Juicio por la Megacausa Expropiaciones: piden penas de entre 7 y 25 años de prisión para los imputados

El juicio por la Megacausa Expropiaciones avanza en su etapa de alegatos y este viernes fue el turno de Fiscalía de Estado, a cargo por el recientemente designado Sebastián Dávila, quien representa los intereses del Gobierno provincial como querellante en la causa. Dávila, en su exposición final, solicitó condenas más duras que las pedidas por el Ministerio Público Fiscal y la pretención de penas van desde los 7 a los 25 años de prisión para los 12 imputados (originalmente eran 14, ya que la ex jueza Rosalba Marún también estuvo involucrada pero falleció en julio de 2021 -un año ante de comenzar el juicio- y la causa penal contra ella se extinguió, mientras que el ex perito Fernando Videla quedó desvinculado).  

Para el abogado Santiago Graffigna, Dávila solicitó la pena más cuantiosa: 25 años de prisión. Para el también letrado, Horacio Alday, pidió 15 años de cárcel; 18 años para el ex juez Carlos Macchi, 12 años de prisión para la ex perito de Fiscalía de Estado, Ana María Melvin; 17 años de prisión para el ex fiscal de Estado, Mario Díaz; 10 años de cárcel para Néstor Adán Ruiz, ex técnico de la Secretaría de Recursos Hídricos; 7 años de prisión para los peritos de parte Victor Hugo Bustos y Juan Pablo Quiroga; y 10 años de prisión para el ex miembro del Tribunal de Tasaciones, José Moreno. 

Para los tres imputados restantes, Adolfo Cravero, Julio César Fernández y Eduardo Olivera (todos ex miembros del Tribunal de Tasaciones), Dávila no pidió penas, ya que, en su consideración, no hay elementos suficientes para condenarlos. 

Con los alegatos ya expuestos por parte de la querella y el Ministerio Público Fiscal, solo resta conocer los argumentos de la defensa de los 12 imputados. La audiencia se reanudará el próximo 20 de noviembre, con la exposición de la defensa de Santiago Graffigna en primer turno. 

En diálogo con 0264, el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, explicó que con una posible condena para los imputados, el caso no termina allí, sino que buscarán recuperar, mediante una acción civil, los montos de dinero que la Provincia desembolsó para pagar las expropiaciones. 

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"Buscamos que recuperar lo que ya se pagó y ese dinero se restituya a la provincia", manifestó Dávila. 

Rubén Pontoriero, también representante de la parte querellante, explicó en su alocución que si la instancia no entraba en juicio, el Estado provincial debería haber pagado por los juicios de expropiaciones perdidos y para ello debería abonar alrededor de 300 millones de dólares, situación que causaría que la Provincia entre en quiebra. 

"Si no hubiese existido este proceso, se deberían activar los pagos que debería efectuar la provincia, ya que no existe ningún otro freno. Sería algo caótico para la provincia. Esperemos que se apliquen las condenas", cerró. 

El pedido del fiscal Galvani 

El Ministerio Público Fiscal, órgano acusador, representado por Daniel Galvani, junto a Liliana Marinero, el pasado 24 de octubre expuso la pretensión de penas para cada uno de los imputados. En el caso de Santiago Graffigna, señalado como el jefe de la asociación ilícita dedicada a estafar al Estado con los juicios de expropiación, pidió 15 años de prisión efectiva, esto es, que quede tras las rejas una vez que el fallo quede confirmado.

Además, para su colega Horacio Alday, solicitó 10 años de prisión, para entender que fue “participe principal” del fraude, mientras que para el exjuez Civil Carlos Macchi, 8 años . Para el resto de los imputados, hubo solicitudes que fueron de los 3 a los 9 años de prisión, todos con cumplimiento efectivo, por lo que si se dicta una sentencia en esa sintonía, quedarán tras las rejas.