Se cayó el acuerdo de juicio abreviado contra un barrabrava de San Martín y seguirá preso por 30 días

Un inesperado giro se produjo este martes en la causa que investiga la violenta interna de la barra brava del Club Atlético San Martín. El juicio abreviado acordado entre Fiscalía y la defensa de Franco Maurín Vargas finalmente se cayó luego de que el imputado se negara a reconocer los delitos que se le atribuyen.

La audiencia se desarrolló ante el juez de Garantías, Diego Sanz, con la participación del fiscal Alejandro Mattar y la defensa encabezada por Adolfo. Maurín Vargas está imputado por lesiones agravadas y portación de arma de fuego de uso civil condicionado, en el marco de una investigación que busca esclarecer distintos episodios violentos vinculados a facciones de la barra verdinegra.

Según trascendió en la audiencia, el acuerdo contemplaba una condena de un año de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial. Sin embargo, el imputado rechazó la autoría de los hechos, condición indispensable para avanzar con el procedimiento abreviado, por lo que el convenio quedó automáticamente sin efecto. Además, sobre Maurín Vargas también pesa una acusación por el daño agravado de la tobillera electrónica que llevaba colocada mientras cumplía prisión preventiva domiciliaria.

Tras la caída del acuerdo, Fiscalía solicitó extender la prisión preventiva por 30 días, debido a que la medida estaba próxima a vencerse. La querella adhirió al planteo y la defensa no presentó oposición. Finalmente, el juez Sanz resolvió dictar la continuidad de la prisión preventiva por un mes más, medida que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

Ahora, el acusado deberá afrontar un juicio común y, en caso de ser encontrado culpable, podría recibir una condena de hasta cuatro años de prisión efectiva.

La causa se originó en marzo de 2025, en medio de una escalada de violencia y tiroteos entre las facciones “La Banda del Pueblo Viejo” y “La Nueva Generación”. Esta causa, además de Maurin, tiene varios involucros, entre ellos a un ex policía, Diego Ulises Ruarte, acusado de vender información sobre procedimientos policiales a integrantes de la barra de San Martín. Ruarte acordó una pena de seis meses de prisión en suspenso y aceptó una inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Además, hay otros implicados ligados a la Banda del Pueblo Viejo. Entre ellos se encuentran los hermanos Franco y Jonathan González, quienes ya fueron condenados en juicio abreviado. Franco recibió ocho meses de prisión efectiva, que representan su sexta condena, mientras que Jonathan aceptó seis meses de prisión efectiva tras la revocación de una condena en suspenso dictada en 2021. Ambos fueron imputados por amenazas simples, daños, tentativa de violación de domicilio y lesiones leves.

En la misma investigación aparece Marcelo Gerardo González Pereyra, alias “El Puchi”, quien fue detenido el 24 de septiembre durante una serie de 13 allanamientos simultáneos en Concepción. Fue imputado por amenazas agravadas por el uso de armas, violación de domicilio, daños y lesiones, aunque recuperó la libertad al no contar con antecedentes penales.

También está involucrado Agustín Agüero, quien fue liberado, pero debe cumplir reglas de conducta, presentarse mensualmente en una comisaría y no acercarse a menos de 200 metros de las personas denunciantes.

Asimismo, fue imputado Fernando Moya, trabajador municipal y prestamista, quien accedió a una probation al no registrar antecedentes condenatorios. Entre los ya condenados también figuran Iván Andrés Dávila Yafar, quien aceptó un año de prisión efectiva que se acumuló a una condena condicional previa, quedando una pena única de tres años de prisión efectiva, y Facundo Agustín Marcoleta Rodríguez, condenado a seis meses de prisión, y Facundo Asís, integrante de “La Banda del Pueblo Viejo”.