Más de 160.000 beneficiaros del Plan Potenciar Trabajo tenían un "alto poder adquisitivo"

Lo dijo el presidente Javier Milei el mismo día de su asunción. Lo dijeron los ministros y se convirtió en marca registrada. Pero en el gobierno que empezó el 10 de diciembre el “no hay plata” parece que tiene, según el área, distintas velocidades. Es que a dos meses de conocida una investigación judicial que determinó que más de 160 mil planes sociales fueron asignados a personas que viajaron al exterior, incluso en aviones y yates, esos beneficios todavía no fueron dados de baja. Pese a las promesas de la ex ministra Victoria Tolosa Paz y la actual Sandra Pettovello, de frenarlos, ese inmenso gasto se seguirá haciendo si no se toma una decisión rápida. Las estimaciones hablan de 12 mil millones de pesos mensuales, un dineral.

De hecho, hace exactamente una semana, Infobae confirmó que el gobierno nacional había tomado la decisión de anular esos beneficios, pero hasta ahora lo único que hubo fue una comunicación oficial del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Pettovello, que resolvió anular sólo 4.588 planes que eran cobrados por empleados públicos. Del resto, por ahora, no hay decisión a la vista.

Para entender la noticia hay que remontarse a fines de octubre, cuando el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, a través de una investigación preliminar determinó que desde 2020, en el inicio del programa -el más grande en términos de dinero y de personas alcanzadas- 159.919 beneficiarios viajaron al exterior, algunos incluso en avión y yates. “Esta circunstancia es palmariamente incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa”, advirtió esa investigación, con estricto sentido común.

“La falta de control de las personas que ingresan a este Programa como asimismo la ausencia de cualquier tipo de monitoreo sobre las que se encuentran inscriptas, demuestra una desprecio absoluto por parte de los funcionarios públicos que manejan esta cartera tan importante del Estado Nacional. Esta responsabilidad no solo recae sobre lo acontecido, pues en la medida en que no cesen estas conductas ilícitas, se continuarán pagando beneficios que no corresponden”, sostuvo el fiscal en la denuncia que presentó a fines de octubre pasado ante la jueza federal María Servini.