PASO DE PROCEDIMIENTO
Como anticipó este diario, Fiscalía notificó a funcionarios de la anterior gestión que están siendo investigados por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum
Tal como había anticipado 0264 Noticias, la UFI Delitos Especiales avanzó este jueves con una medida prevista por el Código Procesal Penal de San Juan: comunicar a personas que podrían quedar involucradas en una investigación, en este caso por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum, que están siendo investigadas y cuáles son los derechos que les asisten.
Las notificaciones fueron realizadas durante la mañana y alcanzaron a Julio Ortiz Andino, ministro de Obras y Servicios Públicos entre 2015 y2023; Sergio Ruiz y Cristian Andino, ambos exfuncionarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) durante la gestión anterior; y un inspector de apellido Sánchez.
La medida se produce en el marco de la investigación iniciada por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum, una causa que se encuentra bajo análisis de la UFI Delitos Especiales.
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La comunicación no implica una imputación formal ni significa que los funcionarios hayan sido considerados responsables de un delito. Se trata de una instancia previa contemplada por el sistema acusatorio, que permite que las personas individualizadas puedan ejercer sus derechos, entre ellos designar un abogado particular o solicitar la intervención de un defensor oficial.
Uno de los notificados fue Cristian Andino, quien ocupó la conducción de OSSE durante la gestión anterior y actualmente es referente del Partido Justicialista. Su nombre, además, comenzó a ser mencionado dentro del PJ como uno de los posibles candidatos a gobernador para las elecciones de 2027.
Tras recibir la notificación, Andino habló con 0264 Noticias y cuestionó cualquier vinculación entre su gestión y la situación actual de los caños utilizados en la obra. “Yo fui parte de la administración de la primera parte, ahí termina todo. Si me preguntan 'los caños que vos recibiste estaban mal?' no, porque yo no recibí ningún caño. Yo ya me fui”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que dejó la conducción de OSSE hace años. “No hay forma de inventar. Yo hace 11 años que no soy presidente de OSSE”, afirmó.
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Andino también hizo referencia a modificaciones realizadas posteriormente en el proyecto del acueducto. Según explicó, durante el proceso se produjo un cambio en el trazado de la obra.
Según relató, en la comunicación recibida se le informó que podía designar un abogado para intervenir en el proceso.
Una investigación que comenzó en diciembre
La investigación de la UFI Delitos Especiales comenzó en diciembre del año pasado, luego de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, a partir de una serie de publicaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en la megaobra.
Los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez llevaron adelante distintas medidas de prueba y solicitaron una extensión del plazo de investigación preliminar, que fue autorizada por la jueza de Garantías Mónica Lucero.
En los primeros días de septiembre, además, la fiscalía realizó allanamientos en oficinas de Krah, una de las principales empresas proveedoras de caños para el Acueducto Gran Tulum.
Durante esos procedimientos se secuestró documentación y computadoras, elementos que deberán ser sometidos a distintas medidas de análisis y peritajes. La investigación busca determinar, entre otros aspectos, si los materiales utilizados cumplían con las condiciones exigidas para la obra y si existieron eventuales sobreprecios.
El antecedente con Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol
La posibilidad de notificar a quienes podrían quedar vinculados a la investigación había comenzado a tomar fuerza luego de que el abogado Nasser Uzair se presentara ante la UFI Delitos Especiales como representante de los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol.
El profesional había solicitado acceder al expediente y realizar distintas medidas de prueba. Sin embargo, la Justicia rechazó ese pedido al considerar que, en ese momento, Ruiz y Sirerol no habían sido notificados como personas investigadas ni revestían el carácter de parte dentro del expediente.
La situación cambió ahora con las notificaciones realizadas por Fiscalía.
Qué establece el Código Procesal Penal
La posibilidad de comunicar la existencia de una investigación a una persona que podría ser considerada autora de un delito está contemplada en el artículo 338 del Código Procesal Penal de San Juan, dentro de las normas referidas a la investigación previa a la formalización.
Esta instancia permite que el posible involucrado conozca que existe una investigación y pueda ejercer derechos, entre ellos designar un abogado particular o solicitar un defensor público para el control judicial previo a la formalización de la Investigación Penal Preparatoria.
A partir de la notificación, además, las personas involucradas pueden solicitar información al fiscal respecto de los hechos investigados y de las diligencias realizadas o pendientes.
La fiscalía, en tanto, tiene plazo hasta los primeros días de noviembre para definir el futuro de la investigación. Entre las alternativas se encuentra solicitar la formalización de la Investigación Penal Preparatoria, desestimar la denuncia o disponer el archivo del expediente.
La denuncia original menciona posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, entre otros. Se trata de hipótesis que deberán ser determinadas a partir de las pruebas reunidas durante la investigación y que, hasta el momento, no implican una imputación formal contra las personas notificadas.