Herramienta de gestión
Inédito: Gobierno creará un fideicomiso para generar recursos y, así, financiar su plan contra consumos problemáticos
La gestión orreguista echará mano a una herramienta para obtener fondos y llevar adelante su Plan Provincial de Abordaje de Consumos Problemáticos, que tiene como cabeza al Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Así, creará un fideicomiso público, el cual se nutrirá de aportes económicos y la cesión de terrenos y mobiliario, por ejemplo, del Ejecutivo provincial, puede recibir donaciones y subsidios de privados y distintas organizaciones y realizar inversiones financieras de bajo riesgo, como plazos fijos. El objetivo es dar una respuesta rápida para ejecutar el programa, bajo mecanismos de control y auditoría externa.
La movida es inédita en el plano social, ya que hay otros fideicomisos en funcionamiento, como uno en el Ministerio de Turismo y dos en el Ministerio de la Producción, explicaron fuentes oficiales, las que revelaron que el contrato de fideicomiso fue elevado a la Cámara de Diputados para su aprobación.
Además, trascendió que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) donará dos inmuebles, que estaban bajo su dominio, al Gobierno para que ya queden bajo las funciones sociales del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Se trata de los complejos de Casa Activa, que fueron planificados por la gestión nacional pasada y que la actual decidió el traspaso a San Juan.
Uno de ellos es el barrio (reacondicionado) que está en Chimbas, sobre avenida Benavides pasando Ruta 40, en donde funcionará el Centro Provincial de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos, confirmaron las fuentes. El otro es el complejo ubicado en Pocito, el cual está destinado a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para la contención de menores de hasta 12 años.
Es un paso formal, pero necesario. De hecho, el Fideicomiso Público de Innovación Socio-Sanitaria, tal cual ha sido denominado, tiene como uno de sus fines la “adecuación, equipamiento y puesta en funcionamiento de un inmueble” para el plan de lucha contra las adicciones. Ese terreno será el complejo de Casa Activa de Chimbas. Incluso, el contrato del fideicomiso habla de la “eventual afectación de bienes de dominio estatal” como dicho inmueble.
Como todo fideicomiso, el de Innovación Socio-Sanitaria también cuenta con sus partes esenciales. El fiduciante es la provincia de San Juan, que es la que aportará el dinero y bienes (como el inmueble y equipamiento) para conformar el patrimonio del fideicomiso. El fiduciario es Fiduciaria San Juan SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), el que tiene la tarea de administración, gestión y defensa del patrimonio del fideicomiso, el cual estará separado de la órbita del Estado.
Esa separación evita que acreedores de la provincia o del fiduciario puedan embargar los fondos del fideicomiso. De esa manera, se asegura que los recursos tengan como único destino el programa de lucha contra adicciones y no se desvíen a otros eventuales pleitos legales.
El beneficiario es, justamente, la provincia desde el plano legal, ya que apunta a desplegar una política pública a favor de los jóvenes que atraviesan y enfrentan consumos problemáticos. A su vez, la provincia también es el fideicomisario, es decir, la persona jurídica a la que se le transferirán los bienes remanentes una vez que el fideicomiso se extinga por el cumplimiento de su objetivo o luego de 20 años.
La creación del fideicomiso apunta a que el Gobierno cuente con una herramienta de gestión flexible y eficiente para implementar el plan y, de esa forma, evitar trabas burocráticas que se producen a través de los mecanismos habituales. Los recursos que se destinen y que se generen tienen una asignación específica: la tarea social de prevención y atención de consumos problemáticos.
Un fideicomiso, en sí, es una fuente de obtención de recursos. De acuerdo al contrato, el Gobierno debe establecer, anualmente, en la ley de presupuesto, las partidas para sostener el programa. Pero, no es lo único, ya que, como se mencionó, se permiten los convenios de cooperación con organizaciones o entidades nacionales y extranjeras que quieran brindar asistencia, al igual que donaciones de privados.
Y, como todo fideicomiso, contempla la posibilidad de realizar inversiones financieras. El contrato indica que se pueden llevar adelante “colocaciones financieras con los fondos excedentes del Patrimonio Fideicomitido, limitadas a instrumentos de bajo riesgo que preserven el capital”.
En ese marco, el fiduciario puede “constituir depósitos a plazo fijo en entidades bancarias oficiales”, “suscribir cuotapartes de fondos comunes de inversión de money market o renta fija de bajo riesgo” y “adquirir Letras del Tesoro Nacional u otros títulos de deuda pública nacional o provincial”.
Además, el contrato es claro: “Queda expresamente prohibida la inversión en renta variable, compra/venta de acciones, instrumentos derivados o cualquier otro activo de riesgo especulativo”. Incluso, se resalta que “toda colocación (inversión) deberá ser informada al Comité Ejecutivo dentro de las 48 horas de realizada”.
Dicho Comité Ejecutivo es el cerebro del funcionamiento del fideicomiso. Está integrado por representantes del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, de Salud y de Producción, y tiene la misión de definir la estrategia y supervisar que se cumplan los objetivos del plan. Además, será el encargado de la designación y el control del personal y el que aprobará u objetará la rendición de cuentas que presente Fiduciaria San Juan y el que disparará las auditorías externas.
Además, el contrato deja en claro que la cesión de bienes al fideicomiso no implica su privatización ni que hay una delegación de las funciones del Estado. De hecho, se remarca que la provincia mantiene en todo momento el control y el manejo público.