La reunión del titular de la Corte y el fiscal General con Orrego que facilitó la creación de cuatro cargos y la postergación de otro

La Corte de Justicia había tenido un antecedente negativo. Había enviado en 2024 un proyecto de ley para la creación de 80 cargos para reforzar el sistema acusatorio, pero perdió estado parlamentario y el presidente Daniel Olivares Yapur había indicado que no iban a volver a presentarlo debido a la situación económica. No obstante, el máximo tribunal mandó en febrero dos iniciativas para que se generen cinco puestos de magistrados, con el foco puesto en el fuero de Familia, debido a la saturación de causas, y en la Segunda Circunscripción Judicial (Jáchal e Iglesia), por la cantidad de procesos de distinta índole con pocos jueces.

Dado el precedente, podía pasar que esos últimos proyectos no caminaran. Según trascendió, hubo una reunión entre Olivares Yapur con el fiscal General, Guillermo Baigorrí, y el gobernador Marcelo Orrego. Fue un encuentro institucional, en el que los representantes del Poder Judicial expusieron la urgencia de contar con cuatro de esos cargos: dos jueces de Familia, uno para la sede de Jáchal y un asesor Oficial de Menores para esa circunscripción.

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La gestión rindió sus frutos, ya que el lunes se activó la Comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados, sacó despacho para la creación de dichos puestos, el martes se trató en Labor Parlamentaria y hoy se debatirá en sesión ordinaria, en la que se descarta la aprobación de la iniciativa.

Eso sí, las autoridades judiciales aceptaron la postergación de la creación del cargo de juez de Paz de Caucete ante el escenario de priorización en el uso de los recursos públicos que está llevando adelante la gestión orreguista. De esa forma, la Corte podrá presentar dicho proyecto el año que viene, además de solicitar otros puestos, para que sea estudiado por el oficialismo ya con la elaboración del presupuesto.

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Los detalles salieron a la luz a través de fuentes oficiales, que agregaron que el presidente de la Corte le envió al titular de la Legislatura, el vicegobernador Fabián Martín, una nota oficial en la que le cuenta el encuentro con Orrego y le solicita que interceda ante la Comisión de Justicia para que el proyecto tenga despacho favorable. Una muestra de la urgencia del máximo tribunal para poner en funcionamiento dichos cargos, sobre todo, los de Familia.

Del encuentro con el Gobernador, sobresale la presencia de Baigorrí. Olivares Yapur ha venido resaltando la “excelente relación” con el fiscal General, lo que se ha visto reflejado también en el vínculo con otros cortistas, al menos, públicamente. Como Adriana García Nieto, que presidió la Corte el año pasado, cuando asumió el jefe de los fiscales, y Juan José Victoria, referente del programa Justicia Restaurativa, que el titular del Ministerio Público ha receptado.

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Diferencias con respecto a la relación que mantuvieron con el predecesor, el histórico Eduardo “Jimmy” Quattropani. Más allá de eso, Baigorrí tiene llegada al oficialismo. Fue propuesto por el orreguismo para el cargo, tanto en el Consejo de la Magistratura como en la Cámara de Diputados.

Antes de ejercer como camarista laboral durante más de 10 años, nadie en el ambiente político y judicial desconoce su pasado como diputado nacional y senador electo por Producción y Trabajo. En contraste, los cinco miembros de la Corte fueron designados durante la gestión uñaquista y todos tuvieron su paso por el PJ.

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¿Un motivo para que exista cierta desconfianza desde el Ejecutivo con el máximo tribunal judicial de la provincia? No son pocos los que piensan que sí, aunque la relación institucional no ha pasado sobresaltos. Entonces, bajo una mirada política, Baigorrí actúa como contrapeso.

Ahora, un pedido de la Corte, con el apoyo del fiscal General, ¿cuenta con una mayor recepción? Pareciera que sí. Es una carta que puede utilizar el máximo tribunal, sin que Baigorrí desconozca, para nada, ese juego, que también le puede ser útil para una devolución de gentilezas o un provecho a futuro.

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Por lo pronto, se ve una comunidad de intereses entre la Corte y Fiscalía General. Se verá cómo sigue ese vínculo.