Estafa en el Arzobispado: tras la suspensión del juicio a prueba, iniciaron acciones civiles

En 2016 se destapó un escándalo en la Iglesia Católica de San Juan al conocerse que, los entonces, contador y tesorero del Arzobispado, Juan Brozina y Néstor Tapia respectivamente, habían realizado estafas por una suma de unos 700.00 pesos a través de transferencias bancarias que realizaban desde las cuentas de la institución religiosa hacias las propias. 

En 2017, la Justicia les concedió a Brozina y Tapia la probation y la suspensión del juicio a prueba. Ante esa resolución, el Arzobispado recurrió en Casación a la Corte de Justicia de San Juan en búsqueda de un juicio público, pero no le fue concedido. Brozina realizó tareas administrativas en el Penal de Chimbas durante un año y una vez que cumpliera con ese requisito y terminara de pagar las cuatro cuotas de 5 mil pesos en concepto de reparación simbólica, se extinguiruía la acción penal en su contra. Por esa razón, desde el Arzobispado decidieron iniciar acciones civiles. "Nuestro pedido fue rechazado por lo cual no nos quedó otra que iniciar acciones civiles contra cada uno de los procesados en su momento, hoy con Brozina y con Tapia. Se nos ha concedido unos embargos preventivos sobre bienes propios de estas personas. El señor Tapia no ha contestado la demanda civil y Brozina sí", manifestó Rubén Lloveras, abogado del Arzobispado, en Radio Colón.

Lloveras explicó que eso está en trámite en este momento "pero entendemos que al menos el resarcimiento civil lo vamos a poder conseguir por lo menos por esta vía". Y agregó que "es una estafa en un hecho grave. El caso del arzobispado debería ser un juicio oral para escarcearse el caso".

La intención del Arzobispado era que se pudieran investigar los hechos "y aclarar perfectamente todas esas manifestaciones repugnantes expresadas por Brozina con relación a gente de la Iglesia, para que la comunidad sanjuanina pueda saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó y qué es realmente lo que se está investigando, que es la actitud estafatoria de uno de los dependientes del arzobispado", concluyó Lloveras.

El comunicado del Arzobispado en 2016 

1. En el marco de una auditoría administrativa e informática del Arzobispado se detectaron posibles irregularidades en el desempeño de dos empleados administrativos. 

2. Recabados todos los elementos necesarios, el Arzobispado elevó la denuncia a la Justicia, de acuerdo a los procedimientos que corresponde para estos casos.

En 2017

Cuando el Arzobispado decidió recurrir en Casación a la Corte de Justicia de San Juan en búsqueda de un juicio público, publicaban un texto asegurando que iban por la vía de un juicio "donde surjan con claridad la verdad de los hechos denunciados y las responsabilidades de cada uno de los acusados".

"Es importante señalar que la decisión adoptada, es coherente con la actitud mantenida desde el Arzobispado de San Juan a lo largo de todo el proceso judicial en procura de la verdad de los hechos, y en la certeza que lo aseverado en su momento por los denunciados constituyeron una grave afrenta a la Iglesia, a sus sacerdotes y fieles, y un ataque directo a la confianza de los feligreses en el sentido que sus dineros entregados para finalidades concretas se dedican a esos propósitos.

Además, como se ha expresado con anterioridad, es deseo del actual Arzobispo que se continúe con la investigación judicial a fin de que se alcance un pronunciamiento que llegue al fondo de la verdad, y así esclarecer los hechos, encontrando los responsables y se repare en todo sentido el perjuicio ocasionado a la Iglesia de San Juan, a nuestro Obispo Monseñor Alfonso Delgado y demás sacerdotes afectados.

Por todo ello se decide acudir en instancia superior para solicitar a la Excma. Corte que sean satisfechas nuestras demandas de verdad y transparencia".