2026-09-11

Tribunal Oral Federal

Salió del Penal y, en siete meses, movió $172 millones entre pagos y cobros por venta de drogas; por lo que volvió a ser condenado

También fue castigado un preso que comercializaba dentro de la cárcel. Una mujer fue absuelta y, en total, fueron 12 los miembros de la banda que recibieron penas.

Tras cumplir penas por comercio de estupefacientes, Leonardo Saavedra había quedado en libertad el 10 de febrero del año pasado y, luego de siete meses, hizo pagos por 83 millones de pesos y cobró 89 millones en su billetera virtual. Un movimiento de dinero por un total de 172 millones, incompatible con una persona que llevaba poco tiempo fuera del Penal de Chimbas, según el planteo de Fiscalía. De ese flujo de plata, el 50 por ciento lo manejó con cinco personas vinculadas y condenadas por venta de drogas. Esos elementos, entre otros, llevó a que el Tribunal Oral Criminal Federal, presidido por Hugo Echegaray, castigara nuevamente a Saavedra con 6 años y 6 meses de cárcel.

Preso. Carlos Ormeño siguió las instancias del juicio vía Zoom, detenido en el Penal de Chimbas.

 

No fue el único, ya que Carlos Ormeño recibió una pena de 4 años de prisión como partícipe secundario en la comercialización de droga en el interior de la cárcel. Sucede que era una banda que distribuía estupefacientes tanto fuera como dentro del Penal, con ramificaciones que incluyó a otros 10 condenados, que habían accedido previamente a juicios abreviados.

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En el debate que se realizó ayer, fue absuelta por el beneficio de la duda Sonia Ontiveros, quien había sido acusada por el fiscal Fernando Alcaraz por facilitarle sus billeteras virtuales a su hijo Franco Escoda y a su nuera, quien se encuentra prófuga, indicaron fuentes judiciales. En la misma causa, Escoda fue castigado con 4 años y 4 meses de prisión.

Tribunal. Los jueces Hugo Echegaray (al centro), Daniel Doffo y Eliana Rattá condenaron a los dos imputados. En la foto, durante una audiencia con testigos.

 

De acuerdo a la postura de Fiscalía Federal, Saavedra era quien estaba en la cabeza de la red criminal, ya que conseguía la droga, la distribuía a las distintas patas de la banda y cobraba su comercialización. Carga con antecedentes: en 2017, fue condenado a 4 años de prisión y, luego de quedar en libertad, fue detenido en 2021 comercializando estupefacientes bajo la modalidad de delivery. En un juicio abreviado, en el que aceptó su responsabilidad penal y la pena, le dieron otros 3 años.

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Mientras cumplía la sentencia, no regresó de una salida transitoria y se le agregó otro castigo de 8 meses por tenencia ilegal de arma de fuego, el que se acumuló a las otras dos condenas. Fue así que salió del Penal el 10 de febrero del año pasado.

La investigación por la nueva causa se había disparado el 20 de febrero de ese año, pero Saavedra apareció en el radar de los pesquisas recién entre julio y agosto. El 19 de septiembre, los uniformados llevaron adelante múltiples allanamientos para desarticular la banda, en los que cayó la casi totalidad de sus integrantes. El principal imputado se entregó el 10 de octubre, sin su celular.

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En ese contexto, se levantó el secreto fiscal y bancario de Saavedra y los investigadores analizaron los movimientos de sus billeteras virtuales del 10 de febrero al 19 de septiembre de 2025. En ese lapso, detectaron los cobros por 89 millones de pesos y los pagos por 83 millones.

Defensores. Esteban Chervin, al centro, Diego Giócoli y Sergio Herrero se repartieron la tarea defensiva entre los tres imputados.

 

Otro dato que había expuesto el fiscal Alcaraz en su alegato es que, al cierre de 2024, mientras Saavedra se encontraba en prisión, tenía apenas 16.000 pesos en su cuenta bancaria. Al finalizar 2025, su saldo a favor había crecido a 3.300.000 pesos, además de conta con vehículos y bienes a su nombre.

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Según la acusación, Saavedra usaba como nexo a su pareja, Tania Rojas, quien también fue condenada a 5 años de cárcel, aunque se le impuso un régimen domiciliario debido a que se encontraba embarazada. A su vez, su cuñada, Rocío Rojas, hermana de Tania, era la encargada de ingresar droga al Servicio Penitenciario. Fue castigada con 6 años de prisión, aunque bajo la modalidad domiciliaria, debido a que tiene una hija menor de edad.

A s vez, Rocío Rojas es pareja de Ormeño, quien vendía droga dentro del Penal y que ayer recibió una pena de 4 años.

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Además, las fuentes agregaron que Saavedra mantenía contactos con una mujer identificada por su apellido, Luna, quien cargaría con una condena por tráfico de droga, con la que tuvo transferencias por un total de 18 millones de pesos. Era la que operaba en ciertos barrios, al igual que Daniel Reynaldo Sánchez, al que le aplicaron un castigo de 2 años en suspenso, y otro hombre identificado como Garrido. También se movían en barrios y con los que Saavedra realizaba transferencias de dinero.

Acusación. El fiscal Fernando Alcaraz llevó adelnte la acusación contra los imputados.

 

Entre los otros condenados previamente, se encuentra Sebastián Humberto Tobal con 6 años de cárcel. Se trata de un preso que carga con una condena a 20 años por haber matado a Ángel “Huevito” Amado, en enero de 2015, en un feroz ajuste de cuentas entre familias. En la causa por droga, en su celda le encontraron pastillas.

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Idéntico castigo recibió María Fernanda Ormeño, familiar de Carlos Ormeño y pareja de Tobal. Se la encontró culpable de ingresar droga a la cárcel y, durante un allanamiento en su casa, la Policía le secuestró 425 gramos de marihuana, una pistola 9mm, pastillas y 9 celulares. También tiene hijos menores de edad, por lo que se dispuso prisión domiciliaria.

También está Martín Chávez Ganga, alojado en el Servicio Penitenciario por un castigo anterior y, ahora, se le aplicó una condena de 4 años por estar involucrado en el comercio de drogas. En la unificación de ambas penas, su sanción se elevó a seis años.

A su vez, Cristian Latorre, detenido en el Penal, sufrió una pena de 4 años de prisión, mientras que Leonardo Arias, otro preso, recibió un nuevo castigo por 3 años. Por último, Ricardo Morales tuvo una condena de 2 años y 3 meses de ejecución condicional.

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