Tras dos rechazos
El intendente y los concejales de Angaco buscan que la Corte decida si la causa debe continuar en el fuero penal
El intendente de Angaco, José Castro, y los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López jugaron la última carta para evitar que el Ministerio Público Fiscal los investigue por los delitos de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento. El abogado del jefe comunal, Marcelo Fernández, confirmó que presentó un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Impugnación, que habilitó a que los protagonistas sean investigados en el ámbito penal. La defensa viene sosteniendo que no se trata de una causa penal sino civil, que debe ser enviada al juzgado Contencioso Administrativo, ya que, insisten, lo que está en juego es una resolución emitida por el Concejo Deliberante angaquero, una ordenanza que permitió que Castro lleve adelante una reparación integral del daño para intentar zafar del juicio que lo tiene procesado por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes. Con el recurso presentado buscan que la Corte de Justicia analice el tema y defina si la nueva causa contra el intendente, y que incluye a los ediles, es del fuero penal o no.
De acuerdo al procedimiento, el recurso de casación es presentado, primero, ante el Tribunal de Impugnación. Esto es, ante la jueza Ana Lía Larrea, quien habilitó que se avance con la causa penal y que el fiscal Francisco Nicolía comience con una investigación preparatoria contra Castro y los concejales. La magistrada debe definir si le da curso a la presentación realizada por la defensa del intendente y, así, elevar el expediente a la Corte de Justicia. Si resuelve lo contrario, rechazando el recurso de casación, el abogado Marcelo Fernández confirmó que presentarán un recurso de queja, esto es, ir directamente ante el máximo tribunal de justicia de la provincia para que analice la causa. Mientras, según entienden desde la defensa, el proceso penal contra Castro y los ediles no puede avanzar hasta que exista una definición de la Corte, situación que podría hacer demorar más el expediente.
Ese escenario no es menor porque un tribunal está esperando dicha definición para determinar si se lleva adelante o no un juicio contra Castro. El jefe comunal está procesado por los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes por haber sido denunciado a fines de 2019, en su anterior gestión al frente del municipio, por quienes eran concejales en su momento. Castro quedó en la mira por, presuntamente, haber utilizado maquinaria y personal municipal en un terreno privado ubicado en Chimbas.
Tras varios años de trámite, finalmente la causa llegó a juicio y un tribunal fijó fecha de inicio del debate para el 23 de febrero pasado. Cuatro días antes de esa fecha, a través de su abogado, Castro presentó ante los magistrados un acuerdo de conciliación, una reparación integral del presunto daño ocasionado, logrado con el Concejo Deliberante actual, donde los tres ediles que están en la mira prestaron su conformidad, mientras un concejal opositor votó en contra y una edil se abstuvo. Por ese acuerdo, Castro, Ríos, Palacio y López fueron denunciados por la fiscal Silvina Gerarduzzi y así, desde ese momento, el fiscal Nicolía, de la UFI Delitos Especiales, busca investigarlos. Al existir una nueva causa contra Castro, el tribunal de juicio decidió suspender el debate hasta que no exista sentencia definitiva en el sistema acusatorio, proceso que ahora se extenderá por el recurso de casación presentado por la defensa de los imputados con el objetivo de que la Corte resuelva el planteo.
Sobre el pedido de que la causa pase al fuero civil, Castro y los concejales llevan acumulados dos reveses judiciales, en primera y en segunda instancia, por lo que muchos entienden que tendrán una resolución negativa de la Corte y la causa se mantendrá en el sistema acusatorio.
De avanzar la causa penal contra el jefe comunal y los ediles, deberá iniciarse primero la IPP, la que está prevista que dure seis meses, para luego dar lugar a un control de acusación y recién después a un juicio con una sentencia que debe ser confirmada por un tribunal superior y luego, de ser requerido, por la Corte. Así, hay quienes entienden que la causa puede demorar por lo menos un año para tener “sentencia definitiva” y recién ahí comenzar con el juicio contra Castro por los presuntos delitos cometidos en su anterior gestión.
Un dato no menor es que en 2027 hay elecciones y Castro puede repetir en el cargo de intendente, por lo que muchos creen que dichas causas penales pueden influir en su posible reelección.