Etapa previa
Baigorrí adelantó que los fiscales se encaminan a pedir una prórroga de la investigación por el acueducto Gran Tulum
El jefe del Ministerio Público, Guillermo Baigorrí, resaltó en el programa A todo o nada, de 0264 Radio, que “es posible” que los fiscales “pidan una prórroga porque queda poco tiempo del plazo para definir si se acusa o no, se formaliza o no” en la causa por el acueducto Gran Tulum. El denunciante, el abogado Marcelo Arancibia, ha venido señalando que el período vence a fines de mayo y la extensión a la que pueden echar mano los funcionarios judiciales es de otros 90 días hábiles, según establece el Código Procesal Penal que contiene el sistema acusatorio.
Una vez que se venzan los 90 días hábiles de la prórroga, los fiscales deben sí o sí llevar adelante la audiencia de Investigación Penal Preparatoria (IPP), en la que le imputan y le informan al sospechoso el o los delitos por lo que encuentra bajo la lupa judicial. Por el contrario, si no hay pruebas incriminantes, la denuncia se debe desestimar o archivar.
Baigorrí dio el anticipo en el programa que se emite por 0264 Radio (107.3 en FM) y por el canal de 0264 Noticias en YouTube. El fiscal General prefirió no dar “ningún tipo de precisión” sobre la causa, pero sí manifestó que “los fiscales están avanzando, se está trabajando muy bien. Se ha avanzado mucho en la investigación. Después, veremos cómo termina”.
Por la complejidad de la causa y la voluminosa documentación que hay sobre todo el proceso del acueducto, el titular del Ministerio Público reforzó el equipo de investigación: puso dos fiscales (Sebastián Gómez y Francisco Pizarro) y cuatro ayudantes fiscales.
Arancibia realizó la denuncia el 9 de diciembre “para que se investiguen una serie de hechos (…) vinculados a presuntas maniobra ilícitas cometidas en el marco de las contrataciones estatales del Gobierno de San Juan relacionadas con la obra denominada Acueducto Gran Tulum”.
Si bien no mencionó nombres, solicitó que también se investigue “la posible participación penalmente responsable” de funcionarios provinciales de la gestión 2019 – 2023. Es decir, durante la última gestión del gobernador justicialista Sergio Uñac.
En ese contexto, planteó el posible direccionamiento de los pliegos licitatorios para favorecer a la empresa proveedora de caños Krah, la que “estaría vinculada a un familiar directo (primo)” del hoy senador Uñac. Ese pariente es el empresario Gustavo Monti, quien falleció el pasado 25 de febrero.
Así, sembró la sospecha de que los caños ofrecidos eran más caros y que tenían menor respaldo técnico, deficiencias estructurales y no cumplían con estándares de calidad. Inclusive, deslizó la posibilidad de la existencia de sobreprecios.
El contenido de la denuncia de Arancibia se basó en una serie de publicaciones del diario Tiempo de San Juan, del que, luego, tomó otra nota para realizar el 19 de enero una ampliación de denuncia. Los nuevos hechos hacen referencia a documentación que confirmaría que Monti actuó como apoderado de la empresa Krah, “la reubicación del expresidente de OSSE (Sergio Ruiz) como asesor político” de Uñac, la “eventual redeterminación acelerada de precios del 55 por ciento” de la obra y el “eventual pago anticipado del 35 por ciento.
De esa manera, planteó que los hechos podrían encuadrar, de manera provisoria, en un batería de figuras: negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, entre otros.
La causa recayó en la Unidad Fiscal (UFI) Delitos Especiales, cuyo personal se ha tomado el plazo de 90 días hábiles para llevar adelante una investigación. Finalizado ese período, los fiscales cuentan con una prórroga de otros 90 días más para definir si van a la audiencia de la formalización de la Investigación Penal Preparatoria para imputar a sospechosos o, por el contrario, archivar la causa.