El documento fue cuestionado por la defensa
Un informe de fiscalía sostiene que el abogado penalista acusado de trata y su socio deberían devolver a las víctimas más de $1.152 millones
El informe fue elaborado por un organismo interno de la Procuración General de la Nación y expuso, en principio, la reparación económica total que deberían recibir las 37 presuntas víctimas de trata con fines de explotación sexual, caso en el que un reconocido abogado penalista está sentado en el banquillo de los acusados. Entre “ganancia ilícita”, “lucro cesante” y “daño moral”, el valor asciende a 1.152.363.471 pesos que, en teoría, Gustavo de la Fuente y su socio, el colombiano John Sebastian Quevedo, deberían destinar a las mujeres que trabajaron para “Belle Argentina”. El estudio fue presentado este jueves, en una de las últimas audiencias del juicio que se está realizando en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan (TOCF). Al ser expuesto, fue duramente cuestionado por la defensa de los imputados, que remarcaron que no se trata de una pericia contable solicitada por el tribunal, sino de un estudio propio realizado por el Ministerio Público, por lo que, en principio, carecería de valor ante una eventual condena. El debate continuará este viernes, donde se espera que declare Quevedo, y no se descarta el testimonio de De la Fuente. Fuentes calificadas confirmaron que la semana que viene, el jueves 25, serán los alegatos para luego dar el veredicto, lo que será, se espera, antes de que termine el mes.
Quien elaboró el informe, a pedido de la fiscalía, fue María del Carmen Chena, titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación. Según la información que figura en la web del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la profesional también coordina la Comisión Permanente de Supervisión de la Unidad de Bienes Incautados y Decomisados del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, conjuntamente con los fiscales a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Según expuso, llevó adelante una evaluación económica teniendo en cuenta “el período de tiempo en el que las víctimas fueron explotadas, cuantificado por el promedio de clientes, prostituyentes, que fueron obligadas a recibir por día” y “el cómputo de ganancia obtenido por cada acto” de explotación sexual de la víctima”.
Para el caso particular en el que el abogado penalista sanjuanino está imputado, la profesional aclaró que tiene la particularidad de que el delito de explotación se dio por la “producción, difusión y comercialización de material audiovisual de contenido sexual, incluyendo transmisiones en vivo, a través de distintas plataformas digitales”, incluso “con el uso de artefactos sexuales interactivos que podían ser manejados en forma remota por los clientes, que se podían ubicar en distintas jurisdicciones”, hasta fuera del país. Así, sostuvo que “para el cálculo de la ganancia ilícita se tomó en cuenta el período en que las mismas fueron explotadas”, utilizando un promedio de un plazo de dos meses, el que, al parecer, “era el plazo mínimo que las víctimas debían permanecer en esta situación”.
Así, existen transacciones en pesos y dólares, cuya ganancia total, al parecer, era distribuida en un 50% para las presuntas víctimas y el resto era “retenido”. De esa manera, la profesional sostuvo que, para ese ítem, el valor actualizado a la fecha de la “ganancia ilícita” que habrían generado las 37 presuntas víctimas asciende a 377.141.750 pesos. Eso no fue lo único, ya que también dio cuenta de lo que realmente deberían haber ganado si a las mujeres les hubieran pagado por la tarea real que realizaban, del rubro modelaje. Por el período de tiempo que desempeñaron la tarea y al tener en cuenta lo que indican los convenios específicos actuales de ese trabajo, el monto alcanzaría los 583.153.143 pesos, valor al que se le debe sumar el daño moral ocasionado a las presuntas víctimas, cuantificado en 192.060.579 pesos, el 20% del daño económico, lo que arroja una “reparación total” que debería ser distribuida de 1.152.363.471 pesos.
Dicho valor fue muy cuestionado por la defensa de De la Fuente, encabezada por Fernando Castro, y por la defensora oficial, Gema Guillén, quien representa a Quevedo. Esta última puso el foco en que no se trata de una pericia técnica, sino de un mero informe solicitado por fiscalía. Además, “cuestionó” que, para llegar al exorbitante monto, se haya utilizado “planillas” y anotaciones surgidas de los allanamientos y de los teléfonos celulares secuestrados, documentos sin, al parecer, el respaldo contable necesario para tenerlos como válidos.
Por otro lado, según se supo del desarrollo del debate, una pericia realizada por Gendarmería sobre los movimientos bancarios de las cuentas de De la Fuente y Quevedo aporta montos mucho menores que el presentado por fiscalía, incluso actualizados.
Un dato no menor, que incide en el cálculo del valor final y que también es clave para el momento del cierre del juicio, es que fiscalía sostiene que existen 37 víctimas, pero solo seis de ellas han prestado declaración en cámara Gesell. El resto ha sido individualizado con sus iniciales, pero no ha prestado testimonio en el juicio. Además, de las mujeres que se presentaron, la mayoría indicaron que no fueron explotadas y una afirmó que nunca llegó a trabajar para la empresa, ya que solo recibió una oferta laboral que finalmente no aceptó. Así, al parecer, dicha situación resultaría favorable para la estrategia de la defensa, que viene afirmando que “los elementos de Fiscalía son insuficientes” para probar trata.
El juicio en el que el abogado penalista Gustavo de la Fuente está sentado en el banquillo de los acusados está llegando a su fin y, según confirmaron fuentes oficiales, el próximo 25 de junio será el día en que las partes darán su cierre con los alegatos, por lo que, después, el juez federal Daniel Doffo quedará habilitado para dictar una sentencia, la que podría ocurrir ese mismo día o la semana siguiente, pero no más adelante.
Por otro lado, ayer quedó confirmado que el colombiano John Sebastian Quevedo, “socio” de De la Fuente en Belle Argentina, declarará en la audiencia prevista para este viernes a las 11 y no se descarta que el abogado sanjuanino siga el mismo camino.