Suben la apuesta y van contra el padre de la adolescente

Luego de que este último lunes el preceptor acusado de abuso, Jorge Cruceño, se abstuviera de declarar antes el juez, la abogada defensora, Filomena Noriega, explicó que profundizarán la demanda contra el padrastro de la adolescente, porque consideran que la golpiza fue planeada.

“Nos abstuvimos de declarar por una estrategia técnicamente procesal penal ya que faltaban algunas pruebas que son el informe de las sabanas llamadas y mensajes del preceptor con la menor y también la trascripción de la cámara Gesel," agregó la abogada sobre la decisión de Cruceño de no declarar en la jornada anterior.

La defensora del preceptor, afirmó que una vez que tengan los resultados de las pruebas (estarían en una semana) van a presentarse a ampliar la indagatoria.

La Cámara Gesell fue realizada el 31 de octubre, en la cual la menor manifestó que Cruceño le mandaba mensajes en un principio de amistad y luego con intención sexual. La defensa del acusado se mostró confiada “creemos la versión de nuestro cliente, si bien pueden existir estos mensajes no pertenecen al teléfono de él”, afirmó la abogada.

Filomena Noriega, confirmó que van a ratificar la denuncia contra el padrastro de la menor denunciante (Ochoa), por lesiones graves. Para la defensa de Cruceño, el agravio fue premeditado porque llevaba un objeto cortante que usó para dañar al preceptor. “Estamos preparando la demanda por daños y perjuicios ya que inclusive estamos peleando con la ART, ya que tampoco lo quieren cubrir como accidente de trabajo.”

Noriega también se refirió al caso del auto en el cual la policía federal secuestró más de 100kg de marihuana en panes.

La defensora de los detenidos, comentó que “el viernes asistieron al juzgado federal, se nos notificó que se les imputa el delito por tenencia de estupefacientes, comercialización y con el agravante de la intervención de personas que son dos o más y estaríamos hablando de asociación ilícita.”

En esta causa hay 8 detenidos, 5 de ellos se encuentran detenidos en el penal de Chimbas. Según la ley de estupefacientes la pena que se aplica para este delito es de 8 a 15 años.

Vanina Cruz Introini