En 0264 Radio
Baigorrí le pedirá al Gobierno por cargos de fiscales y ayudantes fiscales para el acusatorio y el nuevo Régimen Penal Juvenil
Ante el constante ingreso y tramitación de hechos delictivos en el sistema acusatorio, sumado a que se pondrá en vigencia en septiembre el nuevo Régimen Penal Juvenil, el fiscal General, Guillermo Baigorrí, adelantó en 0264 Radio que le solicitará al Ejecutivo por cargos judiciales. “Yo pediría 10 fiscales”, como de máxima, dado que reconoció que “me darán cuatro, seis, siete”. En cuanto a los ayudantes fiscales, que son los funcionarios que están en la calle, que van a los lugares de los hechos con la Policía, habló de unos “10 o 12”.
El jefe del Ministerio Público pasó por el programa A todo o nada, que se transmite por 107.3 del dial en FM y por el canal de 0264 Noticias en YouTube.
Baigorrí reconoció que “necesito más ayudantes fiscales” y que, actualmente, va moviendo ese tipo de funcionarios de una Unidad Fiscal de Investigación (UFI) a otra de manera flexible, dependiendo de las necesidades, demandas y el nivel de funcionamiento de cada una de ellas. Incluso, señaló que “hay muchas unidades fiscales que me piden un fiscal más y, fundamentalmente, ayudantes fiscales”.
Estos últimos, como funcionarios judiciales, tienen que ser designados por la Corte de Justicia en un cargo dentro de la estructura del Poder Judicial. Y eso, un puesto, es justamente lo que no hay. “No tengo cargos”, admitió el jefe de los fiscales, ya que todos fueron cubiertos con la implementación en su totalidad del sistema acusatorio, allá por febrero de 2024.
“Espero plantearle al Gobierno que, en la nueva ley de presupuesto, me doten de más fiscales y más ayudantes fiscales”, destacó Baigorrí. Ante la demanda de ambos tipos de funcionarios judiciales, se deben crear dichos puestos a través de una ley que presente el Ejecutivo o la propia Corte. Los fiscales quedan nombrados luego del proceso constitucional de pasar por la terna que arma el Consejo de la Magistratura y la definición final de la Cámara de Diputados.
A su vez, los ayudantes fiscales son abogados que pueden entrar a la Justicia por medio de los concursos de ingreso que organiza el máximo tribunal, el cual, luego, lleva adelante las designaciones, a pedido o en sintonía con el Ministerio Público.
Como toda ley de creación de cargos, debe pasar por la Legislatura y, además, tener el aval del Gobierno, ya que es el que dispara las partidas para los salarios de los magistrados. La Constitución establece que el Ejecutivo destinará al menos el 6 por ciento del presupuesto provincial al Poder Judicial, pero no todo va a sueldos, ya que dichos fondos también se utilizan para obras, insumos y equipamientos.
De hecho, la Corte había enviado en 2024 un proyecto de ley para crear 80 cargos de funcionarios judiciales para reforzar el sistema acusatorio y destinarlos a las áreas de los jueces, los fiscales y defensores oficiales. Sin embargo, la iniciativa perdió estado parlamentario y el actual titular del máximo tribunal, Daniel Olivares Yapur, había indicado que no iba a ser reenviada, dado que consideraba “prudente esperar” debido a la situación económica que impacta en la provincia.
Incluso, el máximo tribunal también mandó en febrero a la Cámara de Diputados dos proyectos de ley para crear dos cargos de juez de Familia y uno de Paz de Pocito, más otro de juez y uno de asesor oficial para la Segunda Circunscripción Judicial (que comprende Jáchal e Iglesia). Hasta el momento, no ha habido ningún movimiento legislativo sobre esa iniciativa.
Entonces, se verá si hay respuesta ante un nuevo requerimiento, en este caso, del fiscal General. “Esto tiene que ver no solamente con lo que estamos necesitando hoy, sino que vendrá el nuevo procedimiento del Código Procesal Penal juvenil. Si nosotros instauramos un sistema acusatorio dentro del ámbito penal juvenil, es necesario crear más juzgados y muchas más Fiscalías porque ahí aparece otra tarea”, resaltó Baigorrí.
Bajo un sistema acusatorio, son los fiscales los que llevan adelante la investigación de los hechos delictivos, junto con la Policía, mientras que los jueces actúan como responsables de que se respeten las garantías constitucionales de los sospechosos, además de dictar órdenes de allanamientos, detención y sentencias.
El nuevo Régimen Penal Juvenil, sancionado por la gestión del presidente libertario Javier Milei, no solo bajó la edad de imputabilidad de menores de 16 a 14 años, sino que también manda a investigar todos los delitos, cuando la anterior ley (aún vigente) permitía el archivo de expedientes frente a hechos con penas menores a dos años, que no fueran violentos ni provocaran conmoción social, como el hurto. Ese combo es el que producirá el incremento de expedientes a tratar.
La ley Penal Juvenil va a empezar a regir en septiembre y el jefe de los fiscales reconoció que “tenemos que ponerla en funcionamiento. ¿Cuáles son los dos caminos? Uno, que no es el ideal, es utilizar el sistema como está, viendo la manera de que los jueces de menores, con el sistema inquisitivo (el actual), puedan manejar sistemas alternativos de solución de conflicto, como la reparación (integral del daño), e incorporar la Justicia restaurativa también. Que en la ley vieja no está previsto. Lo hacen los jueces, a veces, aplicando criterios, pero no sería bueno”.
Así, destacó que lo “ideal sería pasar al otro escenario, al del acusatorio. En una de esas, por los tiempos, tendremos que hacer una transición. La verdad es que nosotros estamos preocupados, lo he charlado también con los jueces de la Corte. Estamos todos preocupados. Tenemos también que charlar con el Poder Ejecutivo para ver la posibilidad de los presupuestos para asumir este tipo de cosas”.
¿Cómo sería ese escenario de transición? El fiscal General explicó que, “si el Gobierno dice ‘no puedo económicamente, o por los tiempos, dotar de fiscales y todo’ y, además, no logramos sacar el Código de Procedimiento que crea el sistema acusatorio para la situación de los menores que están en conflicto con la ley penal, vamos a tener que salir con una solución alternativa: que es que siga todo como está”.
De todas formas, indicó que “ahí es donde digo que no estaríamos adecuándonos a los recaudos de la ley nacional. Entonces, como mínimo, deberíamos hacer algunas modificaciones, mejorar lugares para la detención o, por lo menos, para procesos de justicia restaurativa, para trámites durante el proceso, para algún tipo de delito. Y tendríamos que tener en cuenta el tema de los sistemas alternativos de solución de conflictos”.
Juicio por jurados, lejos de ser la panacea
Ante la consulta, Baigorrí se mostró distante de una aplicación inmediata del juicio por jurados. “La Corte lo viene auspiciando mucho. Es beneficioso desde el punto de vista que la ciudadanía se involucra, pero no puedo dejar de decir que institucionalizar los juicios por jurados demanda muchísimas cosas, no solamente salas de audiencia, que están previstas. Habría que terminar de reglamentar la ley en lo que tiene que ver con el proceso de selección de los jurados que tienen que estar abocados a esta tarea”.
Por eso, destacó que “no es un tema ni barato ni rápido de poner en funcionamiento. Como propuesta está muy buena, pero no sé, siendo absolutamente sincero, si es una cosa que pueda decir: ‘sí, estamos todos de acuerdo y en dos meses tenemos instaurado el juicio por jurados’. Para mí es una tarea que va a demandar mucho tiempo, preparación, mucho acuerdo y cuestiones legislativas”. Así, concluyó que “no es tan así como para decir que es la panacea y que tenemos que arrancar mañana”.