querer continuar en el puesto y las críticas que pueden desatarse, remarcó que “tengo la posibilidad legal de seguir. Por lo tanto, no fuerzo ninguna ley. Es solo hacer uso del derecho que tengo. Tengo esa facultad. Eso no quiere decir que me voten o no o que me designen o no. Me puede ir bien o mal”.

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De esa forma, sostuvo que, “si me va bien, mejor. Si me va mal, bueno, no será tan mal porque también voy a ser feliz en la calle. Soy un juez que puede caminar por la calle tranquilo, solo, sin miedo. No estoy mirando para atrás y duermo tranquilo”.

Ahora, entra a tallar la parte política, como en cualquier concurso del fuero federal. En el caso de un hipotético visto bueno a Rago Gallo, la propuesta saldría del presidente Milei, pero está claro que la sugerencia tendrá la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Un hombre de la denominada “familia judicial” de Comodoro Py, la sede de los poderosos juzgados federales porteños, que tramitan las causas de corrupción contra cualquier Gobierno nacional.

El ministro es hijo de Carlos “Coco” Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal quien, dicho sea de paso, pidió la prórroga para continuar en el cargo, tuvo el aval de Milei (como era de esperarse) y ahora su pliego se definirá en el Senado. Mahiques hijo ingresó al Poder Judicial de la Nación a los 20 años, fue secretario de un Tribunal Oral, fue funcionario en la gestión macrista, miembro del Consejo de la Magistratura y fiscal General en Ciudad de Buenos Aires. Además de esos pergaminos, medios nacionales lo señalan como un operador judicial profesional.

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¿Rago Gallo tiene llegada al ministro de Justicia, de manera directa, por intermedio del padre “Coco” Mahiques o algún otro operador? Sin dudas que 33 años como magistrado forjan vínculos judiciales. Se verá si tiene llegada por ahí.

Fuentes judiciales indicaron que fue toda una señal que el Ministerio de Justicia publicara la pretensión del magistrado, lo que significa activar el procedimiento. Otras, en cambio, explicaron que es una obligación de la cartera judicial de llevar adelante tal notificación, tal cual lo establece el reglamento interno.

Siempre en el eventual caso de un OK del Ejecutivo, el pliego va al Senado. Según las fuentes, las propuestas oficiales de jueces federales de provincias no suelen tener grandes objeciones o rechazos, salvo casos particulares. La disputa suele estar en los magistrados de Comodoro Py, que son los que tienen las denuncias por corrupción de expresidentes o jefes de Estado en actividad, por lo que los bloques se alinean en defensa o en ataque, según la circunstancia, de acuerdo a los lineamientos partidarios.

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Después, están las alternativas negativas para Rago Gallo. Que el presidente Milei no envíe expresamente su pliego al Senado o no lo haga antes de que cumpla los 75 años. Si eso pasa, el Ministerio de Justicia debe comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación que se produjo una vacante para que se dispare el concurso de reemplazo.

La otra opción es que la Cámara alta no preste el acuerdo o no lo haga antes del límite de edad. En ambos casos, se produce la comunicación al Consejo de la Magistratura de la vacante.

Rago Gallo asumió como juez bajo el procedimiento de designación anterior al que se instauró con la reforma constitucional de 1994. En ese entonces, en 1993, el mecanismo consistía en la propuesta del presidente con el acuerdo del Senado. Hoy, el sistema incluye un concurso de antecedentes y oposición (examen escrito) con puntuación y orden de mérito por parte del Consejo de la Magistratura, más una etapa discrecional de valoración y puntos durante las entrevistas de los consejeros.

En ese marco, Rago Gallo tomó funciones durante el gobierno nacional de Carlos Menem, mientras que, en San Juan, estaba al frente Juan Carlos Rojas. En ese entonces, como pasa ahora, entre el Ejecutivo nacional y el provincial hay consultas y contactos para el nombramiento de un magistrado. Sobre todo, si pertenecen al mismo palo político. Si no, hay un lazo roto.

Sin embargo, las fuentes remarcaron que, en el caso del juez sanjuanino, el que fue clave en su designación fue el entonces diputado nacional Luis Alberto “Quito” Martínez, que estuvo en los períodos 1985 – 1989 y 1989 – 1993. Fue un reconocido dirigente peronista, menemista de la primera hora, que fue uno de los fundadores de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) y una pieza clave del sindicato local de la Unión Judicial, según lo reflejan las crónicas de la época. Murió en un trágico accidente en 2018.