Tribunal Oral Criminal Federal

Ya está la fecha del juicio por trata de personas contra un reconocido abogado: el 21 de mayo

Es Gustavo De la Fuente, quien manejaba una agencia de modelaje, en la que, en realidad, mujeres realizaban streaming de contenidos eróticos y sexuales.
miércoles 06 de mayo de 2026

El Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan, bajo la presidencia de Daniel Doffo, definió la fecha de inicio del juicio por trata de personas contra el reconocido abogado penalista Gustavo De la Fuente. Será el 21 de este mes, en el que también será juzgado el colombiano John Sebastian Quevedo, uno de los “socios” que el profesional tenía en el estudio de modelaje “Belle Argentina”.

De acuerdo a la acusación, en dicha agencia, en realidad, unas 21 mujeres realizaron transmisiones en vivo (streaming) de contenido erótico y actos sexuales con usuarios de otros países. Según el expediente, ambos se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad y de pobreza de las víctimas, con el objetivo de maximizar ganancias con el material que producían.

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De la Fuente se encuentra detenido con prisión preventiva desde julio de 2024 en el Penal de Chimbas, acusado de ser coautor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, agravada por la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Quevedo, el otro presunto coautor, está detenido con domiciliaria.

La causa estalló el pasado 3 de julio, con la captura del abogado en su estudio jurídico, lo que desencadenó el resto de las detenciones. Además, hubo allanamientos y la mira se centró en la agencia “Belle Argentina”, que estaba ubicada en calle Güemes 4 Sur, en Capital. La fachada era el de un local de modelaje, pero, en la práctica, se generaban transmisiones en vivo de producciones sexuales y de contenido erótico. El streaming se comercializaba a usuarios fuera de Argentina, como clientes de Estados Unidos y México, entre otros.

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En el allanamiento a Belle Argentina, personal de Gendarmería había encontrado a tres mujeres, pero la investigación arrojó que por la agencia pasaron 21, las que fueron explotadas sexualmente.

0264 Noticias había adelantado en exclusiva el nombre de la empresa y su contenido en sus cuentas de Facebook e Instagram, en las que se promocionaba como “el primer estudio de Modelaje Web Cam en San Juan”.

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De acuerdo a la acusación fiscal, la “captación se llevaba a cabo a través de ofertas laborales engañosas difundidas en redes sociales”, dado que, “de las publicaciones no se desprendía con claridad qué tareas se debían desarrollar, es decir, no había mención explícita vinculada al sexo virtual y/o streaming erótico”.

En ese marco, De la Fuente (dueño de la agencia) y Quevedo realizaban las entrevistas a las interesadas, las que, recién ahí, se enteraban de la verdadera tarea a realizar. La oferta laboral consistía en que las modelos se quedarían con el 50 por ciento de las transmisiones, las que se cobrarían en dólares. Sin embargo, al final, percibían un porcentaje menor y en pesos.

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Un tema que se debatió fue el hecho de que las mujeres “no eran obligadas a realizar nada en particular, sino que eran libres de elegir qué hacer y qué no, que eran libres de continuar con la actividad o dejarla”, tal cual lo planteó la defensora pública, Gema Guillén, que representa a Quevedo y Rodríguez Martínez. Lo hizo en su apelación al procesamiento que había dictado Rago Gallo.

Sin embargo, los jueces de la Cámara Federal de Mendoza sostuvieron que la ley 26.842, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas, “expresamente prevé que el consentimiento dado por la víctima de trata y explotación de personas no constituirá, en ningún caso, causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”.

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Además, en el fallo que confirmó los procesamientos de De la Fuente y Quevedo, se resaltó que “no puede dejar de advertirse la situación de vulnerabilidad psicosocial, económica y emocional que presentan las víctimas abordadas, tal y como se desprende del informe técnico realizado por el Programa Nacional de Rescate a las Víctimas de Trata, y del que fue elaborado por la Dirección de Género de la Provincia de San Juan”.