Un nuevo paso
Con otro camarista civil, se completó la Sala de la Corte que intervendrá en la megacausa de las expropiaciones
A tres días del reinicio de la actividad plena en el Poder Judicial debido a la feria, salió a la luz la integración completa de la Sala de la Corte de Justicia que intervendrá en la megacausa de las expropiaciones. El miembro que aceptó ser parte de dicho tribunal es el camarista civil Ernesto Escobar, quien acompañará a su par del mismo fuero, Enrique De la Torre, y al camarista penal Renato Roca, confirmaron fuentes calificadas. Los magistrados deberán decidir si aceptan o no los apartamientos que habían planteado sus colegas Víctor Muñoz Carpino (del ámbito penal) y Mariano Ibáñez (del fuero laboral).
Tal definición es clave para el avance de la causa, luego de la condena a nueve implicados por conformar una asociación ilícita, compuesta por abogados, jueces y funcionarios, que inflaba el valor de los terrenos que expropiaba el Estado, con el fin de quedarse con millones de pesos de las arcas públicas.
Los defensores de los castigados penalmente “apelaron” la sentencia a través de recursos de casación, cuya revisión está en manos de la Corte. Como los cinco ministros también se inhibieron por algún tipo de intervención en el expediente o por vínculos de amistad con alguno de los imputados, se tiene que armar una Sala con jueces subrogantes. En ese escenario, el caso recayó en poder de Muñoz Carpino e Ibáñez, quienes también decidieron apartarse.
Entonces, los camaristas Roca, De la Torre y Escobar tendrán que resolver si esas excusaciones son correctas o no para que quede firme el Tribunal que deberá, finalmente, confirmar o rechazar las apelaciones, ya sea de forma total o parcial.
Si Roca, De la Torre y Escobar rechazan las inhibiciones, Muñoz Carpino e Ibáñez deberán seguir siendo parte la Sala de la Corte, a la que solo le restaría sumar un integrante más. En cambio, si las aceptan, las fuentes indicaron que los nuevos magistrados tendrán que analizar los recursos de casación presentados por las defensas para intentar revertir las condenas.
El 4 de julio de 2025, la jueza Silvina Rosso de Balanza, junto a sus colegas Matías Parrón y Martín Heredia, condenó al abogado Santiago Graffigna como organizador de la asociación ilícita en el escándalo de las expropiaciones.
Así, recibió una pena de 7 años y 8 meses de prisión, mientras que a su exsocio, Horacio Alday, le aplicaron 6 años de cárcel. El exjuez civil Carlos Macchi fue castigado con 6 años y 2 meses; y el exfiscal de Estado, Mario Díaz, con 6 años. También fueron condenados el exfuncionario Néstor Ruiz, a 4 años y 6 meses; la perito Ana María Melvin, a 4 años; los peritos Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos, a 3 años y 3 años y medio, respectivamente; y el exintegrante del Tribunal de Tasaciones José Moreno, a 3 años.
La megacausa se disparó en 2010 tras la denuncia del secretario General de la Gobernación, Walter Lima, durante la gestión de José Luis Gioja. En un principio, estuvo atravesada por inhibiciones de jueces y fiscales que tenían vínculos de amistad con los imputados, por lo que se inhibieron de participar en la investigación para garantizar la imparcialidad del resultado.
Con el devenir del proceso, distintos magistrados fueron parte o resolvieron diferentes planteos, lo que fue llevando a nuevas excusaciones. De esa forma, se llegó al juicio, hubo condena y apelación a través del llamado recurso de casación ante el máximo tribunal local. Pero los ministros también decidieron apartarse.
Guillermo De Sanctis se excusó porque, como fiscal de Estado, había actuado como querellante e impulsado la investigación contra los imputados. Incluso intervino como acusador en el proceso de destitución del entonces juez civil Carlos Macchi.
Por su parte, Adriana García Nieto también se inhibió debido a que, durante la gestión giojista, firmó expedientes y resoluciones vinculadas con los sumarios administrativos que derivaron en la denuncia presentada en 2010.
A su vez, Marcelo Lima decidió apartarse porque el autor de la denuncia fue su hermano, Walter Lima, ya fallecido.
Daniel Olivares Yapur también se inhibió por la amistad de su familia con la exjueza civil Rosalba Marún, quien había sido investigada y procesada en la causa antes de fallecer en 2021.
Por su parte, Juan José Victoria expuso razones de amistad con Santiago Graffigna, con quien compartió tareas profesionales cuando ambos ejercían la actividad privada.
Para cubrir esas bajas, se realizó un sorteo, hubo nuevas inhibiciones y el bolillero designó a dos camaristas laborales para intervenir en la causa penal: Guillermo Baigorrí e Ibáñez, más el camarista penal Muñoz Carpino.
Baigorrí también se excusó y, luego, fue designado fiscal General de la Corte, por lo que quedó definitivamente fuera del expediente. Por su parte, Muñoz Carpino se apartó por haber intervenido anteriormente en actuaciones vinculadas con la causa, indicaron las fuentes.
En cuanto a Ibáñez, fundamentó su inhibición en una relación de amistad con el camarista civil Roberto Pagés. Sucede que el tribunal que dictó la condena, también ordenó investigar la actuación cuando era juez de primera instancia, ya que tramitó al menos un caso polémico de expropiaciones.