Tras un allanamiento
Fiscalía archivó la denuncia por el supuesto faltante de dólares por falta de pruebas ante una estricta cadena de custodia
El fiscal de la Unidad Delitos Especiales, Nicolás Schiattino, desestimó la denuncia que había realizado una mujer, quien había esgrimido la supuesta desaparición de unos 12.500 dólares de una caja fuerte tras un operativo en su vivienda. En líneas generales, el representante del Ministerio Público sostuvo que no hubo “elementos probatorios contundentes” para atribuirle a funcionarios policiales y judiciales “conductas de sustracción”. Incluso, destacó que el procedimiento efectuado sobre la caja de seguridad se dio en un marco de “contralor público que descarta cualquier sospecha de manejo clandestino o irregularidad en su custodia”.
La denuncia, con la asistencia legal de los abogados Marcelo Sandez y Néstor Olivera, la había radicado el pasado miércoles Laura Naranjo, una agente inmobiliaria a la que le allanaron su casa de Capital el 14 de julio pasado debido a que el auto de su marido está involucrado en un robo de 80 mil dólares, entre otros efectos, en Santa Lucía. La defensa del dueño del Fiat Cronos argumenta que había sido alquilado, por lo que no tuvo participación en ese hecho.
Si bien el vehículo no fue hallado, hubo secuestro de otros objetos, entre los que se encontraba la caja fuerte. Naranjo señaló ante este medio que tenía ahorros en 15.360 dólares, que la caja fue abierta durante el operativo y que, luego de su traslado a Tribunales, sólo había 2.900.
El abogado Olivera había manifestado que la denuncia era “contra funcionarios judiciales y policiales”, que habían hecho “una solicitud de medios de prueba que demuestran algunas irregularidades que deben investigarse” y que lo denunciado era “la desaparición de un monto importante de dinero”.
En su relato, Naranjo había indicado que el que se identificó durante el procedimiento fue el ayudante fiscal Nicolás Zapata y que le dijeron que participó la fiscal Claudia Salica. Las fuentes había agregado que también estuvieron el subcomisario Luis Fioretti, el oficial Marcos Atencio y el cabo primero Eduardo Peña.
Pese a ello, fuentes judiciales habían remarcado que el procedimiento había sido el correcto, sin ningún tipo de irregularidad. Que los abogados de Naranjo y su esposo ya lo habían cuestionado ante el juez de Garantías, Matías Parrón, quien lo terminó avalando y sosteniendo su legalidad.
Así, habían indicado que, en el allanamiento, se probó una serie de llaves de la caja fuerte para constatar si alguna de ellas la abría, que se fajó y que fue trasladada a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos contra la Propiedad para su resguardo en un armario blindado. Además, cuando se hizo la apertura de la caja en sede judicial, se filmó y se utilizó un código llamado hash, el cual tiene como objetivo que el video no pueda ser adulterado ni modificado, como otra muestra de seguridad.
Al analizar la denuncia, el fiscal Schiattino remarcó que, en el allanamiento en la casa de Naranjo, “la medida no se llevó a cabo en reserva” al localizarse la caja de seguridad. “Se realizó en presencia de múltiples personas, personal policial, funcionarios judiciales y la empleada del domicilio”. Además, “contó con la intervención obligatoria de dos testigos de actuación civil, convocados al efecto (quienes presenciaron la revisión y firmaron los sobres de resguardo), cumpliendo estrictamente con las exigencias” que establece el Código Procesal Penal.
Incluso, destacó que “la reapertura formal” en sede judicial “tampoco constituyó un acto aislado o sin contralor. Por el contrario, se reprogramó expresamente a solicitud de la Fiscalía para garantizar la concurrencia de la parte allanada, concretándose mediante videograbación continua y bajo la asistencia y control presencial directo del abogado defensor” Sandez.
Todo ello, resaltó, “constituye un estándar de transparencia y garantía procesal suficiente que convalida plenamente lo actuado y respalda el resultado del recuento judicial oficial”, el cual fue de 2.900 dólares y 371 deteriorados.
Además, indicó que en el legajo consta que “la caja fuerte ingresó a la UFI completamente cerrada y con sus llaves resguardadas en un sobre adjunto separado, quedando depositada bajo llave en la Oficina de Despachos Urgentes y Secuestros”. De esa forma, “las actuaciones acreditan la regularidad del procedimiento y la inalterabilidad de la cadena de custodia estatal desde la recepción del bien”.
Por último, Schiattino sostuvo que en el allanamiento en la casa de Naranjo no se confeccionó un inventario “fundado en un conteo formal que certificara la presencia material” de los dólares que esgrimió la denunciante. Si bien luego presentó una planilla de movimientos contables, “constituye un documento privado de confección unilateral que no posee fe pública ni prueba la ubicación física real del dinero dentro de la caja al momento del ingreso policial”.