Abuso de autoridad: tras la denuncia, avanza la investigación

Debido a la denuncia que realizó la pareja de una mujer en las redes sociales en la que explicó como a su pareja la obligaron a formar parte de un operativo de drogas en el Servicio Penitenciario de Chimbas y la posterior denuncia de ella, es que se lleva a cabo la investigación.

La mujer volvía con sus tres hijos del dique de Ullum cuándo al pasar por el Penal de Chimbas fue detenida y obligada a ser testigo de un operativo de estupefacientes en el interior del Penal.

0264Noticias se comunicó con Eduardo Gallastegui, subsecretario de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública a quién se le consultó por la responsabilidad que posee un ciudadano si es que la fuerza de seguridad tiene la facultad de pedirle a un ciudadano ser  testigo de un operativo.

 Gallastegui comentó que ese pedido es una carga pública, “como ciudadanos tenemos la obligación de acompañar” manifestó. Por otro lado, agregó  “lo que nosotros vamos a investigar es la pertinencia de la convocatoria de esta mujer, es decir, ha estado bien  utilizado el criterio o  facultad que tienen de poder citar a cualquier ciudadano a ser testigos de un procedimiento.”

Por otro lado, manifestó que en la investigación hay avances, se le ha tomado la queja administrativa a la mujer y  con esto la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública actuó de oficio.

“La idea es saber qué pasó y cuál fue el criterio para llamarla a declarar  y el hecho de que es una mujer es una cuestión muy delicada y nos hemos tomado esto con mucho respeto y seriedad”, afirmó Eduardo Gallastegui.

Por último, Gallestegui comentó que en caso de  no  ser pertinente el llamado a ser testigo se solicitarán las sanciones que corresponden, ya sea la del  personal policial o penitenciario que ha intervenido en este operativo. Por el momento, no se puede aseverar si habrá o no sanción ya que la investigación sigue su curso, pero en caso de que esta tenga como resultado el mal accionar de las fuerzas de seguridad, los involucrados podrían, ir a prisión, quedar cesantes, o ser dirimidos del cargo.