“Ejecutar” y “orden cerrado”, palabras que retumban en el caso de la aspirante al Servicio Penitenciario

A las 9.15 del viernes 24 de mayo se presenta en la UFI Delitos Especiales, Rubén Gastón Aguilar (albañil de 41 años) denunciando que ocho días antes su hermana Milagros Verónica Cortéz Aguilar (24 años y aspirante a penitenciaria) había sido “ejecutada” por la instructora Claudia Brizuela Tello dentro del Penal de Chimbas. Ejecutar es, en la jerga del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), obligar a un novato a realizar ejercicios físicos exigentes. Según el relato que figura en Fiscalía, Cortéz Aguilar dejó constancia aquél jueves 16 por la mañana ante autoridades, que tenía una crisis de asma y que, en consecuencia, no podría (ese día) aguantar exigencias físicas. Lo hizo junto a una compañera de nombre Linda, quien denunció que había sufrido un esguince y que tampoco podía forzar el cuerpo. Incluso Milagros, o “Mili”, como le dicen sus compañeros y familiares, había reclamado asistencia en enfermería de la Universidad Católica de Cuyo antes de terminar su “guardia” a las 17. De todas formas la llevan, a ella y sus compañeros, al SPP para continuar la instrucción, y ahí es donde se desata la tormenta. En el baño del predio de Chimbas, Mili le comunica a la instructora Brizuela Tello que tenía el pecho cerrado, y la mujer le responde con un categórico “abrilo y cambiate” y le ordena continuar con el entrenamiento. Tras cumplir con las demandas de la instructora, la joven llega a su casa a la noche con fuerte dolor en el pecho y estómago. El viernes 17 sigue igual y su familia decide llevarla al puesto sanitario de Villa Observatorio, en Chimbas, ya el sábado 18. Luego Mili es derivada al Hospital Marcial Quiroga donde le suministran oxígeno, suero y Decadrón (antiinflamatorio e inmunosupresor) y vuelve a su casa. Esa misma noche sigue dolorida y empieza a ponerse “morada” según el relato de su hermano. Vuelven a llevarla al Hospital y finalmente queda internada. Al día siguiente (domingo 19) le realizan una tomografía y los médicos les comentan a los familiares que Milagros tenía un pulmón lastimado y que pudo haber terminado con ese problema por alguna exigencia física extrema. Milagros fue derivada a Terapia Intensiva el domingo y luego debió hacer dos consultas más porque los dolores no cesaban. Los familiares indagan y se encuentran con la “ejecución” que Brizuela Tello habría ordenado sobre Milagros. Para sostener esa acusación, los hermanos de Cortéz Aguilar ofrecieron en Fiscalía testimonios de dos compañeras de la aspirante, una conversación grabada con un instructor y un audio de WhatsApp. Están dispuestos a ir contra todos para demostrar que Mili fue víctima de abuso.

Instructora Claudia Brizuela Tello (foto)

Para sumar misterio a la investigación, llegaron a este diario chats de compañeros de Milagros donde se corrobora casi todo lo que los familiares declararon en Fiscalía: “Si fue por parte de la instructora Brizuela nos tenemos que unir como compañeros de corazón se los pido Mili nos necesita, fue ejecutada habiendo dado novedad.. la lesión del pulmón fue provocado por ese maldito orden cerrado”. “Eso fue por qué la instructora la estaba ejecutando cuando ella dijo que no podía hacer instrucción y la tenían haciendo cuerpo a tierra y en una de esas veces que se tiró al piso se perforó un pulmón”. “No, la Instructora no está ahí con ello, solo fue un día y al final de la jornada los partió, nosotros justos nos estábamos yendo con los Cadetes de 3er año…” [sic].

El “maldito orden cerrado” del que hablan en los chats es usado en la formación de muchas fuerzas de seguridad en el país, y refiere a la obligatoriedad de obediencia a la que deben someterse los aspirantes de carreras vinculadas a la seguridad, abandonando el derecho a hacer evaluación alguna sobre la orden. El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, lo resumió con llamativa naturalidad en una entrevista radial con Juan Pereyra: “Toda la vida ha sido este tema de la educación policial, donde una de las partes de la formación consiste en esos ejercicios físicos donde se prueba el temple, el carácter del aspirante” Luego el periodista, insiste: “¿Se forma temple?”. “Yo he sido alumno de institutos tres años, incluso de la Policía Federal, y en todos lados he vivido el mismo, y le aseguro que bastante forma, en el sentido que sobre todo el manejo (de) las emociones, porque si a usted le dicen tírese al piso, usted no se va a tirar. Pero (sí lo hará) una persona que desea formarse en esa institución y que sabe que tiene que obedecer”, respondió Sánchez avalando la utilización de estas supuestas herramientas formativas para las fuerzas de seguridad.

Alguien con experiencia en el Penal de Chimbas, que prefirió el off the record como todas las fuentes consultadas en este artículo, amplió la explicación de “orden cerrado” y ubicó esta máxima castrense en la cima, desde donde derraman “leyes inferiores” como la acción de “ejecutar”, que es la orden que habría impartido Brizuela Tello a Milagros. Este “segundo nivel” podría explicarse con los famosos “bailes” sobre novatos, como se ve frecuentemente en películas bélicas. Es decir, humillaciones (a veces físicas) que los cadetes o aspirantes deben aceptar sólo porque lo indica un superior. “Un cadete siempre tiene que correr”, dijo el experimentado que pidió reserva. “Cuando yo fui a la vieja Escuela de Policía –relató- una vez al comienzo de mi carrera, vi que todos corrían, y pregunté por qué. Me respondieron: “es un cadete, los cadetes siempre tienen que correr. No pueden caminar””. Algo así como acostumbrar a los nuevos a obedecer sin importar lo ridícula o injusta que pueda ser la demanda.

Entre las manifestaciones de los aspirantes en los chats que están más arriba, se acusa a la instructora Brizuela de lo ocurrido con Milagros. Pero Ángel María Martín, director de la Escuela de Seguridad de la Universidad Católica de Cuyo, a cargo de la formación de personal para el Servicio Penitenciario hasta este año, llamativamente dijo que Brizuela no está en la nómina de formadores de esa Escuela. Además, Martín aseguró en el programa Demasiada Información de Radio Sarmiento el jueves pasado, que había pedido un informe y que los instructores le habían dicho que nada de lo que denunció la familia de Milagros había ocurrido: “Tenemos un informe que nos han presentado los instructores de la joven. Efectivamente, el jueves 16 ella se presentó a realizar prácticas de rutina junto con el resto de sus compañeros. Son comisiones de aproximadamente 20, 30 y hasta 60 alumnos que realizan prácticas físicas. Durante la mañana les explicaron a los instructores que se sentían congestionadas. Ella (Milagros Cortéz Aguilar) es una alumna asmática, con lo que los instructores las dejaron que, digamos, que descansara un ratito y después se retiró a su domicilio… Hasta donde sabemos también, la internación fue el domingo. Ella estuvo el jueves con nosotros, estuvo con el resto de sus compañeros, terminaron, ella en un momento determinado terminó la práctica y se retiró a su domicilio. Y el domingo parece que eran internados”. En el relato el profesional insiste un par de veces en mencionar que la internación de la aspirante ocurrió varios días después del momento en el que supuestamente se producen los hechos que denunció el hermano de Mili en Fiscalía. Luego se le pregunta: “La hermana de Milagros dijo esta mañana en la radio (LV5), que cuando la llevan al camping del SPP para unas prácticas y estando en el baño, una oficial la obliga a tirarse al piso, hacer flexiones y cuerpo a tierra, y según ella considera (la hermana de Mili), eso le derivó en un cuadro que la llevó a una internación. No tiene nada que ver esa declaración con lo que usted nos está contando”. Y Martín responde: “Claro, exactamente. No sé. Honestamente no le sabría decir qué puede haber pasado en el baño”. Acto seguido Martín reafirma el contenido del informe que recibió, después de que se le preguntara sobre la posibilidad de que ese escrito haya sido tergiversado: “Sería muy difícil. Siempre existen posibilidades de error de interpretación, digamos, en un sentido o en otro, pero es muy difícil que estos instructores que llevan muchos años, trabajan con muchos grupos humanos, cometan algún error de esa naturaleza”, sentencia el Director. Alguien miente, evidentemente. O Martín, o quienes hayan elaborado el informe, y los chats a los que accedió este diario pueden resultar prueba de esa mentira.

Según se pudo conocer de fuentes vinculadas a la carrera, la instructora señalada trabajó en la formación de los aspirantes al Servicio Penitenciario, pero fue separada el año pasado por algunas sospechas similares a las que se denuncian ahora. Las fuentes ubican en ese lugar también a Ariel Reta y a Antonio Nieto, retirados del SPP y contratados por la Universidad Católica para esta carrera. Es decir, serían varias las personas que avalan estas prácticas que el responsable de la universidad negó. Queda flotando la pregunta, ¿quién sabe realmente cómo se forma al personal de seguridad en la provincia?

En Fiscalía se preparan para tomar algunas medidas en estos días. Una profesional de la salud, perito del Poder Judicial, advirtió que será muy difícil, o casi imposible, comprobar que el daño en el pulmón de Mili fue producto de la “ejecución” que Brizuela Tello le ordenó; si es que existió esa acción. Quizás la causa judicial se caiga, pero a la par debería existir una investigación administrativa y hasta penal de las autoridades de Universidad Católica y también del Penal de Chimbas, porque todo ocurre dentro de esos límites. El artículo 144 (bis), inciso 2 del Código Penal Argentino indica que “Será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo, al funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales”. Hay una investigación que llevar adelante. Ojalá la Justicia, que en estos temas se mostró inflexible, pida antecedentes de la instructora y de algunas personas más. Es difícil que los jóvenes que están por ingresar al Penal se animen a denunciar, sencillamente porque se quedan sin trabajo, y eso la Justicia debe contemplarlo.

Pero hay un debate más profundo todavía, que implica demostrar que estas prácticas castrenses antiguas ofrecen buenos resultados en la formación de los aspirantes. Hay un debate en el mundo moderno por estas divergencias. ¿Se animará la Secretaría de Seguridad a dar la discusión o ya lo hizo y hay aval para seguir con “orden cerrado” y “ejecuciones”?